Cada día que pasa se ve más urgente una gran concertación nacional para dar una efectiva batida a la pandemia que ya ha contaminado a más de 6 mil dominicanos y dominicanas y ha cobrado unas 280 vidas, y no sólo para preservar la salud de la población, sino también para empezar a enfrentar sus terribles costos económicos y sociales, así como para preservar la institucionalidad democrática, que estaría en riesgo sin no elegimos un nuevo gobierno antes del 16 de agosto.
Tras evadir todos los pedidos de concertación, el gobierno se enfrenta solo al dilema de extender repetidas veces la emergencia sanitaria, manteniendo suspendidas las actividades productivas, o atender los crecientes reclamos sociales de iniciar la reactivación de la economía para paliar los efectos que ya surte la pandemia sobre el cuerpo social dominicano.
Sería más fácil y productivo si atendiera los reclamos que se le han formulado desde diversas instancias nacionales, de concertación con la cumbre del liderazgo político, y con representación de los sectores productivos, los gremios e instituciones relacionadas con la salubridad, y las principales organizaciones sociales y religiosas.
Importantes sectores productivos reclaman el reinicio de actividades, urgidos por el peligro de quiebra de esa mayoría de las unidades empresariales, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Y la población misma da cada día mayores notaciones de necesidad de salir a ganarse el sustento diario, donde resaltan cerca de 2 millones 300 mil empleados informales y aún una parte de los formales, sumando ya más de 800 mil los que están suspendidos. Es obvio que los subsidios de 5 mil a 8 mil 500 pesos que se les ha proporcionado constituyen una importante ayuda, pero se quedan muy lejos de los 14 mil 200 pesos que cuesta hoy la canasta familiar del quintil más pobre.
Desde el principio se había advertido que será muy difícil mantener aislada por mucho tiempo a una población tan vulnerable, cuyo sustento depende del trabajo diario, razón por la que es más urgente implementar certeras políticas de contención de la pandemia. Se ha logrado en algunas provincias, donde podría comenzar la normalización, incluso a título de ensayo.
Por demás, a menos de cuatro meses del final del actual período constitucional es más imperativa que nunca la búsqueda de consenso en los niveles políticos y gubernamentales para organizar el proceso electoral pendiente, dada la convocatoria de la Junta Central Electoral para elegir gobierno y congreso el 5 de julio, tras la obligada suspensión de la fecha original del 17 de mayo.
En tales circunstancias, la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional propone a los partidos y grupos sociales aliados en la Coalición Democrática por el Cambio, que personifica el Partido Revolucionario Moderno, a todas las fuerzas políticas, al gobierno del presidente Danilo Medina, y a todas las organizaciones sociales, muy especialmente a los jóvenes que se han empoderado del destino de la nación, lo siguiente:
1.- Reiterar la necesidad de convocar de inmediato una cumbre nacional para concertar un plan para dar una batida a fondo a la pandemia y preservar la vida y la salud de la población, planificar la progresiva reactivación de la economía nacional y garantizar las elecciones presidenciales y congresuales en julio para mantener la institucionalidad democrática.
2.- Reconocer que el espíritu de concertación no sólo es imprescindible en la etapa de contención de la pandemia, con las actuales autoridades nacionales, sino también para el próximo gobierno que tendrá que enfrentar sus graves consecuencias económicas y sociales, que se extenderán por tiempo aún indefinido.
3.- Desarrollar una inmensa campaña de concientización sobre la necesidad de contener la pandemia, con las máximas medidas de preservación individual y social. El uso de mascarillas y guantes y el mantenimiento de la sana distancia deben ser obligatorios.
4.- Resulta imprescindible que definitivamente dotemos a los hospitales y al personal sanitario de todos los equipos, medicamentos, pruebas e insumos imprescindibles para preservar la salud de la población y especialmente de todo el personal sanitario, de vigilancia y servicios, y que multipliquemos las pruebas para detectar temprano los contaminados, como recomiendan insistentemente los organismos especializados.
5.- Advertir que el gobierno no puede pretender una extensión indefinida de facultades extraordinarias sin cumplir la condición esencial de información minuciosa, especialmente sobre sus compras y contrataciones que ya han sido objeto de escándalos y cuestionamientos.
6.- Que ahora más que nunca el gobierno está obligado a una profunda reorientación de sus gastos, suprimiendo todo lo superfluo, las botellas, los barrilitos y cofrecitos, y todos los privilegios, proscribiendo la malversación y la corrupción, a fin de disponer de los recursos suficientes para asistir económicamente a los sectores informales y las Mipymes y para aumentar siquiera a diez mil pesos mensuales el subsidio solidario a los trabajadores suspendidos y a los desempleados.
7.- Que la Junta Central Electoral y los partidos elaboren un plan para dotar de seguridad sanitaria al personal que organizará las elecciones y a los electores llamados a concurrir a las urnas, acogiendo sugerencias, suprimir entintado de dedo y la impresión de huellas dactilares, utilizando el código QR de la cédula para identificación, reubicar colegios en lugares más propicios al mantenimiento de la sana distancia, desinfectarlos y prohibir la presencia de activistas políticos y vendedores en su entorno, establecer horarios escalonados y por sexos. Así mismo consultar con las organizaciones de la diáspora para consensuar algún mecanismo que garantice el voto y la representación congresual de los residentes en el exterior.
8.- Hacer conciencia de que la nación no soportaría que a la crisis de salubridad y sus repercusiones económicas y sociales, la ambición continuista y el autoritarismo le sumen una peligrosa deriva fuera del marco constitucional, como tampoco una oportunista reforma de la Constitución atendiendo a intereses parciales y coyunturales. Por lo que todo lo concerniente al proceso institucional democrático tiene que ser fruto del mayor consenso nacional, no sólo de los partidos políticos, sino de toda la sociedad.
9.- Que nadie acaricie proyectos de prolongación del actual período constitucional, que concluye irremisiblemente el 16 de agosto próximo.
10.- Que las autoridades municipales electas, elaboren un programa de contingencia entre todas las fuerzas políticas locales, en el marco de sus competencias en área de la descentralización de la salud, incorporando a sus programas de gestión los diversos sectores de la sociedad civil organizada.
11.- Finalmente llamamos a los partidos de la Coalición Democrática por el Cambio, que encabeza el PRM, de la que somos parte, y a todas las organizaciones de oposición a mantener vigente el protocolo firmado el 13 de febrero pasado para defender juntos la institucionalidad democrática frente a cualquier intento de vulnerarla.
Santo Domingo, 26 de abril del 2020
