Santo Domingo.- La Comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado, que preside el senador José Rafael Vargas, escuchó hoy las opiniones de funcionarios de alto nivel del gobierno sobre el proyecto de ley que plantea agregar un acápite al artículo 59 a la Ley 87-01, para que los trabajadores puedan retirar hasta un 20% de los recursos que hayan aportado en el plan de capitalización del Sistema de Seguridad Social.
Los ministros de Hacienda, Donald Guerrero, y de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, así como el superintendente de Pensiones, Ramón Emilio Contreras y el gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, Rafael Pérez Modesto, expresaron su desacuerdo con la iniciativa considerando que crearía desajuste monetario, fiscal y económico y generaría una gran inflación, pese a estar bien motivada.
Para Donald Guerrero, la iniciativa impactaría en la tasa de cambio, en las variables macroeconómicas y disminuiría la calidad de vida. También crearía un precedente funesto "porque dentro de 30 años podría pasar otra situación de emergencia y entonces el sistema de pensiones se destruiría".
Explicó que la preocupación del gobierno no ha cesado buscando mecanismos de compensación para beneficiar a los más afectados por la situación económica que genera la pandemia del covid-19.
En el encuentro que se desarrolló de manera virtual, el superintendente de Pensiones, Ramón Emilio Contreras, explicó que los fondos acumulados ascienden a 569 mil millones de pesos, equivalentes al 12.5% del Producto Interno Bruto (PIB), y que el cien por ciento de ese monto está invertido en bonos del Ministerio de Hacienda, instrumentos del Banco Central, organismos multilaterales y entidades de intermediación financiera.
En el encuentro, los funcionarios respondieron inquietudes de los senadores miembros de la comisión y de los proponentes de la iniciativa legislativa, los senadores Dionis Sanchez y Amarilis Santana.
Para la próxima reunión han sido convocadas la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y los representantes de las principales centrales sindicales.
