Cada cierto tiempo la ciudad de Santo Domingo y sus vecindades, se ven azotadas por una densa humareda proveniente del depósito de basura al aire libre, a cielo abierto, conocido como Vertedero de Duquesa perteneciente al municipio de Santo Domingo Norte, o por el otro deposito conocido como Vertedero de Haina, hacia el Suroeste de la capital. El detonante siempre es el mismo: fuego que nunca se sabe si es o no intencional.
Sin embargo, cada vez que ocurre un evento de esta naturaleza tres variables resultan constantes, a saber: a) estamos ante un cambio de autoridades municipales puro y simple, b) estamos ante reclamos de pagos de altas sumas de dinero ante el Poder ejecutivo de partes de las empresas que manejan esos vertederos o de los propios ayuntamientos por intermedio de sus más conspicuas autoridades y c) dichos vertederos, al igual que los restantes en todo el país, se incendian por negligencia o mal manejo de las autoridades responsables.
En cualquiera de la periodicidad de los tres escenarios planteados, el resultado es siempre el mismo: la salud ambiental de los munícipes resulta afectada sin que se establezcan responsabilidades y sin que nadie repare el daño ocasionado a la ciudadanía, no hay un régimen de consecuencia.
El primer escenario, el de cambio de autoridades municipales, ocurre por la ausencia de institucionalidad en nuestros ayuntamientos, resulta que las autoridades entrantes les da con cancelar de un porrazo, a todo ser humano que encuentran a su paso al entrar al cabildo y, como es natural, estamos ante un servicio de alta prioridad que no se adapta a cambios burocráticos bruscos, pues la basura deja de ser recogida en las ciudades y los vertederos se quedan sin dirección ni cuidado porque no se nombran técnicos sino que se sustituyen los existentes por la clientela política. Como podrá observarse, la barbarie política de las autoridades entrantes es la responsable de este caos. Nada impide que pudiere darse uno que otro sabotaje, pero la incertidumbre y el abandono de funciones desde tiempo antes de entrar los nuevos detentadores del poder, son propicios para el daño. Esto a pesar de que la ley sobre ayuntamientos y la ley de función pública ofrecen garantías. Pero resulta que el Poder Judicial, entiéndase, los jueces, tampoco resolverán el problema, a lo sumo, se harán los suecos cuando un ciudadano acuda ante su tribunal y le plantee que ha sido víctima de un abuso de autoridad o que ha sido lesionado en sus derechos.
Esto ha sido así siempre entre nosotros, solo en la transición y el cambio de 1996 se observaron ciertas garantías las cuales tienen dos explicaciones lógicas, primero, el doctor Balaguer pidió y obtuvo garantía en favor de sus partidarios en la Administración o gobierno y, segundo, se aduce que el gobierno entrante, estaba compuesto por un partido político de escasa militancia, por lo que no requería de muchos puestos para saciar a su clientela política. La segunda excepción, fue la llegada de David Collado al cabildo de la Capital, este sindico realizo una sustitución ordenada y bajo pago de prestaciones. Se sabe que Manuel Jiménez está siendo cuidadoso en este punto y ya ha recibido amenazas que lo han conducido a poner la denuncia ante el Director de la Policía Nacional.
De su lado, la Primera Mujer sindico de la Capital, todavía no ha trazado, al menos públicamente, sus directrices en este sentido, esperemos que el nuevo Secretario de este cabildo sea puesto al frente de este asunto; y Carlos Guzmán, en el Santo Domingo Norte, es a quien le ha estallado la granada en las manos. A sabiendas de que se sabe que es un legislador muy apegado al cumplimiento de la institucionalidad, pero se ha encontrado su primera gran sorpresa en sus nuevas funciones. Ha procedido correctamente hasta ahora, pues no ha adelantado juicio sin, previamente, realizar una exhaustiva investigación.
La segunda situación generadora de humareda es la falta de pago, generalmente, las autoridades salientes no honran sus obligaciones de pago sino que dejan altas cuentas por pagar en manos de las nuevas autoridades y las empresas privadas que manejan el negocio de la basura aprovechan para renegociar sus contratos, como se entenderá, esas negociaciones duran algún tiempo; mientras tanto, los ciudadanos son víctimas del forcejo que el cambio de mando produce por los negocios públicos que esas posiciones implican.
Este asunto es el más escabroso, pues el nuevo incumbente, debe, primero, renegociar la deuda que encontró y luego proceder a crear sus propias reglas contractuales. Las cuales no serán en el fondo diferentes a las anteriores pero implicaran nuevos sujetos y nuevas situaciones que buscan descubrir cuan profunda fue la corrupción anterior y que hará la nueva autoridad al respecto. Asunto muy difícil de enfrentar, pues desde la altura del poder de la gerencia publica de los cabildos, se condiciona esa negociación en función de los intereses preexistentes. O, bien, debido a que otros grupos de poder desean para sí, ese despojo o beneficio. Como se comprenderá, el problema se repite cíclicamente, por tanto, la ciudadanía siempre estará expuesta a lesiones importantes no solo en su salud sino en cuanto al presupuesto público que se maneja en los ayuntamientos.
La tercera causal de humareda es la negligencia, o bien el manejo en sí de los vertederos. Lo primero es que se carece de criterios técnicos para crear y mantener un vertedero, lo segundo es que entre nosotros no existe clasificación de los desechos sólidos y líquidos de nuestras ciudades. Esto ocurre sin que se pueda alegar faltas de normas pues las hay y muy buenas. Luego viene el problema de la política pública en la materia, por ejemplo, se dice que el Sur de nuestro país tiene graves problemas ambientales por la desaparición de su floresta, su capa vegetal y sus ríos, pero no existe una política pública general de vertido racional de los compuestos orgánicos de nuestras ciudades para reforestar el Sur ni ninguna otra región del país, ni existe el concepto moderno de que los basureros son las minas del siglo XXI.
Ninguna empresa criolla ofrece cambiar esta realidad y la ayuda internacional hace muchos años que viene solicitando se les permita manejar el tema basura o desechos sólidos, sin embargo, la corrupción impide un acuerdo efectivo. Ojala y de verdad, las nuevas autoridades edilicias, por ejemplo, de la Capital, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, que son las autoridades paradigmáticas entre los nuevos, se ocupen del tema. O bien, que algunos fuera de ellos presente un modelo novedoso que enfrente estos problemas.
A nuestro entender, el cumplimiento de la ley, esto es el sometimiento a la justicia de los responsables podría marcar un antes y un después. Obvio, esto implicaría una fuerte presión sobre los jueces quienes tienen la tendencia a confabularse con el poder político y con los poderes facticos dejando bajo humaredas y problemas neumológicos a la ciudadanía que busca ansiosa un régimen de consecuencias. DLH-5-5-2020
