El vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Guillermo Caram entiende que ante las actuales circunstancias en la República Dominicana se hace necesario establecer una agenda de diálogo para la conformar una Unión Nacional Opositora, como la que propusiera el presidente de esa organización Federico Antún Batlle.
«Alentado por el llamado a Dialogo Nacional formulado por el Presidente del PRSC en consonancia y reiteración con su propuesta de conformar una UNION NACIONAL OPOSITORA formulada en octubre 2019, en el dia de ayer sostuve una videoconferencia en la que asumí el COMPROMISO de preparar una AGENDA para la UNIDAD NACIONAL propuesta por el candidato puntero de la OPOSICION», refirió Caram.
Expresa que se examinó la grave crisis sanitaria y económica que padece el país que desnuda los problemas estructurales, agravando las condiciones de vida de la población y la exposición a situaciones sociales y políticas perjudiciales para preservar y perfeccionar una democracia más eficaz y eficientes en términos de desarrollo humano.
«Coincidimos en que encarar esta situación requiere una adecuada Unidad de las buenas voluntades nacionales», dice el alto dirigente del PRSC.
En ese orden, indica que esa unidad ha de ser conceptualizada, engendrada y ejemplarizada, por el liderazgo político responsable dominicano a través de sus instancias organizativas que la representan. Comenzando con los partidos políticos, antes o después del proceso electoral, esto si se acoge la sugerencia de celebrar la CUMBRE DE LIDERES propuesta por Luis Abinader. Y terminando con los cuerpos intermedios de carácter profesional, empresarial, laboral, comunitario y ONG de la sociedad civil, etc..
«Así, la Unidad Nacional podrá permear en la ciudadanía, transmitida a través de los medios de comunicación, hasta llegar a una unidad social de todos los dominicanos para encarar como un solo cuerpo las urgencias que padecemos y nuestros problemas estructurales», agregó.
Refiere que para que esa Unidad Nacional sea efectiva conviene que esté regida por una agenda a ser presentada, socializada y consultada durante el presente proceso electoral a fin de que sea refrendada con el voto popular y con la consulta y participación con los cuerpos sociales intermedios.
Señala que ese fue el compromiso que asumieron. En el que se acordó aunar esfuerzos para elaborar esa Agenda de Unidad Nacional, con técnicos y profesionales con formación y experiencia políticas.
«Oportunamente daremos a conocer en detalle esa AGENDA DE UNIDAD NACIONAL, pero queremos adelantar en esta ocasión que la misma contendrá temas en consonancia con las urgencias presentes», detalló.
Indica que la agenda debe incluir:
1. Adoptar Un filosofía de prestación de los servicios de salud consistente en que las entidades públicas, en cogestión y concertación con instancias privadas, como manda la ley, acudan proactivamente a la ciudadanía en lugar de esperar que la ciudadanía acuda a las entidades a reclamar servicios. Ej: las pruebas irán a las familias en lugar que estas rueguen por ellas
2. Reactivar nuestra economía para aumentar nuestra oferta de bienes y servicios para satisfacer necesidades y generar puestos de trabajo e ingresos en nuestra población para satisfacerlas; cuidando que se implanten procesos de producción compatibles con las exigencias sanitarias para evitar la propagación de la pandemia: aglomeraciones, mantener distanciamientos y protección de trabajadores y/o usuarios
3. Reordenar nuestro territorio y mejorar nuestro medio ambiente, para que nuestros barrios que alojan a nuestros pobladores menos favorecidos dejen de vivir aglomerados y permanentemente confinados, en hacinamiento y promiscuidad. No es posible proponer confinamiento a los que ya viven confinados ni evitar aglomeraciones a los que ya viven aglomerados.
4. Cumplir estrictamente todas las disposiciones consagradas en la Constitución y las leyes que mandan la Reforma del Estado, de la Administración y Funciones Públicas
5. Apoyar las disposiciones cogestoras y concertadoras de participación social de la ciudadanía, directamente o través de sus instituciones, en decisiones y administración de recursos públicos que establecen nuestras leyes a través de mecanismos establecidos tales como el Consejo Económico y Social, Consejos Institucionales, provinciales y municipales; así como de la ley sobre Instituciones sin fines Lucro.
