Santo Domingo.- En el primer trimestre de este 2020, las autoridades dominicanas han logrado detener el contrabando en el país de más de 11 millones de unidades de cigarrillos ilegales, a través de decomisos realizados en distintas localidades del territorio nacional, por la actuación coordinada de múltiples instituciones del Gobierno, totalizando un valor fiscal de más de RD$50,000,000.
Según informaciones suministradas por la Procuraduría General de la República, al 31 de marzo de este año se habían incinerado cerca de 19 millones de unidades de estos productos ilegales, incluyendo mercancía incautada en el período anterior, con los que se estima se habría evadido el pago de 52 millones de pesos en impuestos a las arcas del Estado.
Estos decomisos son el fruto de varios operativos realizados en las regiones Sureste (en el Aeropuerto Internacional de las Américas, Santo Domingo Este), Suroeste (en Barahona), Norte (específicamente en Puerto Plata, Navarrete y Sosua), así como en la frontera dominico-haitiana.
Se trata de operativos en los que las autoridades han incautado cargamentos de contrabando de distintas marcas, denominadas como ilícitos blancos o genéricos, principalmente Jaisalmer Mentol, Point, Capital, Gold City, Gold Seal, entre otras.
Como resultado, al menos 39 personas han resultado apresadas, la mayoría sometidas a la acción de la justicia, donde se espera sean debidamente procesadas, exponiéndose a penas de hasta cinco años de prisión según dispone la Ley No. 17-19 sobre la Erradicacioìn del Comercio Iliìcito, Contrabando y Falsificacioìn de Productos Regulados.
Según Marcos Bisonó, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo (ASOCIGAR), “este éxito se debe principalmente al trabajo coordinado y a la cooperación entre de distintas instituciones oficiales, especialmente la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Aduanas, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre y PROCONSUMIDOR. Así mismo, ha sido vital el apoyo del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional y la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos contra la Salud”.
