SANTO DOMINGO. – Para que en República Dominicana funcione un régimen de seguridad social con un sistema de pensiones adecuado tiene que predominar “determinantemente” una participación del Estado desde el punto de vista económico, consideró el senador José Rafael Vargas, quien preside la Comisión Bicameral de modificación de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social.
En ese sentido, abogó que del Presupuesto Nacional se destinen 20,000 o 25,000 millones de pesos por un período de 10 años para endosar al Fondo de Pensiones de los Trabajadores, con el objetivo de que este aumente mientras se mejoran los aportes del empresariado y se incrementa el salario de los empleados para que sus contribuciones puedan ser mayores.
Al participar en el webinar “El Futuro de la Seguridad Social luego de la pandemia COVID-19”, organizado por el Observatorio de la Seguridad Social (OSES) del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), el legislador planteó que “el problema ha sido que desde el principio se crearon instituciones cuya prioridad no era resolver el drama de los trabajadores en función de sus pensiones”.
Afirmó que el sistema de capitalización individual pudiera funcionar muy bien en el país, pero lo dificultan los bajos salarios, las altas cifras de trabajo informal y las bajas contribuciones.
“Es decir cuando las personas cumplan 60 años, con el fondo que tenemos acumulado posiblemente esas personas puedan estar pensionados solo con salarios entre cinco y ocho mil pesos y eso no es una pensión. Por eso digo que es determinante que participe el Estado en la solución de este problema”, enfatizó.
Dijo, además, que hay un problema de cobertura, “un sistema que ya tiene 18 años y hay alrededor de 3.6 millones de dominicanos que todavía no pueden participar, hay un problema de fondo, y para resolverlo necesariamente tiene que intervenir el Estado”, subrayó.
El senador por la provincia Espaillat destacó que hay una suma alta de personas que tienen más de 70 años que comenzaron tarde a cotizar en el sistema de pensiones y que por vía de consecuencia no van a llegar a acumular las 360 cotizaciones y recomendó pensar en la posibilidad de que se les devuelva el dinero que tienen acumulado como “una gran contribución en medio de la crisis que estamos viviendo”.
Por otro lado, destacó que las AFP tienen fondos que oscilan entre los 570 mil millones, cuando se debió tener un billón de millones de dólares al día de hoy, “pero ahora lo que tenemos es una realidad, hay más de 52 mil deudos, es decir de afiliados que murieron y que no le han devuelto su dinero, es decir lo que tenían ahorrado, ese es un tema fundamental que hay que resolver y que ahora sería una magnífica oportunidad para resolverlo”, puntualizó Vargas.
En el webinar moderado por Eladio Pérez, coordinador del Observatorio de la Seguridad Social (OSES) participaron, además, Rafael “Pepe” Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS); Diego Valero, presidente de la consultora de pensiones Novaster; Eduard del Villar, subgerente General en Consejo Nacional de Seguridad, y Arlette Pichardo, Investigadora-Docente del Centro Internacional de Política Económica (CINPE) y colaboradora del OSES.
Sistema mixto
Rafael “Pepe” Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), sostuvo que el principal problema del Sistema de Pensiones es la capitalización individual, “que deja mucho más de la mitad de la población fuera de él”. Por lo que ponderó la posibilidad de crear un sistema mixto donde haya un régimen de reparto global para todos y uno voluntario de capitalización individual, que sea manejado por las AFP, para aquellas personas que tienen mayores ingresos.
De su lado, Diego Valero, presidente de la consultora de pensiones Novaster, dijo que lo fundamental es tener un sistema de seguridad social moderno que garantice que los derechos de todos los trabajadores y unas pensiones dignas con las que puedan vivir. Planteó que en el mundo el debate no es si funciona un régimen de reparto o de capitalización individual, sino en que el sistema sea el más eficiente y más adecuado para cada país.
Consideró que el mayor problema que enfrenta la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, es que no se ha desarrollado y que las premisas que tenía no todas fueron llevadas a cabo, como por ejemplo la incorporación de los trabajadores independientes y las pensiones solidarias.
Valero calificó la informalidad laboral como la “gran lacra” del sistema de pensiones dominicano, porque esto ha impedido que el 60% de la población cotice. Dijo que el Estado debe de encargarse de las pensiones mínimas, dar apoyo a todas las Mipymes para que se puedan formalizar, honrar los bonos de reconocimiento y garantizar la estabilidad del sistema para que se pueda desarrollar.
Durante su intervención, Arlette Pichardo indicó que fruto de las suspensiones de contrato de los trabajadores, producto de los efectos económicos del COVID-19, la cifra de trabajadores que actualmente no está cotizando el sistema podría incrementarse a unos 4 millones.
Expresó que en el régimen contributivo al 15 de marzo de este año había 1.9 millones de personas que cotizan, mientras al 30 de abril estas cifras bajaron a 1.5 millones y posiblemente a finalizar mayo baje aún más. La experta dijo que entregar el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores podría tener graves consecuencias macroeconómicas.
En tanto que Eduard del Villar, subgerente General en Consejo Nacional de Seguridad, dijo que el Sistema de Pensiones estaba dando respuesta a las necesidades de la gente. “Estamos hablando por ejemplo de que en materia de pensiones por discapacidad sumaban más de 12 mil personas, entre parciales o totales, recibiendo pensiones por herencia más de 9 mil personas, cuyos parientes han fallecido y más de 100 mil trabajadores que han cumplido con la edad de jubilación y han retirado los fondos de manera directa en las AFP, lo que ha significado un ahorro importante para las familias”.
Puntualizó que el objetivo principal de un sistema de pensiones es pagar pensiones suficientes y adecuadas, es decir que le permita al trabajador mantener un nivel de vida igual o parecido al que tenía cuando era un trabajador activo.
