El marco institucional de la campaña electoral

La presente campaña electoral con miras a las elecciones generales del 5 de julio, se caracteriza por la novedad de que el centro propagandístico de ella, es la telemática, la red social y las plataformas mediáticas. Al punto de que la televisión misma, otrora omnipresente y centro de las campañas electorales, se ha visto mediatizada e influida por la telemática, al grado de tener que depender de plataformas digitales para poder operar.

Se ha iniciado, de este modo, un proceso en el cual, es clara una transición de lo real a lo virtual. De modo que lo real, lo tangible, ha ido, poco a poco, siendo sustituido por lo virtual. En un proceso que ya nadie duda de que es irreversible, en las condiciones que imperan en la actualidad y debido al giro tecnológico que ya caracteriza al mundo de hoy y que se lo entiende como un proceso progresivo e indetenible.

En este escenario, el gran tollo, lo constituye la Junta Central Electoral (JCE), pues cuando quiso implementar el voto electrónico para poner a tono con la época que vivimos obtuvo un rotundo fracaso que la hizo retroceder hasta mantener el voto manual como manera de garantizar la diafanidad y la certeza del voto de cada ciudadano. Es decir, no ha habido manera de dar garantía a la ciudadanía de que el voto electrónico no es manipulable por el poder político. Este es el primer gran error del marco institucional de la campaña electoral.

Pero, sin embargo, este no es el único error, resulta que mientras la oposición y el candidato oficialista hacen uso de las redes en tanto y cuanto medios efectivos para llegar a los electores con la esperanza de captar su voto, colateralmente y en medio de la pandemia que ha conducido estos cambios, la Junta Central Electoral (JCE) ha permitido que las formas tradicionales de campaña política, sea realizada en horarios prohibidos por el Estado de Emergencia y el toque de queda que el mismo ha establecido, por un candidato en particular, el candidato del gobierno con exclusión de los pertenecientes a la oposición.

Esto implica que, a pesar del despliegue tecnológico que caracteriza el presente proselitismo electoral, la nación en lugar de crecer institucionalmente, ha retrocedido debido al rol inadecuado que viene jugando el órgano que la Constitución de la Republica indica que es el llamado a organizar y regularizar el proceso electoral del país.

Por ejemplo, la logística de la JCE es buena en cuanto a capacitación del personal que habrá de participar en cada mesa electoral de cada colegio electoral en el marco de las asambleas electorales para escoger un nuevo presidente y vicepresidente de la republica junto a senadores y diputados. Pero se ha obviado abordar el tema de la seguridad, la motivación y las garantías que dicho personal requiere para asumir tan cara responsabilidad en medio de una pandemia mortal. Entendemos que la JCE debe procurar remunerad adecuadamente a este personal que, primer lugar, habrá de agotar una jornada más allá de todas las previsiones legales, pues su actuación abarca un mínimo de unas 15 horas de labor ininterrumpidas, las cuales podrían extenderse en función de la dinámica propia del proceso y motivado en las múltiples peticiones de extensión del horario de votación.

Debe tomarse en cuenta que su labor es extensa e intensa deben montar el proceso y luego aperturar las votaciones y una vez concluidas estas, proceder al conteo de los votos, el levantamiento de las actas de votaciones y luego transmitir y llevar las urnas a la JCE. De modo que la motivación, la remuneración y un seguro que perta que si luego de concluido el proceso, algunos de entre ellos resultares con alguna afectación de salud de cualquiera naturaleza, posea la debida cobertura o seguro médico y de vida que permita a su familia sortear el proceso. Como esta es una sociedad mercantil y como los señores miembros de la JCE gozan de esos privilegios sostuvimos que en el marco de la sociedad democrática que nos caracteriza es justo, adecuado y necesario que al personal de logística de los colegios electorales se les supla de estas seguridades, porque, de no hacerse así, es probable que dada la inseguridad reinante y la presión que ejerce la pandemia del coronavirus, un porcentaje elevado de aquellos que dicen que acudirán el día cinco de julio a conformar las mesas electorales, simplemente no aparezcan, creando con su ausencia una situación muy parecida a la ocurrida en las elecciones municipales del 15 de febrero que debieron ser abortadas por fallas en la logística electrónica, pero que ahora la amenaza podría provenir, eventualmente, del personal por carencia de las seguridades y de la remuneración condigna que estos merecen.

Si se busca institucionalizar el proceso electoral este personal ha de ser tratado como los profesionales que son, profesionales especiales que son los garantes de la materialización y la conducción del proceso de votación que requiere un sistema democrático operativo y funcional. Sin cuya existencia, no puede hablarse de institucionalidad en la campaña electoral. DLH-10-6-2020