Extraño, complejo y peligroso proceso electoral en el que todo queda sujeto a la voluntad del gobierno, fruto del manejo político de la crisis sanitaria.
Pasada la puesta en escena congresual para lograr la extensión del estado de emergencia, con un ruidoso bufón en el centro de la atención mediática, con titiriteros a grandes distancias y complicidades vecinas que pronto se conocerán, entramos en la ruta crítica hacia las elecciones con la imposibilidad de cumplir el mandato constitucional de equidad, libertad y transparencia.
El colmo es que hasta la circulación de los funcionarios electorales está regulada y a merced del presidente Danilo Medina, figura principalísima en la disputa electoral y jefe del equipo de estrategia del candidato presidencial que el mandatario impuso al Partido de la Liberación Dominicana y a su grupo en la organización. (Por esto último, las importantes ausencias en la campaña).
El decreto 214-20, emitido por el Poder Ejecutivo el viernes último, en su artículo 4 modifica el 135-20 “para que durante el horario del toque de queda se permita también la circulación de los funcionarios de la Junta Central Electoral y las juntas electorales municipales , debidamente identificados, que laboran en el montaje de las próximas elecciones”.
Esta “concesión” dista mucho del artículo 211 de la Constitución que expresa que “las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad”.
Improbable cumplir con esas responsabilidades en un estado de excepción que incluye toque de queda que impide la libre reunión y circulación de los opositores, mientras desde el gobierno se promueve y protege la labor de los oficialistas abonada con fondos públicos para el reparto clientelar nocturno.
Aunque el toque de queda en su nueva versión de 8 de la noche a 5 de la mañana, todos los días, se dispuso hasta el 27 de junio, la extensión del estado de emergencia alcanza el 1 de julio, lo que limita el accionar opositor pleno de campaña a 48 horas de los últimos tres meses. ¿Dónde rayos se encuentra la equidad?
Sin embargo, el 1 de julio no es el fin de la descalada, sino el inicio de la fase 4 (abren hoteles, aeropuertos, restoranes y gimnasios) que concluye el 24 de agosto con la liberación de “los lugares de entretenimiento y otras actividades de aglomeración de personas”. Las elecciones están más próximas a esta última categoría.
No es descartable que el presidente Medina pida otra extensión, visto que la Comisión de Alto Nivel para el manejo del COVID-19 ha advertido que “solo se avanzará de una fase a otra tras estar seguros, mediante la debida vigilancia epidemiológica de que la situación de salud lo permite” y precisa que “en caso de producirse un repunte de los contagios las fechas de cada etapa podría variar”.
Y a diario vemos la administración de las cifras de fallecimientos y nuevos contagios de parte del gobierno a través del ministro de Salud. Convenientemente se atemoriza a la población aunque hay extrema permisividad en horas diurnas y se insiste en autopromoción oficial en manejo sanitario y económico.
Es decir, y no es broma, que podríamos tener elecciones, como pocos casos en el mundo, bajo un estado de excepción, y que hasta los candidatos presidenciales y congresuales tendrían que procurar un salvoconducto gubernamental para “tareas esenciales”, aunque según la maltratada Constitución el día de las votaciones la JCE “asume la dirección y el mando de la fuerza pública”. (Pueden escribir a coronavirus.gob.do).
