La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones Santo Domingo (ADAFP) hizo un llamado a la “reflexión y la sensatez” a todos los sectores de la vida nacional para aunar esfuerzos y evitar los efectos negativos que tendría seguir adelante con el proyecto de ley que propone entregar el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores afiliados a las administradoras de esos recursos.
En un documento público en que reafirma su rechazo a dicho proyecto, ADAFP sostiene que en torno al proyecto ha hecho un “manejo improcedente y apresurado de un tema de tanta trascendencia para el futuro de los trabajadores y para la economía nacional”.
Precisa que en su misión de administrar y cuidar, con transparencia y estricto apego a las leyes vigentes el patrimonio de los afiliados, las AFP miembros de la ADAFP advierten de las “graves consecuencias que tendría una nueva modificación de la Ley 87-01” de la Seguridad Social.
La entidad afirma que el referido proyecto es a todas luces inviable porque se trata de imponer “sin las debidas ponderaciones y necesaria participación de los trabajadores afiliados y de sus empleadores, ni de las autoridades gubernamentales, los tres actores fundamentales del sistema previsional”.
Asimismo, ADAFP recuerda que los fondos de pensiones fueron creados con el fin de garantizar un retiro de calidad a los trabajadores afiliados y que con el adelanto de un 30%, éstos asumirían con sus propios ahorros el costo de la crisis económica provocada por el Covid-19.
A seguidas agrega que esa es una responsabilidad y un “deber del Estado, para lo cual hizo una emisión de bonos soberanos denominados Covid-19 por RD$40 mil millones”.
Señala que la entrega de esos fondos tendría un impacto negativo en la economía, encareciendo los precios y debilitando nuestra moneda y además el valor de la pensión de los trabajadores disminuiría doblemente.
ADAFP indica que con el retiro de parte de los ahorros obtenidos hasta la fecha, la operación tendría también implicaciones en el valor patrimonial de los fondos, “colocándolos en una situación de precariedad a futuro”.
“Como señaló el gobernador del Banco Central, la modificación de la Ley 87-01 tendría consecuencias perversas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, así como para la estabilidad y el crecimiento económico”, añade más adelante la declaración.
Además, la entidad señala que de ese modo se aumentaría desproporcionadamente la emisión monetaria en más de 64% respecto al nivel actual, provocando altos índices de inflación, mayor presión y deslizamiento de la tasa de cambio, incremento de las tasas de interés y reduciría el poder adquisitivo de las personas, en particular de los hogares de menores ingresos.
