La entrega de este lunes de los resultados arrojados por el más reciente estudio de investigación electoral realizado por la empresa Gallup a requerimiento del diario Hoy, sin importar que se acepten o no los números que presenta (Luis: 53.7, Gonzalo: 35.5 y Leonel: 8.6) constituye un golpe mortal para las aspiraciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de mantenerse en el poder más allá del próximo 16 de agosto.
En efecto, independientemente de los citados números y de las variadas lecturas político-partidistas que se les pudieran dar, la credibilidad y el grado de certeza que tradicionalmente se les han atribuido a la empresa encuestadora de referencia, crean una percepción favorable a la candidatura presidencial del licenciado Luis Abinader que, a juzgar por las experiencias acumuladas al tenor, será imposible de revertir: en los pocos días que restan de campaña ya nada ni nadie podrán evitar que la tendencia que se describe se convierta en realidad operante.
(La ficha técnica del estudio no da pie a reparos de metodología o de toma de muestra, lo que lo hace bastante confiable: el trabajo de campo se realizó entre el 12 y el 16 de junio con ciudadanos mayores de edad y de manera presencial, o sea, la muestra fue recogida con potenciales votantes y no por vía telefónica, lo que le otorga mayores posibilidades de certeza. Fueron consultadas 1498 personas a nivel nacional, con una segmentación geográfica proporcional y seleccionadas aleatoriamente. El margen de error es de más o menos 2.5 por ciento y el nivel de confianza es de 95 por ciento).
Naturalmente, no hay que hacerse el sueco ante la verdad: esa percepción ya existía, y lo que restaba era que resultara certificada por una encuestadora de fiar, puesto que la imposibilidad de tomarle el pulso a la campaña electoral con base en los instrumentales subjetivos del olfato político y el sentido común (debido al manejo político-financiero dado por el gobierno a la crisis sanitaria) y la guerra de muestreos y perifoneos desarrollada hasta hoy, habían sembrado algunas dudas y confusiones en ciertos sectores de la vida nacional.
Y es que, aunque el alto liderato y la vocería mediática del gobierno y el PLD habían insistido hasta la saciedad en tratar de pasar de contrabando la idea de que su candidato presidencial estaba polarizando con el licenciado Luis Abinader en términos de preferencias electorales, las matrices de campaña adoptadas en la víspera no solo desmentían esas expectativas, sino que también parecían indicar que estaban entrando en un crucial estadio de convulsa desesperación política.
Ciertamente, solo en la semana política que acaba de discurrir el sector oficialista, evidentemente procurando mejorar su posicionamiento y minar el del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados, había echado mano de medidas y recursos inéditos, extremos e irritantes, algunos inclusive de carácter filototalitario y manifiestamente incompatibles con el espíritu y la praxis elemental de la democracia en cualquier sociedad civilizada.
El elemento nodal de esas matrices de campaña fue la insistencia en prorrogar contra viento y marea el Estado de Emergencia (sin que haya al respecto argumentos sanitarios o científicos de legitimación honestamente defendibles) para tratar de impedir que la oposición haga campaña electoral en el amplio marco de los derechos y las prerrogativas que garantizan la Constitución y las leyes, mientras simultáneamente el candidato del gobierno y los operadores políticos de éste lo pueden hacer con entera libertad y sin que las autoridades competentes de contención y la Junta Central Electoral (JCE) parezcan darse por enterados.
No obstante, y para su desventura, poca gente fuera del funcionariado y el bocinazgo mediático había aceptado de buen grado las alegaciones estatales en el sentido apuntado, porque tanto la abrumadora mayoría de los expertos nacionales e internacionales como buena parte de las fuerzas vivas de la nación han coincidido en la impertinencia de forzar el mantenimiento del Estado de Emergencia en momentos en que bastaría con simplemente dejar vigentes las medidas fundamentales del protocolo sanitario adoptado desde marzo y garantizar la rigurosa aplicación de sus consecuencias punitivas para los infractores.
Paralelamente, ha resultado notorio que desde el ministerio de Salud Pública, entidad dirigida por un subalterno directo del presidente de la república cuyo desempeño ha sido más político que científico, se ha adoptado como práctica cotidiana la manipulación voluntarista de las cifras de la crisis sanitaria con miras a agenciarse cada vez más recursos financieros para ser gastados discrecionalmente y, al mismo tiempo, crear temor en el electorado a fin de desestimular el ejercicio del derecho al sufragio y auspiciar el aumento de la abstención en la creencia de que ésta favorece al oficialismo.
La manipulación de las cifras han sido tan palmaria, burda y politiquera que ha indignado hasta a los médicos y los comunicadores serios que militan o siguen las orientaciones del gobierno y el PLD, quienes ante el hecho de que no hay manera de demostrar ni pedestre ni estadísticamente la veracidad de aquellas se han visto en la necesidad de silenciarse o tratar el tema con evasivas para no incurrir en mentiras soeces y, de tal forma, preservar su buen nombre como profesionales de sus respectivas áreas.
Pero, por supuesto, la más reciente y cacareada línea de campaña adoptada por el grupo palaciego es la que exhibe mayores niveles de truculencia y descaro: airear el tema del narcotráfico en dirección al PRM para tratar de distraer a la gente y trastocar la agenda social actualmente predominante (de matiz casi totalmente adversa a los incumbentes estatales), sembrar sospechas y confusiones en los círculos de poder extranjeros (cuyos cuestionamientos al peledeísmo gobernante han sido francos y constantes) e intentar colocar a la defensiva a una oposición que luce vigorosa y arrolladora de cara a las próximas elecciones.
Nadie ignora que el narcotráfico es una trágica realidad (con raíces y tentáculos en casi todos los ámbitos de la vida nacional) cuya detección no resulta fácil por las diversas formas en que se enmascara y oculta. No obstante, a las interesadas y electoreras denuncias hechas por el PLD les faltaron un par de detalles: primero, que los más grandes, conocidos y numerosos traficantes apresados en el país han confesado haber contado para sus correrías con el apoyo de altas instancias gubernamentales; y segundo, que no es el PRM sino el PLD el que ha gobernado desde 2004, y por lo tanto si ha habido proliferación o expansión de esa malsana actividad la responsabilidad política de ello es exclusivamente atribuible al actual partido oficialista.
Por otra parte, se impone resaltar que la utilización de las matrices de campaña en cuestión (deleznables, mañosas y embusteras) luego de la avasallante ofensiva de uso y abuso de los recursos del Estado que todos hemos visto hasta hoy disfrazados de “ayuda solidaria” (tanto, que los peledeístas dicen haber ganado terreno con ella frente a la opción que encarna el licenciado Abinader), en realidad no podía significar sino una de dos cosas: o que ese embate había resultado un fiasco total, o que no fue suficiente para situar a su candidato en posición de verdadera competencia.
De todos modos, y aún esperando que la utilización de ese tipo de maniobrerismos de baja ralea se incremente en la medida en que se acerque el día de los comicios, la secuela de la inferencia precedente ya había alcanzado rango de verdad entre los observadores objetivos del acontecer nacional y la mayoría de los dominicanos: era obvio que la aritmética electoral del gobierno y el PLD no acababa de resultarle bonancible, pues hasta los chinos de Bonao saben que en política es ley que quien está encabezando las preferencias electorales no recurre a las malas artes.
La encuesta Gallup-Hoy, pues, le acaba de propinar un “nocaut” técnico al gobierno y al PLD, y éstos harían bien si dejaran ya de pensar en trucos y artimañas para tratar de impedir lo inevitable… El fin de su reinado ha llegado, y es hora de prepararse seriamente para la entrega pacífica y ordenada del poder.
(*) El autor es abogado y politólogo. Reside en Santo Domingo.
