Uno de los principales déficits en materia de institucionalidad que nos deja el PLD gobernante es la virtual nulidad de las principales funciones del Congreso, considerado dentro de la jerarquía constitucional dominicana como el primer poder del Estado.
El Congreso del PLD -o para ser más objetivo- el Congreso del presidente Medina, como él mismo reclamó en la campaña electoral del 2016, se ha limitado a ser una caja de resonancia del Poder Ejecutivo, y en el mejor de los casos, a producir leyes generalmente inoperantes o con una incidencia muy limitada por la falta de voluntad del Gobierno y del propio Poder Legislativo.
Así ha pasado con leyes fundamentales como la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Código de Ética del Servidor Público, la Ley General de Deporte, la Ley de regulación salarial, la Ley General de Salud, la Ley de Protección a la Persona Envejeciente, y la Ley que regula las relación de las personas con la administración pública, está última con un revolucionario potencial de impacto en materia de derechos ciudadanos, que resulta prácticamente desconocida para la mayor parte la población.
Mientras que otras leyes no menos importantes como la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley General de Electricidad, la Ley de Organización del Distrito Nacional y los Municipios, la Ley General de Migración, la Ley Orgánica de Educación, la Ley de Seguridad Social, y la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Intrant), resultarían bochornosamente reprobadas si fueran sometidas a un auditoría de cumplimiento.
Por cierto y a propósito de pandemia y crisis sanitaria, el consultor internacional y especialista en gestión hospitalaria, Daniel Guzmán, ha dicho recientemente que la República Dominicana tiene diseñado el mejor sistema de salud del mundo, pero no funciona por tres razones fundamentales: por falta de voluntad política, por la falta de asignación de recursos a través del presupuesto, y por la falta de capacidad de gestión.
¿Y el Congreso, en su rol de control y seguimiento, dónde está?
Una de las graves fallas del saliente Congreso es el incumplimiento del artículo 109 de la Constitución, sobre la entrada en vigencia de las leyes, que establece que después de promulgadas, “las leyes se publicarán en la forma que la ley determine y se les dará la más amplia difusión posible”, precisando que estas “serán obligatorias una vez transcurridos los plazos para que se reputen conocidas en todo el territorio nacional”.
Pero ya sabemos que nuestro improductivo y costoso Congreso Nacional, además de no darle seguimiento a las leyes promulgadas, tampoco ejerce su misión de control, fiscalización y representación que le asigna la Constitución. Para muestra un botón.
El Malecón de Nagua, 12 años después
Este caso denuncia la pobre gestión institucional del Congreso, tomando en cuenta que la construcción del Malecón de Nagua se inició a mediados del 2008 y en el 2020, 12 años después, se encuentra totalmente paralizado, según reportó en esta semana la periodista Anette Quiñonez.
Desde que se paralizó en el año 2012, el único intento de retomar la obra fue en el año 2017 a raíz del paso del huracán María, cuando el presidente Danilo Medina anunció el traspaso de esa responsabilidad al entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien al ser abordado por periodistas y representativos de Nagua, luego de ser proclamado candidato presidencial de su partido, declaró que no estaba al tanto del tema.
El monto inicial del proyecto fue de 492 millones de pesos, pero al contrato se le hicieron tres enmiendas, la primera de 757 millones 936 mil pesos, sobrepasando el 25% que permite la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones; una segunda por 164 millones 26 mil pesos y una última por 235 millones 609 mil pesos que aumentaron el costo total a mil 650 millones 570 mil 870 pesos y 77 centavos. (28 de febrero 2020)
