ROMA, 17 Jul 2020 (Corresponsal de IPS) – Los efectos de la covid-19 agravan los factores que hacen inminente una crisis alimentaria en al menos 27 países, indicó este viernes 17 un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Ninguna región del Sur en desarrollo es inmune: desde Afganistán y Bangladesh en Asia, pasando por Haití, Venezuela y el Corredor Seco Centroamericano en América Latina, hasta Iraq, Líbano y Siria en Oriente Medio, o Burkina Faso, Camerún, Liberia, Níger, Nigeria, Malí, Mozambique, Sierra Leona y Zimbabue en África, según el reporte.
Se trata de "países con un alto riesgo de deterioro de la seguridad alimentaria en los próximos meses, y algunos ya lo sufren, con aumento en el número de personas afectadas por hambre aguda", dijo el director general de la FAO, Qu Dongyu.
"Los efectos negativos de la pandemia provocan una situación de hambre dentro de una crisis sanitaria, y no podemos considerarla una amenaza que podría surgir en el futuro, un problema del mañana. Tenemos que hacer más ahora mismo", añadió Qu.
Los países señalados por la FAO y el PMA ya enfrentaban antes de la pandemia niveles elevados de inseguridad alimentaria, debido a factores como crisis económicas, inestabilidad, inseguridad por conflictos armados, fenómenos climáticos extremos, plagas vegetales y enfermedades animales.
La covid tiene cuatro formas de hacer avanzar el hambre según el reporte, y la primera es la disminución del empleo y los salarios, de modo que las personas tienen menos dinero para comprar alimentos y los trabajadores en el extranjero envían menos remesas a sus familias en países con inseguridad alimentaria.
En algunos países además suben los precios de los alimentos, agregando una nueva barrera.
Medidas sanitarias preventivas frente a la covid tienen repercusiones importantes y cada vez mayores en la producción y suministro de alimentos.
La caída en picada de los ingresos gubernamentales significa que las redes de seguridad social fundamentales, como la protección social y los programas de alimentación escolar, quedan sin fondos suficientes y no pueden responder a unas necesidades crecientes.
Por último, la pandemia podría estar contribuyendo a la inestabilidad política y al aumento de los conflictos, por ejemplo los intercomunitarios por recursos naturales como el agua, las tierras de pastoreo o las rutas de migración, lo que altera aún más la producción agrícola y los mercados.
Encuestas hechas por la FAO en varios países mostraron que la producción alimentaria se convierte en un grave problema. En Haití, por ejemplo, 90 por ciento de los campesinos cree que se producirán menos cereales y en Colombia más de la mitad de los ganaderos reporta dificultades para acceder a los piensos.
En Etiopía y Somalia las medidas de mitigación por la covid se combinan con inundaciones y la persistencia de la plaga langosta del desierto para disminuir los resultados esperados de las cosechas de mitad de año.
Desde abril, los precios de los alimentos subieron 20 por ciento en Afganistán y 35 por ciento en Yemen, el país que padece la mayor crisis alimentario mundial, pues afecta a 16 de sus 29 millones de habitantes.
En América Latina el hambre proviene predominantemente de la pobreza y no de la falta de alimentos. Bajo el impacto de la covid-19, la pobreza podría aumentar de 30,3 a 37,2 por ciento de la población y la pobreza extrema de 11 a 15,5 por ciento, según señalaron las agencias de la ONU.
Qu dijo que "si actuamos ahora a la escala necesaria, podemos hacer que el mayor número posible de personas siga produciendo alimentos, proteger sus medios de subsistencia y reducir su necesidad de ayuda alimentaria humanitaria. No es demasiado tarde para prevenir la peor crisis de hambre en décadas".
La FAO ha adecuado sus programas en esas áreas y para ejecutarlos requiere reunir 428,5 millones de dólares, según indicó el organismo.
El PMA estima que las acciones para evitar el estallido de hambruna en los países más débiles requieren unos 500 millones de dólares, y mantener los programas para llevar alimentos a 138 millones de personas en áreas muy necesitadas consumirían otros 4900 millones.
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