LA VEGA, RD.- El Ministerio Público informó que apelará las medidas de coerción impuestas este lunes al imputado Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, quien es señalado como cabecilla de una red de lavado de activos producto del narcotráfico y la defraudación fiscal, y a otros cuatro presuntos integrantes de dicha organización criminal, que fue desmantelada el pasado 29 de junio en esta provincia.
Explicó que pese a presentar suficientes evidencias que establecen su vinculación a esa actividad criminal por lo cual pidió 18 meses de prisión preventiva contra cada uno de los imputados y la declaratoria de complejidad del caso, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción solo dictó tres meses de prisión preventiva en la cárcel pública Concepción de La Vega contra Miguel Arturo López Florencio, mientras que a los demás imputados le impuso medidas no privativas de libertad.
En ese sentido, indicó que el tribunal impuso a cada uno de los hijos de Miguel López, los imputados José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como a su cuñada Ada María Pilarte, un millón de pesos en efectivo, impedimento de salida del país, presentación periódica ante el Ministerio Público y la colocación de un grillete electrónico, mientras que a su empleado José Antonio Román una garantía económica por RD$10 mil en efectivo e impedimento de salida al exterior. Además, no acogió la solicitud de declaratoria de complejidad del proceso.
Al manifestar su inconformidad con la decisión, el órgano de justicia dijo que el tribunal no valoró adecuadamente las vinculaciones de los imputados al narcotráfico.
Aseguró en ese orden, que las evidencias presentadas ante el tribunal establecen claramente que se trata de un caso de criminalidad organizada por la pluralidad de imputados, por lo que dijo el Ministerio Público requiere de un plazo más amplio para investigar un complicado entramado societario utilizado para el blanqueo de capitales.
Recordó que el grupo fue sometido a la justicia por la Fiscalía de La Vega luego que durante los allanamientos realizados en el transcurso de la investigación a diferentes inmuebles propiedad de Miguel López encontraran múltiples evidencias que lo vinculan a esa peligrosa actividad criminal producto de la cual además se ha establecido que habría movilizado en el sistema financiero nacional más de 7 mil millones de pesos, que además de su procedencia ilícita tampoco se corresponden con los reportes realizados a la Dirección General de Impuestos de Internos (DGII), así como que fueron creadas empresas de carpeta para la colocación de estas sumas en el mercado formal.
Además, se ha establecido que Miguel López utilizaba de testaferro al empleado José Antonio Román para ocultar los valores, realizando este depósitos a su favor y de diversas empresas por más de RD$ 3,168,764,813.00, de igual forma este utilizaba a sus familiares más cercanos para ocultar propiedades y bienes, dentro de los cuales se encuentran sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, y su cuñada Ada María Pilarte.
El MP recordó que al imputado Miguel López se le vincula a Pablo Antonio Martínez Javier, cabecilla y patrocinador de la red criminal internacional dedicada al tráfico y distribución de éxtasis que fue desmantelada el pasado año luego que le fueran ocupadas 111,722 pastillas de ese tipo de droga, el más grande cargamento de este tipo en el país y quien permanece prófugo y declarado en rebeldía por orden judicial.
En ese orden, dijo que durante las pesquisas realizadas a raíz de esa investigación se establecieron los vínculos de Miguel López y Pablo Antonio Martínez Javier y su involucramiento al lavado de activos producto del narcotráfico.
La institución del sistema de justicia enfatizó en que la decisión no está acorde con la ley, por lo que dijo una vez le sea notificada la misma, procederá a apelarla, ya que cuenta con suficientes evidencias que establecen la vinculación del grupo a actividades del crimen organizado, que constituyen una violación a la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos, Bienes Ilícitos y Financiamiento del Terrorismo y el Código Tributario, modificado por la Ley 11-92.
