Los gimnasios se quejan por las restricciones que se les siguen imponiendo en medio de la pandemia COVID-19 y han solicitado este jueves el establecimiento de un protocolo de requisitos que le permitan su operatividad.
También reclaman poner en marcha un proceso formal de inspección y auditoría que pueda evaluar las instalaciones físicas y modelos operativos de cada empresa.
Indica que ello conllevaría que se permita que operen “aquellos que cumplan con los requisitos de distanciamiento, ventilación – climatización e higiene necesarios para ofrecer a la sociedad ambientes seguros para realizar actividad física”.
“Unidos por nuestra pasión por la salud y el bienestar, expresamos nuestro más alto compromiso en colaborar con las autoridades nacionales en la prevención y control del COVID19” expresan los operadores de gimnasios en misiva dirigida a la Comisión de Alto Nivel para la gestión de esta crisis.
Defienden la naturaleza de su actividad económica, la que aseguran juega un papel de especial importancia en este momento, “pues está demostrado que la actividad física regular contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, a la prevención de condiciones de alto riesgo ante la enfermedad”.
Entre las que mencionan la hipertensión, obesidad, diabetes, entre otras; y a la disminución del nivel de stress ocasionado por la pandemia, algo sin precedentes para las generaciones actuales.
“Desde el inicio de esta crisis sanitaria y económica, hemos intentado presentar nuestra propuesta de protocolo y propiciar espacios de diálogo con las autoridades; hasta la fecha esto no ha sido posible” indican en un comunicado público emitido días después de que fuera cerrados esos establecimientos en medio del nuevo estado de emergencia.
Indican que ante la ausencia de un lineamiento oficial, los principales actores de la industria de Gimnasios y Centros de Deportes & Bienestar “nos hemos autorregulado atendiendo a las mejores prácticas a nivel internacional. Hemos realizado cuantiosas inversiones en la adecuación de nuestros modelos de operación y en el fortalecimiento de las normas de distanciamiento físico e higiene”.
Se quejan porque el cierre de operaciones durante cuatro meses ha ocasionado un efecto financiero y laboral devastador para nuestra industria, sin contar con medidas de protección fiscal ni acceso a condiciones especiales de financiamiento.
“Hoy, nos enfrentamos a una nueva decisión de cierre por parte de las autoridades sin horizonte de tiempo definido, lo que nos coloca en una situación mucho más dramática e insostenible, que pone en riesgo el trabajo de miles de personas” expresaron.
