Si el presidente electo, Luis Rodolfo Abinader, se convirtiera en un médium y visitara a 300 mil micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), sus propietarios le retumbarían a los oídos, como una sinfonía fúnebre, que están totalmente quebrados y le pedirían que los rescatara de ese hoyo abismal. Y si –haciéndose el tonto- les preguntara ¿qué les pasó?, todos señalarían, al unísono: los excesos de impuestos, las “coimas” y la ausencia o retrasos en los pagos por el Estado.
En ese vértigo manufacturado por el Estado mala-paga y destripador, los emprendedores le arrojarían un grito de auxilio: ¡yompéeme, presidente, yompéeme!, suplicándole así una amnistía fiscal, facilidades para la formalización burocrática y financiamiento/recapitalización para acceder a beneficios, oxigenarse y relanzarse en la cabalgadura de la pandemia.
El pequeño y mediano empresario, que sobrevive con una multiplicidad de desembolsos monetarios, califica como un héroe: pagos de salarios, local, teléfonos/internet, energía eléctrica, agua, papelería y suministros, seguros médicos y de riesgo laboral, Infotep, doble sueldo, bonificación, liquidación y otros operativos, así como un enjambre de impuestos.
Los tributos son interminables: 18% de Itbis, 1.5% de ingresos netos de anticipo (inconstitucional contribución que se paga sin haber cobrado), 27% a la renta, a la ganancia de capital y a las donaciones entre vivos y familiares; 3% del valor heredado o sucesoral, 10% de retención de honorario profesional, 1% a la propiedad inmobiliaria y 3% de transferencias, 1% sobre activos, 0.15% a los cheques y la transacción bancaria, 10% de selectivo al consumo, 2% a las telecomunicaciones, 4 y 10% por servicio profesional , hasta un 100% a aranceles de aduanas sobre ciertas mercancías , entre otros, más recargos e interés indemnizatorios acumulativos.
La unidad productiva que quiera clavarse su propio cuchillo sólo tiene que vincularse con el Estado sin una cuña/palanca poderosa, porque para conseguir un proyecto sin ella tiene que sobornar entre un 20 y un 25% y otra partida similar para cobrar. Para algunos ingenieros y arquitectos entraña un insulto, porque les busca un serio problema, decirles que el CODIA le gestionará una obra gubernamental. Distintos sectores son machacados, implacablemente.
Citemos un primer ejemplo: a cientos de productores de programas de televisión y radio, diarios de internet, periódicos y revistas, y que brindan servicios de relaciones públicas y publicidad, la DGII les ha bloqueado el RNC, por los enredos/desconocimiento ante tantos impuestos y la acumulación de deudas determinadas mediante fiscalizaciones de oficios, escritorios por ingresos no percibidos, como el anticipo, y arbitrariedades anti-jurídicas.
Una segunda muestra más dramática: en el 2013, diez (diez) micro y pequeños fabricantes de muebles conformaron un clúster, ganaron una licitación en el Ministerio de Educación para la fabricación de muebles escolares y en febrero del 2016 entregaron, con la calidad requerida, la producción convenida y dos facturas por 6 millones 123 mil 031.00. No les han pagado ni un céntimo y en diciembre del 2017, la DGII les notificó deudas de Itbis por RD$1,068,204.62, suma que si no liquidan no les será saldada. ¿Cuánto ha subido en estos últimos tres años? El consorcio dejó de operar y ninguna instancia le ha buscado una salida satisfactoria.
Las cargas que las pequeñas y medianas empresas registran con la DGII son impagables, y sin una exoneración -hasta un tope- resulta imposible que continúen funcionando, más en esta sacudida pandémica. Con esa liberación se podría garantizar que puedan emitir comprobantes fiscales y proceder a las facturaciones correspondientes, para su subsistencia con cierta rentabilidad; que generen empleos y cumplan sus obligaciones tributarias. Esa disposición apuntalaría como una fuente de rápida recaudación estatal, sin exageración.
Con una amnistía fiscal, los ingresos de la DGII pueden multiplicarse. Pero ha de ser real, no engañosa ni intrincadas como las anteriores. Por esa razón, los llamados a beneficiarse tuvieron que desembolsar una alta suma de dinero y un alto número no se acogió a esa supuesta facilidad.
A Juan Pablo Ureña Payano, experto tributario, contador público y abogado, le preguntamos cómo el nuevo gobierno de Luis Rodolfo Abinader y las pequeñas y medianas empresas deben ayudarse mutuamente, y le pedimos que nos respondiera en dos horas. Pasados los 120 minutos nos contestó: “son miles los que sus deudas tributarias (sic) están en tribunales, con recursos de reconsideración, contencioso, casación y constitucional. Se trata de miles de millones de pesos que el gobierno puede cobrar sin esperar dilatados dictámenes”.
¿Con una amnistía, parte de ese dinero puede ser captado con prontitud?, le inquirimos. Y, sin rodeos, abundó: “si mediante una amnistía, la DGII le tumba todos los recargos y los intereses acumulados, y dispone que de los impuestos/deudas base se pague el 30%, que sea honrado en varias cuotas en el período de un año, el gobierno recibiría miles de millones de pesos y las pequeñas y medianas empresas quedarán libres de esas cuentas y podrán recapitalizarse(sic). Si no hay embaucamientos ni complicaciones en las aplicaciones burocráticas, los emprendedores acudirán en masas a firmar acuerdos y pagar razonablemente”.
Rescatar y relanzar las micro, pequeñas y medianas empresas sería un triunfo resonante para el nuevo gobierno. Esta debe hacerse con sinceridad, transparencia y confianza, y el gobierno debe ayudarlas en la capacitación tributaria y gerencial, para su reorganización. En esa especie de pacto fiscal preliminar, estamos seguros que se reducirá ampliamente el 60% de incumplimiento, que equivale, más o menos, al 5% del Producto Bruto Interno (PBI). Vale ahora -más que nunca- el adagio de que es mejor un buen arreglo, que un mal pleito.
