¿Cómo lograr agilizar, abaratar y eficientizar los procesos de compras y contrataciones del Estado, contribuyendo a que se siga ampliando la red de suplidores, abriendo mayores oportunidades a las mipymes en un ejercicio caracterizado por el respeto a la ley y la transparencia?
En Estados Unidos y en todos los países en los que vía la Agencia Internacional para el Desarrollo, se ha hecho copy paste, del riguroso pliego de normas que rigen los procesos de compras, los gobiernos no sólo compran por encima de los precios vigentes para el consumidor común, y, en muchos casos, no se sirven del suplidor más cualificado, sino del que tiene mayor dominio de las experticias técnicas.
Lo evidencian en su libro “BUENA ECONOMÍA PARA TIEMPOS DIFÍCILES”, los ganadores del Premio Nobel de Economía 2019, Abhijit V. Barnerjee y Esther Duflo:
“Poner demasiadas constricciones a los funcionarios y a los contratos del Gobierno puede disuadir al talento cuando es más necesario que nunca. A pesar de que Estados Unidos es el líder mundial en informática, ninguna de las grandes empresas de tecnología decidió hacer una oferta por los contratos para crear el sistema informático que soporta el Obamacare.
La razón era que, aparentemente, había tantos requisitos que cumplir para ser proveedor gubernamental que muy pocas empresas estaban dispuestas a serlo. La Regulación de Compras tiene ochocientas páginas. Así que para lograr un contrato del Gobierno, es más importante hacer bien el papeleo que ser capaz de hacer el trabajo. En el mundo en desarrollo, los contratistas que sistemáticamente presentan ofertas y ganan los contratos de las Agencias de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional se les conocen como ‘los bandidos de Washigton’. Es muy difícil que otras organizaciones se lleven una parte de esos proyectos, ni siquiera cuando su experiencia sobre el terreno es relevante”.
El licenciado Carlos Pimentel, que ha sido anunciado por el presidente electo, Luis Abinader, como el próximo director de Compras y Contrataciones del Estado, ha adelantado que procurará una reforma de la ley 340-06, que ojalá no sea para elevar aún más el muro de las restricciones para hacer más lentos y deficientes los procesos de compras en un momento en que se responde a las urgencias de la combinación de una crisis sanitaria con una crisis económica.
También anunció como metas de su gestión poner freno a la corrupción y a la impunidad, y racionalizar los recursos públicos, por lo que desde luego, procurará injerencias que no les confiere la ley vigente, que, como objetivo general, la facultad, “diseñar y recomendar las políticas, normas y procedimientos que regirán el sistema de compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones, así como asesorar, atender requerimientos y emitir dictámenes sobre los procesos de contratación a todas las entidades alcanzadas por el ámbito de la aplicación de la Ley”.
La entidad no interviene en las decisiones de compras ni en las asignaciones de recursos, ni en establecimientos de precios, su rol es velar por el cumplimiento de las normas en los procesos de licitaciones o la modalidad de compra que se haya aplicado, de las que participa conociendo de las objeciones del algún participante o atendiendo denuncias sobre desconocimientos de las regulaciones.
Que la transparencia caracterice todas las acciones y decisiones, pero que no se pierda de vista que la prioridad es que el gobierno opere dando respuestas eficientes a las urgencias de la población más vulnerable.
