“Son los últimos aletazos de un tiburón que agoniza”, concluía el editorial escrito por Radhamés Gómez Pepín y leído por Pedro Pérez Vargas en Noticiario Popular en 1978 cuando el balaguerismo civil y militar resistía respetar la voluntad popular.
Decisiones recientes del presidente Danilo Medina trajeron a mi memoria ese histórico documento, aunque hay enormes diferencias en contextos político y social.
Empero, similares negaciones, las mismas mañas y remates al mejor estilo del “black friday” en escondidos decretos y urgentes sesiones congresuales.
Medina aceptó su derrota de inmediato (“con estos que están aquí gano yo”) e integró comisiones oficiales de transición, lo que se interpretó como un gesto de buena voluntad, al que correspondió el presidente electo Luis Abinader y de inmediato se activaron equipos de trabajo.
Se abrieron las puertas del Palacio y de los ministerios y agencias del gobierno y hombres y mujeres, confundiéndose tras las mascarillas anti-Covid ganadores y perdedores, comenzaron una hermosa danza de intercambios informativos. Hasta sonrisas y piropos.
Pero, comenzaron a conocerse decretos no publicados en las cuentas de la Presidencia y del portavoz Roberto Rodríguez Marchena, que son las fuentes oficiales de comunicación con los medios de comunicación y el país.
Cuatro coroneles policiales y cuatro militares, incluido el hermano del pasado candidato presidencial peledeísta, Gonzalo Castillo fueron ascendidos a generales fuera de las fechas que la ley limita al Poder Ejecutivo.
El viernes último trascendió el decreto 270-20 mediante el cual el presidente Medina aprueba el Aeropuerto Internacional de Bávaro distante a 18.5 kilómetros de la terminal de Punta Cana, pendiente de la autorización del Instituto de Aviación Civil (IDAC) y a la firma en nombre del Estado, del ministro de Obras Públicas. De inmediato se recrudeció la polémica sobre la pertinencia de la obra.
¿Ayuda Medina a esos oficiales y a los empresarios aeroportuarios con estas decisiones (aun no publicadas oficialmente el sábado) al “echarse la paloma”? Parecería que el mandatario quiere simplemente cumplir con estas personas y sectores y mortificar a otros que rehusaron apoyarle en las elecciones del 5 de este mes.
Las medidas definidas por decreto pueden derogarse mediante el mismo procedimiento. Ya el presidente del PRM y futuro funcionario palaciego, José Ignacio Paliza hizo advertencias al respecto.
Hay versiones de otras medidas que se cocinan en el gobierno en beneficio de personas y empresas vinculadas al grupo gobernante que podría provocar polémicas con los nuevos inquilinos.
En el Congreso Nacional, que es una realidad institucional diferente se apuran proyectos que han dormido durante años porque eran promesas, que una vez concretadas se convertirían en limitaciones al poder y otros porque implicaban diversos intereses enfrentados, casi todos contribuyentes de campañas electorales.
Pendientes los códigos Civil y Penal, leyes sobre participación ciudadana, de libertad religiosa, ordenamiento territorial, regulación del trabajo doméstico, protección la intimidad e imagen, modificación Ley de Seguridad Social y la de fiscalización y control del Congreso Nacional. A esta última quizás le aguarden 20 años.
¿Ayuda al necesario clima de armonía que debe prevalecer en una transición este tipo de comportamiento de los desalojados del poder por el voto popular? Evidentemente que no.
Medina debería ser un facilitador y no ceder a las tentaciones de imponer castigos y conceder beneficios de último minuto. Pesan muchas acusaciones de corrupción contra su gestión y ya hay expedientes elaborados, y en su partido, el PLD, podrían haber sectores que colaboren con las nuevas autoridades en esta tarea. El rencor contra el jubilado presidente se anida en los rincones de mayores silencios y en ámbitos del oportunismo laudatorio, siempre pendular…
