Por Vitor Gaspar, Martin Mühleisen y Rhoda Weeks-Brown. La corrupción —el abuso de la función pública para beneficio propio— es algo más que un desperdicio de dinero: erosiona el contrato social y corroe la capacidad del gobierno de contribuir a que la economía crezca en forma tal que todos los ciudadanos se beneficien. La corrupción ya era un problema antes de la crisis, pero la pandemia de COVID-19 ha acrecentado la importancia de una gobernanza más sólida, por tres razones.
Primero , los gobiernos de todo el mundo están desempeñando un papel más importante en la economía para combatir la pandemia y tender un salvavidas a las personas y las empresas. Esta mayor intervención es crucial, pero también abre más oportunidades para la corrupción. Para garantizar que los fondos y las medidas ayuden a quienes más lo necesitan, es preciso que los gobiernos cuenten con procedimientos oportunos y transparentes de presentación de informes, realicen auditorías ex post y apliquen mecanismos de rendición de cuentas, y que actúen en estrecha cooperación con la sociedad civil y el sector privado.
Segundo , al deteriorarse las finanzas públicas, los países deben impedir la evasión tributaria y el derroche y la pérdida de fondos que acarrea la corrupción en el gasto público.
Tercero , las crisis ponen a prueba la confianza de la gente en el gobierno y las instituciones, y el comportamiento ético adquiere más relevancia en momentos en que la demanda de servicios médicos es tan elevada. La comprobación de hechos de corrupción podría socavar la capacidad de un país de responder a la crisis con eficacia, profundizando así el impacto económico y poniendo en riesgo la cohesión política y social.
Durante esta crisis, el FMI no ha perdido de vista su labor en lo concerniente a la gobernanza y la lucha contra la corrupción. Nuestro mensaje para todos los gobiernos ha sido claro: gasten todo lo que necesiten, pero guarden los recibos, porque no queremos que en ese proceso la rendición de cuentas quede en el olvido.
En cuanto a la concesión de préstamos, hemos realizado rápidos desembolsos de financiamiento para atender necesidades urgentes. Al mismo tiempo, se ha previsto una ampliación de las medidas de gobernanza para rastrear el gasto relacionado con la COVID-19 como parte del financiamiento de emergencia concedido a los países para combatir la pandemia.
Los países prestatarios se han comprometido a i) realizar y publicar auditorías independientes ex post respecto al gasto relacionado con la crisis y ii) publicar en el sitio web del gobierno las compras y contrataciones vinculadas con la crisis, incluyendo la identificación de las empresas adjudicatarias y sus beneficiarios efectivos. El FMI también se aseguró de que los recursos de emergencia estén sujetos a la política de evaluación de salvaguardias de la institución.
Una reforma a largo plazo más allá de la crisis
Las salvaguardias en materia de gobernanza para la asistencia de emergencia en el marco de la COVID-19 son parte de una iniciativa más integral del FMI orientada a mejorar la buena gestión de gobierno de sus países miembros y sus esfuerzos para combatir la corrupción.
En los últimos años, el FMI ha intensificado significativamente su foco en la gobernanza y la corrupción. En 2018, adoptamos un marco reforzado a fin de lograr que nuestra labor con los países sea más franca, imparcial y eficaz. Esto sentó las bases para nuestra política y respuesta de financiamiento ante la COVID-19, ámbito en el cual una gobernanza más sólida tiene aún mayor importancia.
Recientemente evaluamos los avances logrados en los últimos años y publicamos nuestras observaciones en un análisis del personal técnico. Los aspectos más destacados son los siguientes:
• Mantenemos con los países un diálogo más franco y profundo sobre temas de gobernanza. Según muestra un análisis con minería de textos, aumentamos la cobertura de temas relativos a la gobernanza y la corrupción en nuestras evaluaciones anuales de la salud económica de los países y en nuestros programas de préstamo. Las referencias relacionadas con la gobernanza se duplicaron con creces en los informes del personal técnico durante los 18 meses posteriores a la aprobación de dicho marco por el FMI, en comparación con 2017.
En 2019, el FMI debatió con los países el tema de la gobernanza con una frecuencia cuatro veces mayor que el promedio registrado en los diez años anteriores. Muy recientemente —por ejemplo— nuestra labor de supervisión se ha centrado en la gobernanza y las operaciones del banco central en Liberia, la fiscalización del sector financiero en Moldova y las normas anticorrupción en México. El personal técnico del FMI está proponiendo recomendaciones más concretas en materia de gobernanza y lucha contra la corrupción.
• Los programas de préstamos respaldados por el FMI incluyen una condicionalidad específica relacionada con reformas en el ámbito de la gobernanza y la lucha contra la corrupción, y ahora las mejoras relativas a la gobernanza son un objetivo central de muchos programas
• Hemos intensificado las actividades de asistencia técnica y capacitación para ayudar a los países a fortalecer su gestión de gobierno y sus medidas de lucha contra la corrupción. Procuramos ayudar a los países a mejorar la gobernanza en ámbitos tales como administración tributaria, fiscalización del gasto, transparencia fiscal, supervisión del sector financiero, instituciones de lucha contra la corrupción, y declaración de bienes por parte de los altos funcionarios. Esta labor incluye misiones de diagnóstico de gobernanza en una decena de países, las cuales comprenden un análisis detallado de las deficiencias en materia de gobernanza teniendo en cuenta los marcos jurídicos, y la propuesta de soluciones y su orden de prioridad.
• Asimismo, hasta ahora diez economías avanzadas —Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido, la República Checa y Suiza— han participado en la evaluación voluntaria de sus marcos nacionales para limitar las oportunidades de corrupción transnacional. El propósito de las evaluaciones, realizadas por el FMI, es determinar el grado en el cual un país hace dos cosas: 1) penaliza y persigue judicialmente los actos de cohecho cometidos por funcionarios públicos extranjeros y 2) impide que los funcionarios extranjeros oculten el producto de la corrupción en su propio sistema financiero o en la economía nacional. El FMI insta encarecidamente a los países miembros a que se ofrezcan voluntariamente para participar en estas evaluaciones en el marco de los exámenes anuales de la salud de su economía.
Poner freno a la corrupción exige que haya gobiernos comprometidos con las reformas, la cooperación internacional y un esfuerzo conjunto con la sociedad civil y el sector privado. También requiere voluntad política y tenacidad en la implementación de las reformas durante meses y años.
Esta crisis nos llevará a agudizar nuestro enfoque en la gobernanza durante los próximos años debido a los devastadores efectos y costos de la pandemia para las personas y las economías. Los países no pueden permitirse perder valiosos recursos en los mejores momentos, y menos aún durante y después de la pandemia. Si alguna vez ha habido un momento propicio para adoptar reformas anticorrupción, ese momento es ahora.
PUBLICADO ORIGINALMENTE EN https://blog-dialogoafondo.imf.org/
