Durante una rueda de prensa ofrecida este martes, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, detalló las fases agotadas en la emisión del decreto 270-20, que aprueba el Aeropuerto Internacional de Bávaro, y el papel que jugó la institución que dirige.
La presidencia de la República colgó las explicaciones de Espinal en su página presidencia.gob.do en las que se explica que ante la solicitud que el 31 de octubre de 2019 sometió el Grupo ABRISA y la empresa Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) a la Comisión Aeroportuaria, esta emitió la Resolución núm. 6796, del 23 de enero de 2020, mediante la cual otorgó su no objeción al desarrollo, construcción y explotación económica del proyecto de Aeropuerto Internacional de Bávaro, cuya inversión y costo total será responsabilidad exclusiva de las referidas entidades privadas”.
Flavio Darío Espinal señaló que el 29 de enero de 2020, mediante el oficio número 0000072, la Comisión Aeroportuaria remitió al Poder Ejecutivo, para su consideración, la referida resolución a fin de que, si lo considerase pertinente, procediese a aprobar el establecimiento de dicho proyecto de aeropuerto en virtud de la potestad que le otorga el literal r del artículo 26 de la Ley 491-06 de Aviación Civil de la República Dominicana.
Asimismo, “instruir la suscripción de un contrato entre el Estado dominicano y el referido grupo empresarial en los mismos términos y condiciones que los contratos formalizados con las demás empresas operadoras de aeropuertos internacionales de propiedad privada en el país, los cuales son el Aeropuerto Internacional del Cibao, el Aeropuerto Internacional de La Romana y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana”.
“Dado el carácter altamente especializado de esta materia, integré un equipo de abogados de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, encabezado por un servidor, para realizar un estudio tanto histórico como legal sobre el régimen aeroportuario del país de modo que, llegado el momento, la Consultoría Jurídica estuviese en condiciones de orientar, desde el punto de vista legal, la decisión que eventualmente pudiese tomar el presidente de la República en virtud de sus potestades constitucionales y legales”.
Afirmó que, paralelamente, el 19 de mayo de 2020, mediante el oficio núm. 0235, el Poder Ejecutivo solicitó al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), en su condición de ente especializado en garantizar la seguridad operacional de la aviación civil en el país, un informe técnico sobre el proyecto de Aeropuerto Internacional de Bávaro para edificarse en su toma de decisión.
“Aunque la ley no dispone de manera expresa que el Poder Ejecutivo debe solicitar dicho informe previo a emitir su aprobación, este consideró idóneo y una buena práctica administrativa requerirlo para sustentar cualquier decisión que pudiese resultar de este proceso”, manifestó.
