El abogado José Ricardo Taveras consideró, que el reciente anuncio del Lic. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, en el sentido de que inminentemente se pretende aprobar el nuevo código penal extirpando la penalización del aborto con el aducido objetivo de “destrabarlo”, con la promesa probable de que se sometería a debate una ley especial sobre las tres causales, constituiría una despenalización automática y una elusión de responsabilidad de los nuevos integrantes del congreso, lo cual no considera que sea la intención de la propuesta.
Adujo, que “ciertamente, la medida podría viabilizar el acuerdo bicameral para la aprobación del nuevo código penal, pero eso no necesariamente evitará que la nueva iniciativa de despenalización por las tres causales consiga el mismo consenso, lo que se llevaría de encuentro el código vigente, y en consecuencia, dejaría automáticamente despenalizado el aborto en todos los casos, en términos prácticos.”
Taveras Blanco, quien en su condición de ex diputado presidió durante siete años la comisión bicameral que rindió el informe que sobre el nuevo código penal se encuentra pendiente de aprobación, con escasas modificaciones durante los últimos 10 años, lamentó que el congreso, con su actitud, “esté mandando un pésimo mensaje a la nación al considerar que los preceptos constitucionales se interpretan de manera conveniente y no conforme a la soberanía de sus mandatos, que los vinculan precisamente ellos más que a nadie, que son los primeros que los deben hacer valer, dejando bien sentado que cuando la constitución dice NO, es NO.”
El también secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), mediante nota de prensa, expresó que eso es posible porque el congreso se ha abandonado en los brazos de la presión de los grupos de interés, en vez de acogerse a la ciencia como único medio posible para legislar sobre un tema tan delicado como es la protección que el Estado dominicano le debe al bien jurídico de la vida, que entre nosotros está protegido desde la concepción hasta la muerte. “Todo, porque nuestro congreso no acaba de entender, que suspensión de embarazo y aborto son un mismo elemento fáctico, pero en un caso es una salida quirúrgica a un evento clínico "x", y en otro, es un crimen, uno pertenece a la medicina, el otro al derecho penal, por lo que, al actuar de ese modo, se suma inexcusablemente al debate de la torre de Babel que han generado los intereses de las grandes corporaciones farmacéuticas mundiales frente al tema, por sólo citar uno de los grupos que financiar a través de Naciones Unidas el tema.”
Precisó que no es cierto que los médicos, en el actual estadio legal de la República Dominicana, tenga ningún tipo de responsabilidad penal por el hecho de interrumpir un embarazo, siempre y cuando exista un protocolo clínico que obligue a que así sea, “no sólo porque esta amparado y protegido en la normativa legal que regula su ejercicio, para el cual tiene licencia oficial del Estado, sino porque es universalmente admitido por el derecho penal, que los médicos gozan de una causa profesional de exclusión de punibilidad y responsabilidad, en todos los casos en que actúan en tal calidad, por aplicación del principio del mal menor o del efecto indirecto, a lo que habría que agregar que el mismo proyecto del nuevo código penal establece claramente entre sus causales de inimputabilidad la fuerza irresistible y el error invencible. El congreso no está supuesto a ignorar eso y debe actuar en consecuencia.”
El también ex director general de migración invitó a los señores Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco O., presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, a fin de que antes de tomar una decisión de esa naturaleza abran sus propósitos a la sociedad y escuchen las visiones encontradas, ofreciéndoles que le permitan colaborar para la edificación de los nuevos congresistas sobre el dilema del legislador frente al drama del aborto, que no es un tema de naturaleza ideológica, sino científica.
