Desde los primeros días de la campaña electoral otean las posiciones de mayor acumulación monetaria, por remuneración o por gestiones colaterales sin importar el contenido del programa de gobierno de su partido o el discurso de asunción de su presidente proclamando cambios radicales y la plena entrega al servicio de ciudadanos hartos de promesas y desplantes.
Por eso es vital en el proceso comicial vociferar tras los pasos del líder y el cansón declaracionismo, lo que imposibilitaría al firmante de los decretos olvidar o relegar sus nombres. La alineación de estos oportunistas con los compromisos asumidos por el nuevo mandatario, es solo de palabras.
Hay otro amplio grupo con aspiraciones políticas legítimas que identifica instituciones, que al servirlas adecuadamente buscan posicionarse de cara al futuro mediato. Unos con sentido histórico y otros, a veces con poco disimulado apuntalamiento populista y diseñada proyección mediática.
Los presidentes como los buenos dirigentes deportivos proyectan desplegar sus mejores hombres y mujeres en función de un mayor rendimiento al equipo, lo que se ve obstruído por los compromisos políticos y las apetencias personales y de grupos. Aunque en ocasiones la alineación la pauta el temprano interés continuista de los mandatarios.
La primera designación marca el arranque de las manifestaciones de disgustos entre familiares, compañeros de partidos, financiadores de la campaña, dirigentes de partidos aliados, grupos electorales de apoyo, amigos, excompañeros de estudio, opinadores, en fin todos aquellos que asumen que fueron determinantes en el triunfo.
El control absoluto logrado por el PLD en los últimos 16 años provocó un creciente reclamo de cambio y de la plena independencia de los poderes públicos y los órganos constitucionales y de cese de la corrupción y la impunidad, grito que asumieron el PRM y Luis Abinader, levantando la bandera de un ministerio público independiente.
Los dominicanos premiaron el compromiso y Abinader lo reiteró en la transición, en su discurso inaugural y en los primeros decretos y al tomar el juramento de manera exclusiva a Miriam Germán y Yeni Berenice Reynoso, como procuradora general y adjunta, respectivamente y a doña Milagros Ortiz, posteriormente como directora de Ética Gubernamental envió mensajes convincentes.
Mandatarios, desde 1966 (hasta Joaquín Balaguer) a la fecha han hecho fervientes compromisos de transparencia y de respeto a los otros poderes públicos, pero hasta el momento ninguno se había desapoderado de la Procuraduría y de la Dirección de Contrataciones Públicas y la promesa de no colocar partidarios en la Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, Junta Central Electoral , Tribunal Superior Electoral y Tribunal Constitucional que sufrirán cambios en los próximos meses.
Lo cierto es que es demasiado hermoso para ser cierto y ya se notan mal disimuladas aspiraciones de miembros del partido de gobierno para esos organismos y designaciones dispuestas por Abinader que provocarán serios conflictos de intereses y grupos empresariales con amplios campos de dominio en la administración pública. Desde el PRM se reclama mayor participación a las bases y se comienza a recelar de los “advenedizos” y se pelea por cargos.
Abinader , que afronta una crisis sanitaria y económica sin precedentes y con el inicio del año escolar sin definición, precisa de un gobierno alineado en la solución de estos temas, con énfasis en contención de muertes y contagios por Covid-19, aplicación de más pruebas PCR, efectivo apoyo a las mypimes, mitigación daño a los trabajadores informales.
El gobierno aún no concluye su instalación y aunque es una semana contra 16 años del PLD, exfuncionarios como Jaime Aristy Escuder, saliente administrador de la cuestionada planta Punta Catalina, insiste en hablar de una “España boba”.
