Crece oposición de sectores a la modificación de que fue objeto la Ley del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) para permitir que el abogado Wellington Arnaud pueda asumir como director de dicha institución cuando debiera ser un ingeniero con grado en especialización en ingeniería sanitaria.
El presidente Luis Abinader emitió un decreto el mismo día 16 de agosto para designar a Arnaud como director interino del Inapa. Este ha asumido su papel como director ejecutivo, desde el pasado 17 de agosto como encargado de esa dependencia del Estado.
El Gobierno ha justificado dicha designación porque responde al interés de hacer alianzas público-privadas para construir acueductos en el todo país.
La designación ni la explicación del gobierno ha sido vista como correcta:
El jurista Francisco “Pancho” Álvarez, excoordinador de Participación Ciudadana, opinó en una reseña del periódico hoy que es una práctica incorrecta modificar una ley para que una persona en específico ocupe una posición dentro de una institución.
“Estos requerimientos que establece la ley no pueden modificarse de tiempo en tiempo para acomodar a las personas que se quieren designar en esa entidad”, señaló Álvarez.
Sostuvo que aunque se ha argumentado que la pieza legislativa data de hace un mes para así dar a entender que su propósito no es acomodar a un individuo, la percepción que se ha creado es que se quiere modificar la ley para eliminar un requisito y que así Arnaud pueda asumir el puesto directivo.
Por su lado el ingeniero Guillermo Caram, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), manifestó sentirse “avergonzado” por el “atropello” ocurrido en el Congreso Nacional tras los aprestos de modificar la Ley que crea el Inapa para acomodar la designación de una persona al frente de la entidad.
Con esto “se pretende legalizar la violación incurrida por el Gobierno al designar como director a una persona que no cumple los requisitos establecidos en la ley”.
Afirmó que era evidente que desde la pasada legislatura se “venía cocinando” una iniciativa en esa dirección, emitiendo “una señal peligrosa de fijación mental, habida cuenta que el hoy favorecido se desempeñaba como legislador”.
Adujo que la defensa del Gobierno a la decisión de la Cámara de Diputados del pasado viernes “evidencia la intervención gubernamental en lo que parecía ser una iniciativa legislativa”.
En tanto el Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (Codia) expresó su oposición a que sea modificada la Ley 5994, que crea el Inapa, para adecuarla a que Wellington Arnaud pueda ser designado director ejecutivo de la entidad.
“El Codia se opone tajantemente a dicha modificación, en vista de que el Inapa es un organismo de carácter técnico”, expresó el gremio en espacio pagado, publicado es este diario.
Señaló que el recurso agua es transportado y almacenado en estructuras civiles y electromecánicas, que conlleva procesos físicos-químicos-bacteriológicos, para que llegue saludable a la población, por lo que como expresa la ley que crea el Inapa, debe estar bajo el control ejecutivo de un ingeniero con especialidad sanitaria.
El gremio que agrupa a los ingenieros dijo que cada vez más los profesionales se sienten burlados y desmotivados, por la tendencia de los gobiernos de designar personas formadas para desempeñar una posición en la administración pública, pero no un puesto que requiera preparación técnica profesional puntual.
De igual manera, la Fuerza del Pueblo, a través de su dirigente, Radhamés Jiménez, calificó como una decisión desafortunada la modificación en la Cámara de Diputados de la Ley del Inapa para permitir que Wellington Arnaud, sea su director ejecutivo.
Indicó que iniciando el Gobierno y en medio de un discurso de cambio “modificar una ley para satisfacer un caso de manera particular es muy cuestionable” y que eso es la realidad.
Precisó que ciertamente se han registrado casos en instituciones Estado donde personas que no responden a lineamientos profesionales de las mismas han ocupado esa posición.
“Se ha visto que muchas instituciones, por ejemplo, como el Ministerio de Obras Públicas donde han sido designado personas que no necesariamente son ingenieros y han realizado una excelente labor, porque lo que se trata es de gerencia”, enfatizó.
Consideró que aunque lo ideal y procedente es nombrar a una persona especializada no quiere decir que no pueda ocupar esa posición un profesional de otra área.
No obstante, en declaraciones al Diario Libre, Jiménez dijo que se debe cumplir con las leyes.
“Creo que no hay que ajustar una ley, hacer un traje a la medida para satisfacer un asunto de carácter personal, en el futuro pudiera revisarse esa ley, pero no con miras satisfacer el interés particular de una persona”, aseguró.
También la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se sumó a la reprimenda publica al gobierno central y al nuevo Congreso Nacional por la modificación de una ley solo para favorecer a un funcionario en particular.
«Desde FINJUS consideramos que resulta contraproducente el mensaje que se envía desde la estructura estatal y congresual recién conformada al promover una modificación legislativa a ultranza para favorecer de manera particular a un funcionario público, en desmedro de la esencia del accionar legislativo que ha de ser la orientación al interés general», dijo Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus.
