Por Isabel Ortiz y Leo Baunach
NUEVA YORK/WASHINGTON, 2 sep 2020 (IPS) – El 27 de agosto, el Banco Mundial anunció que suspendía el informe Doing Business por irregularidades en los datos, hasta que se realice una auditoría y revisión. Sindicatos, académicos y grupos de derechos humanos recibieron positivamente la suspensión del informe.
El informe Doing Business del Banco Mundial analiza el clima para los negocios en 190 economías, clasificando los países según las regulaciones corporativas y empresariales. Cuantas más se reduzcan las regulaciones, mejor se sitúa a un país en la clasificación o ranking.
La mayoría de los indicadores se basan en un estudio de caso estandarizado, como las condiciones que enfrenta una pequeña empresa en la ciudad comercial más grande, el estudio representa a todo el país.
Los informes mundiales que presentan estadísticas internacionales comparables son muy valorados.
Por ejemplo, el muy aclamado Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presenta el progreso nacional en materia de desarrollo social a través de un conjunto de indicadores que se actualizan anualmente. El Informe sobre Desarrollo Humano sirve para presionar a los gobiernos para que se desempeñen mejor en educación, salud y otras áreas de desarrollo social al comparar los logros en las dimensiones básicas del desarrollo humano entre países.
En contraste, el informe Doing Business del Banco Mundial socava el progreso social y promueve la desigualdad. Desde su lanzamiento en 2003, el Informe Doing Business ha generado indignación por su sesgo anti-regulaciones.
Inspirado en el «Índice de libertad económica» de la conservadora Fundación Heritage, el informe ha alentado a los países a participar en la «experiencia de desregulación» que incluye reducciones en la protección del empleo, limitar las contribuciones a la seguridad social (denominadas «impuestos laborales») y menores impuestos.
En el informe, un país se sitúa en una mejor posición cuando sus contribuciones a la seguridad social son bajas, es decir, cuando los empleados tienen menores beneficios de protección social para sus familias y se jubilan con pensiones bajas.
Los países también obtienen una mejor clasificación en el ranking si los impuestos a los ingresos empresariales son bajos, sin importar si esto generará más desigualdad y privará de recursos para el desarrollo sostenible nacional.
Por ejemplo, India ha mejorado su posición en el ranking internacional, ya que el gobierno ha erosionado las protecciones ambientales y laborales y ha reducido los impuestos corporativos, resultando en impactos sociales negativos.
Después de la crisis económica mundial, el Banco suspendió el indicador de flexibilidad del mercado laboral del informe. Sin embargo, los datos sin procesar todavía se publicaban hasta que el Congreso de los Estados Unidos detuvo los esfuerzos para reactivar el indicador.
En 2013, un panel de inspección independiente establecido por la junta ejecutiva del Banco Mundial y dirigido por Trevor Manuel, recomendó que se suspendiera el uso de las clasificaciones/ranking.
El panel también recomendó la eliminación permanente de los indicadores de flexibilidad del mercado laboral y de impuestos, ya que este último penaliza a los países que exigen que las empresas paguen impuestos o aporten a pensiones y otros beneficios de protección social que sostienen a los hogares.
El panel de inspección independiente del Banco Mundial también expresó preocupación de que el informe «tiende a ignorar los efectos positivos de la regulación», y destacó la falta de datos («caja negra») y las «prácticas selectivas» sobre documentos justificativos.
Una fuente clave de información para el informe son las encuestas completadas por consultores corporativos y bufetes de abogados, no empresas dedicadas a actividades productivas cuyas necesidades suelen ser diferentes de las prerrogativas ideológicas del informe, como beneficiarse de un piso de protección social y de inversión en infraestructura financiada con impuestos.
La administración del Banco no solo rechazó casi todas las recomendaciones hechas por el panel independiente de 2013, sino que continuó utilizando el informe para orientar los programas y préstamos en los países en desarrollo, un hecho denunciado por la sociedad civil.
Mientras tanto, comenzaron a surgir preguntas sobre la integridad del informe.
En enero de 2018, Paul Romer, economista jefe del Banco Mundial, señaló que la «motivación política» del personal del Banco podía haber contribuido a una caída de Chile en el ranking bajo la presidencia socialdemócrata de Michelle Bachelet.
Romer dimitió después de que la dirección del Banco desautorizara sus comentarios.
Una auditoría encargada por el Banco en 2018 no encontró evidencia de interferencia, pero detalló cambios metodológicos constantes que quitan significado a cambios en la posición en el ranking internacional.
Después se descubrió que fueron cambios en la metodología (en lugar de reformas) los que explicaban la mayor parte del ascenso de India en el ranking.
El gobierno del primer ministro Narendra Modi presionó por una metodología favorable y, cuando fue rechazado, buscó «engañar al sistema» con reformas seleccionadas para aumentar artificialmente la posición del país.
La última semana de agosto, el informe trajo el último escándalo.
“Se han reportado varias irregularidades con respecto a cambios en los datos en los informes Doing Business 2018 y Doing Business 2020”, dijo el Banco Mundial el 27 de agosto. Esto significa que se sospecha de interferencia en 2017 pero no se mostró en la auditoría de 2018.
Académicos, juristas y sindicatos han señalado cómo las preferencias ideológicas y técnicas del informe actúan contra el desarrollo económico y social. El informe incluso está en desacuerdo con el enfoque del mismo Banco Mundial, como el manual «Equilibrando las Regulaciones para Promover el Empleo«.
Independientemente de la manipulación de datos, el informe Doing Business siempre ha generado interferencias ideológicas en la formulación de políticas públicas.
Si el Banco se aferra a esta reliquia, como mínimo debe eliminar los elementos más regresivos, las secciones sobre contribuciones a la seguridad social e impuestos corporativos, y seguir las recomendaciones del panel independiente de 2013.
Estos indicadores van en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los derechos humanos y de convenciones internacionales acordadas por todos los países.
Continuar usando el perfil y el nombre del Banco Mundial para promover menos protección para los trabajadores, menos beneficios de seguridad social y menos impuestos corporativos, solo aumentará la desigualdad y empeorará los efectos de la pandemia covid-19.
Es hora de poner fin al informe Doing Business.
Isabel Ortiz es directora del Programa Global de Justicia Social en la Iniciativa para el Diálogo en Nueva York. Antes fuedirectora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Fundación de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), así como oficial del Banco Asiático de Desarrollo y de las Naciones Unidas.
Leo Baunach es director de la Oficina de Washington de la Confederación Sindical Internacional y del grupo de Sindicatos Globales.
