Extenso como la palabra que encierra ese atributo básico de un estado derecho es el camino que queda por recorrer para construirla en República Dominicana.
La asimilación y defensa de la Constitución choca con las distorsiones de la larga tradición del presidencialismo y la consecuente afectación de los poderes de contrapeso y los órganos constitucionales reguladores.
Caudillos de prolongados mandatos que rompieron constituciones y leyes como papeles viejos, instalaron en el imaginario nacional la omnipotencia de sus figuras.
La democracia requiere de líderes que respeten las reglas de juego del contrato social, pero es fundamental el entrenamiento democrático, la comprensión ciudadana del rol de vigilancia y fiscalización ante el poder.
A los presidentes hay que enfrentarlos desde los primeros decretos para evitar brechas que luego se conviertan en honduras por las que puedan colocarse violaciones a las leyes y hasta una viciosa modificación constitucional cualquier tarde.
Y hay que acompañarlos y apoyarlos en aquellas decisiones en que la asimilación ciudadana de la tradición caudillesca y los intereses personales y grupales dificultan la profundización del ejercicio democrático.
El respaldo social fue fundamental para que el presidente Luis Abinader mantuviera la promesa desprenderse de su brazo persecutor y nombrar un ministerio público independiente, pese a resistencia partidaria interna y de voces tradicionales acostumbradas a los conciliábulos políticos.
Es una experiencia nueva que asusta a muchos que ocuparon puestos públicos y una parte de los nuevos incumbentes, ya que en el partidarismo tradicional no se concibe ni se tolera una justicia independiente. No hay a quién llamar ni excusas escudadas en la “gobernabilidad”.
Otro elemento que abona la institucionalidad es que el ministerio de Defensa se encargará de todo lo militar, sin que el espaldero del mandatario disponga o influya en las designaciones de puestos militares o encargados de instituciones especializadas. La Policía Nacional deberá responder al ministerio de Interior y Policía.
La ausencia del elemento partidario en el órgano regulador de las contrataciones públicas reduce las posibilidades de corrupción en las adquisiciones de bienes y servicios, sin que esto implique necesariamente que los políticos sean más corruptos que los apartidistas.
Abinader ha extendido la descontaminación partidaria a la selección de los miembros de la Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, Tribunal Superior Electoral, y aunque no lo ha mencionado de manera específica, se supone abarca la selección del Defensor del Pueblo.
Sin embargo, desde el partido oficial, hay dirigentes que mantienen campañas, abiertas o al través de terceros promoviendo candidaturas a puestos en algunas de las entidades citadas.
El mandatario reiteró su promesa durante el periplo del jueves último en búsqueda de consenso con los principales líderes de oposición para enfrentar las crisis sanitaria y económica, pero algunos sectores dudan se concrete la visión apartidista, rendija que aprovechan perremeistas interesados y circunstanciales aliados en otros partidos para desacreditar a los “independientes”.
En el congreso nacional, criticado bajo acusación de actuar como “sello gomígrafo” del Poder Ejecutivo, es difícil que Abinader auspicie absoluto libre albedrío de los legisladores del PRM, aunque ha prometido respeto al primer poder del Estado.
De otro lado, es fundamental que el Ejecutivo no interfiera en las decisiones técnicas del ministerio de Medio Ambiente, y que en éste no se repitan las escandalosas decisiones en favor de intereses económicos y políticos.
La situación es tan sencilla, como respetar la Constitución y las leyes, que implica que no se puede nombrar un ministro, donde no existe ministerio y que todos los ministros deben tener derechos políticos. Y que no se auspicia la modificación de una ley para favorecer a una persona.
