En rueda de prensa celebrada esta mañana, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, demandaron al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, el cierre inmediato de la Central Termoeléctrica Punta Catalina hasta tanto sea convertida a gas natural.
La periodista Ingrid Paulino, vocera de las entidades y residente en Don Gregorio, Nizao de la provincia Peravia, leyó la carta que fuera depositada en el día de ayer, solicitándole al ministro de Medio Ambiente una cita para exponerle la gravedad de la catástrofe ambiental y sanitaria que está provocando la contaminación de Punta Catalina y entregarle el estudio de factibilidad técnica y económica de la conversión a gas natural de esa central realizado por la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW), de Oregón, EUA.
Las entidades justificaron el pedimento de cierre de la termoeléctrica por las violaciones que ha incurrido de la Constitución de la República, de la Ley Ambiental 64-00, y de la Licencia Ambiental No. 0267-14 otorgada el 14 de agosto de 2014 a esa central.
Recordaron que depositaron ante la Procuraduría especializada en Medio Ambiente dos denuncias, la primera, el 28 de mayo de este año por el incumplimiento de las normas internacionales sobre las emisiones de gases ácidos y micropartículas, y la segunda el 30 de junio, por las montañas de cenizas tóxicas de Punta Catalina arrojadas a la intemperie.
Dijeron que a estas dos denuncias, se suma ahora la denuncia pública que han hecho sobre la desaparición de 6 kilómetros de playa por el cambio de dirección de la marea y de la rompiente marina a causa de la construcción del espigón de un kilómetro doscientos metros para el puerto carbonero de la termoeléctrica.
Señalaron que documentaron el pasado sábado, 5 de septiembre, con fotos y videos el vertido de agua a altísima temperatura de esta central en el mar proveniente de las calderas, matando los corales, las algas, microorganismos y toda la fauna y flora costero-marina de esta parte del litoral Sur del país.
Manifestaron que la intervención del Ministerio de Medio Ambiente debe ser de carácter urgente y firme para preservar vidas, ecosistemas y prevenir daños irreversibles en la zona de influencia directa de las plantas de carbón de Punta Catalina.
Indicaron que la población de la provincia Peravia, especialmente las cien mil personas directamente afectadas, tienen el derecho constitucional a la salud y al goce de un medio ambiente sano. “Esta población no puede ser exceptuada de este derecho por ninguna razón o pretexto”, agregaron.
