La prisa no es la mejor consejera cuando se tiene autoridad para decidir sobre la vida, libertad, bienes y reputación de las personas. La rabia popular o mediática no puede marcar la velocidad del ministerio público para la persecución de hechos punibles.
Y muchos menos cuando se trate de la investigación y persecución de corrupción en la administración pública, con hábiles exfuncionarios con mil formas de escamotear la documentación de los hechos que permitan su validación en los tribunales y que han amasado recursos millonarios para procurarse la mejor defensa jurídica.
Peor que la corrupción es fallar en su efectiva persecución y sanción por atender a los tiempos de la justa indignación ciudadana por el robo al erario. Luego, similar o mayor enojo se vuelve contra el persecutor.
Es fundamental liquidar la vieja práctica del oportunismo político de un enorme ruido inicial, con expedientes maliciosamente mal estructurados, saciar el circo y reeditar posteriormente las mismas o peores acciones de latrocinio. Es rica la historia reciente en este tipo de casos.
Además, no es lo mismo la sustitución de un gobierno de cuatro años, que sólidas estructuras corrompidas labradas durante varios cuatrienios. En particular el último período que causó gravísimos daños institucionales. El ministerio público frenó la persecución de la corrupción, y en casos como Odebrecht, obligado a actuar ante la confesión de la compañía, manejó políticamente el expediente con la dirección del Palacio Nacional.
Los funcionarios del gobierno de Luis Abinader, al margen de que denuncien ante los medios de comunicación irregularidades administrativas de las anteriores autoridades, están obligados a documentarlas ante de ser enviadas al ministerio público. Eso manda una seria persecución de la corrupción. Lo otro es bulto o complicidad con los corruptos.
Abinader envió un claro e importante mensaje, ordenando a la Contraloría realizar investigaciones administrativas, mientras varios funcionarios han solicitado auditorías a la Cámara de Cuentas, cuyo mandato finaliza y que registra un serio déficit de credibilidad. No pueden saltarse los mandatos legales, previo a ir a la Procuraduría General de la República. El “estado policial” es cosa del pasado, o para mayor apego a la realidad, tiende a desaparecer.
El país no soportaría otro fracaso en la lucha contra la corrupción, lo que entronizaría definitivamente la impunidad en el país, con el completo envilecimiento de la sociedad dominicana. Sería absoluta frustración y desesperanza.
La procuradora General de la República, Miriam Germán hace lo correcto al preparar y fortalecer su equipo de apoyo técnico y legal, previo a emprender la investigación y persecución de denunciados hechos de corrupción y de asumir varios casos que manejaba la Fiscalía del Distrito Nacional. Además, busca documentos que maliciosamente se intentaron desaparecer.
Germán, exjueza suprema ha realizado reestructuraciones y buscado a quienes entiende los mejores hombres y mujeres para la delicada tarea, a sabiendas de que no puede fracasar por fallas morales o técnicas de sus colaboradores.
La funcionaria ha dicho que no va a perseguir a nadie en particular y en cuanto a los actores judiciales ha dicho que los jueces no pueden suplir las deficiencias de los fiscales. Lo planteó en el caso Odebrecht, como presidenta de la Cámara Penal, lo que trituró la engañifa de perversas inclusiones y políticas exclusiones montada por el entonces jefe del ministerio público Jean Alain Rodríguez. Esto provocó una campaña de difamación en su contra desde el mismo Consejo Nacional de la Magistratura de parte de Rodríguez y avalada por el presidente Danilo Medina.
La prisa, daña. Es justicia; no linchamientos. La justicia es también sopa que se sirve fría. “No os desesperéis”.
