El presidente Luis Abinader habló el pasado miércoles al país con motivo de su primer mes de gobierno, pero la novedad no estaba en nada de lo que dijo, que en las frecuentes apariciones públicas que ha tenido desde su juramentación ya lo había expuesto, sino en el anuncio que hizo al día siguiente el ministro de Hacienda, Jochy Vicente, del endeudamiento adicional por 3,800 millones de dólares para cerrar el año, lo que agrava el problema que ellos mismos se habían encargado de pregonar como insostenible: la carga de la deuda que solamente en el pago de los intereses se tragaba un tres por ciento del producto interno bruto, y que con las amortizaciones de capital, se encaramaba en un siete por ciento.
Lo de las inversiones para enfrentar la pandemia del Covid19 lo había anunciado en una rueda de prensa en su primera semana; para del dinero entregado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) había girado una visita a esa institución; lo de los cinco mil millones de pesos a tasa cero para auxiliar a productores agrícolas lo dijo en su discurso inaugural; lo de Pedernales lo había hecho en su primera salida al interior del país; los de la Autopista del Ámbar, estuvo en su discurso y en la visita a Santiago de los Caballeros; y, para las averiguaciones que hará sobre el comportamiento de las autoridades anteriores, había hecho una actividad en Palacio, donde dispuso que Contraloría levantara auditorías, asumiendo el rol que la Constitución reserva a la Cámara de Cuentas.
Igual ocurrió con lo del turismo y Manzanillo, también hubo actividades para darlos a conocer.
Todas esas cosas además las había reiterado en los encuentros sesgados sustentados con comunicadores por lo que su breve alocución no generaba ningún titular que escapara a la calificación de refrito.
No obstante hay que saludar el espíritu del mensaje que se ha hecho prevalecer en todas sus exposiciones: si se detectan anomalías que sugieran usos inapropiados del erario, irán a conocimiento de la justicia.
Pero lo que realmente reviste de interés noticioso, no lo informó el presidente sino el ministro de Haciendas. Aún en medio de todos los percances la República Dominicana colocó una emisión de bonos soberanos por concepto de 3,800 millones y recibió ofertas por encima de los nueve mil millones, lo que es bueno porque se dispondrán de recursos para enfrentar el desplome de los ingresos y los incrementos de gastos para enfrentar la pandemia y auxiliar a los sectores desvalidos por los efectos de la parálisis económica.
La colocación habla muy bien de la imagen que se ha labrado la nación duartiana en los mercados internacionales; nos saca de apuros, pero tiene necesariamente que incrementar las preocupaciones porque nos augura un futuro nebuloso.
De inmediato está la tarea de la elaboración del presupuesto para el año 2021, que en no menos de un 50% también tendrá que depender de nuevos endeudamientos, imposibles de asumir sin agendar una reforma fiscal de un terrible impacto para la gobernabilidad.
El gobierno tiene las esperanzas cifradas en los instrumentos financieros que la nueva ley de alianza público-privada que dejó aprobada la administración del presidente Danilo Medina, que abre las puertas para que el capital privado pueda echar hacia adelante un conjunto de obras que las finanzas del Estado no permitirían llevar a cabo, pero que el impensable momento que vive la economía mundial también le impone limitaciones.
