Luis Rodolfo Abinader Corona, es el nuevo presidente constitucional de la República Dominicana, electo mediante una elección popular democrática y libérrima, que estuvo matizada por un proceso atípico cargado de grandes expectativas como consecuencia de la angustiante crisis sanitaria y terribles contracciones económicas que afectan al país.
La pandemia del Covid-19, alteró de forma exponencial, la vida de las personas y su manera de relacionarse entre sí, obligando a las pasadas autoridades, a encauzar medidas drásticas para limitar y detener no solo su propagación, sino también para proteger aspectos sensitivos de la democracia y la gobernabilidad.
Ahora, para salir de la crisis y avanzar hacia un proceso de recuperación y reconstrucción del aparato productivo nacional, el nuevo gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, necesitará recurrir al concurso y la cooperación de todos los segmentos de la vida nacional, suscitando un clima de entendimiento que deponga al interés particular y coloque en el centro de la ecuación al interés general, cómo estandarte para encaminar acciones en favor del bienestar común.
Por tanto, resulta sensata y muy oportuna, la convocatoria impulsada por el presidente de la república, a través del diálogo y la concertación con el liderazgo político de la oposición, para unificar criterios que permitan actuar en contra de la pandemia y, además, ayuden a impulsar iniciativas que contribuyan con el fortalecimiento de nuestra democracia.
Según hemos podido observar durante sus primeras semanas de gobierno, el presidente Abinader, está manejándose con un amplio sentido de la prudencia, siendo moderado, conciliador y cauteloso en sus decisiones para que, el triunfalismo, no afecte su imagen pública, ni tampoco se convierta en un rasgo distintivo de su gobierno, sino que, por el contrario, su rol, como jefe de Estado, juegue un papel de cercanía respecto al angustiante momento que vive la nación.
El presidente Luis Abinader, ha puesto de manifiesto su interés en mover a la sociedad, hacia una mejor disposición y comprensión de la necesidad de concertar un gran pacto social, para viabilizar los esfuerzos del gobierno y sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo que sea menos vulnerable y más incluyente y compatible con la preservación de la estabilidad socioeconómica de la nación.
Por ende, las acciones que deberá encaminar el Estado, para salir de la crisis sanitaria y enfrentarse, posteriormente, a la posible debacle de la economía, están claramente orientadas hacia un proceso de alianza estratégica público-privada que produzca un consenso entre los diversos sectores, incluida la oposición política, para garantizar un clima de estabilidad, gobernabilidad y paz social.
Sin embargo, existen otros retos y desafíos adicionales a la crisis, que deberán ser abordados en su momento por el presidente Abinader, respecto a las diversas expectativas que surgieron durante la campaña electoral.
Por un lado, afloran las presiones y exigencias de sectores radicales que reclaman su incorporación en el gobierno, generado un ambiente de agitación en contra de la gobernanza institucional, propiciada por el primer mandatario, mientras que, por otro lado, surgen voces de la sociedad civil, que exigen al gobierno, iniciar un proceso judicial, en contra de las pasadas autoridades, que ponga a rodar cabezas.
En ambos casos, el presidente Abinader, tendrá en sus manos, la decisión respecto a si, primero, atiende las exigencias de su partido e inicia un proceso de cancelaciones masivas que ponga en las calles a cientos de miles de personas que agravarían, aún más, la maltrecha economía familiar.
Y, segundo, autoriza que su gobierno inicie los trámites para abrir un proceso de sometimientos por corrupción administrativa, en contra de la pasada gestión peledeista, lo cual, ocasionaría un rompimiento automático de las conversaciones y el entendimiento con el principal partido de oposición, quien estaría poniendo trabas al proceso de concertación liderado por el mandatario.
En uno y otro caso, lo más recomendable es, precisamente, dejar trabajar al presidente de la república, en la ejecución de las tareas que son atinentes para devolver la normalidad al funcionamiento del Estado, y luego, dedicar tiempo y esfuerzo, en atender aquellos asuntos que contribuyeron con la consolidación de su triunfo en las pasadas elecciones.
Ciertamente, el tema de la corrupción administrativa representa un importante reto para las actuales autoridades, no solo moralmente, sino también socialmente, por consiguiente, el gobierno está obligado a responder de manera contundente ante los justos reclamos de la población, rescatando su confianza y creando conciencia sobre cuál es el verdadero rol del Estado.
No obstante, ahora, lo más importante, es generar un ambiente de armonía y sensatez, para que quienes gobiernan sean lo suficientemente prudentes cómo para deducir entre, cuándo se debe proceder en contra de un enemigo y cuándo se tiene que dialogar con ese mismo enemigo, sin imposiciones y el suficiente razonamiento para reconocer que, en tiempos de grandes adversidades, la prudencia se convierte en nuestra mejor arma.
Ayudemos al presidente Luis Abinader, a edificar su gestión sobre la base de un gran consenso nacional, requerido alrededor de las grandes propuestas que serán establecidas dentro de un gran pacto social y político, que deberá estar acompañado de un inminente y necesario pacto fiscal, por la educción, la salud, el trabajo, el medioambiente y la alimentación del pueblo dominicano.
Es hora de aunar voluntades para restablecer nuestra fuerza laborar que fue mermada en unos 1,300 millones de empleos, durante el recién pasado cuatrimestre del presente año, debido a las acechanzas y limitaciones, derivadas de la dinámica sanitaria internacional.
Es momento de mirar al futuro con optimismo, poniendo nuestra voluntad y esfuerzo al servicio de la propuesta programática del gobierno que procura direccionar un enfoque sistémico para asumir la complejidad del proceso de cambio que requiere la población, mediante la articulación de políticas públicas que repercutan en su calidad de vida, implementando programas de alto impacto social, focalizados hacia la educación, la salud, la alimentación y la seguridad ciudadana, entre otros.
La creación de un nuevo modelo de desarrollo económico, sustentado en un plan, a corto plazo para hacer más eficiente el gasto público y su capacidad productiva de bienes y servicios, fundamentándose en el incremento de la competitividad, mediante la inversión en capitales y equipos para generar empleos, mediante el encadenamiento de la economía solidaria, haciendo énfasis en el turismo, las zonas francas, la agropecuaria y la pequeña y mediana industria, será una de las principales tareas del Estado.
