El principio de legalidad que atañe al Estado, no siempre se materializa en la forma en que lo manda la ley porque todo depende de la coyuntura política en que el o la propuesta sea escogida. La primera incumbente llegó a la posición no como obra del azar sino fruto del cabildeo que se da en el seno del Poder Ejecutivo, aquellos con mayor cercanía al Príncipe son los escogidos, casi siempre debido a que el jefe de turno del Poder Ejecutivo, si no está debidamente informado, acepta las sugerencias que le hacen sus áulicos para colocar personas en determinadas posiciones.
Por otra parte, se asume en el medio intelectual, que en los Estados presidencialistas, el jefe del Poder Ejecutivo es un monarca sin corona. Pero esta corona, igual a como ocurre, en las monarquías constitucionales, es más simbólica que real, pues la realidad es que los poderes faticos son quienes hacen la selección, sea en la Junta Central Electoral (JCE), sea en la Defensoría del Pueblo, sea en la Silsaril, la Dida, las Edes, etc. Igual ocurre en el Congreso los diputados y senadores no son más que oficializadores del consenso factico sobre los elegibles a puestos; incluso, en la administración de justicia ocurre otro tanto, las cercanía a jueces y jueces comprometidos ponderan no la justicia, no el derecho sino los intereses en juego inclinándose hacia la parte fuerte. Todo pasa por el tamiz del poder empresarial.
Pero, en condiciones normales, opera lo que Bosch llama la falsedad democrática, esto es: el bulto mediático mediante el cual se informa al ciudadano común que la elección es democrática cuando en verdad, lo de democracia opera válidamente sólo cuando del mundo del poder económico se trata. Un buen ejemplo lo constituye el caso de la Dida, por lógica, esa posición ha debido recaer en alguien proveniente de las filas de los sindicatos, pero como había empeño en ocupar ese puesto, la forma quedaron eliminadas y se impuso el poder político. Algo similar ocurrirá con los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral (JCE), la Cámara de Cuentas y con la Defensoría del Pueblo.
En Pro Consumidor se da un escarceo brutal a nivel de capilla, todos desean esa posición pero pocos poseen el perfil de la misma. Situación que es aprovecha por la incumbente para mantenerse en el puesto a pesar de que es consciente de que lleva más de un año en una posición que, en buen derecho, no le corresponde. Obvio, para sostener esa posición algún poder ha de tener y es ahí donde la falsedad democrática emerge, pues el empresariado sintiendo que sus intereses están bien resguardados con quien públicamente dice defender al consumidor pero privadamente sirve al capital como obrera no les interesa la legalidad.
Si el empresariado no estuviese a gusto, hace rato que dicha funcionaria estaría en su casa. El poder político, sabedor de tal situación, soporta también estoicamente la ilegalidad allí prevaleciente. Lo que está por verse es si la situación allí imperante, dará lugar a un tercer decreto presidencial irregular. Si esto sucediere, serían dos los presidentes de la república timados o que se han dejado timar, en pos de servir también al empresariado. Sin que en la consecución de tal objeto importe mucho la constitución ni las leyes.
La verdad monda y lironda, es que esa posición debe ser ocupada por una persona proveniente del sector consumerista que tenga el aval moral, ético y profesional de rigor para desempeñar esa posición. La actual, no reúne esos requisitos y algunos de los que se proponen tampoco.
Por demás, lo que la ley indica es que la actual está en el puesto en violación de las letras “d”, “e” y “f” del artículo 16 de la Ley 358-05, pues desde su designación se comprobó que uno de los sectores que exige mayor regulación, tenía como domicilio legal, la oficina de la incumbente; se sabe que dicha persona tiene otros procesos legales abiertos aun en la actualidad relacionados con abusos dentro de la institución y frente a los usuarios y procesos legales personales de gran calado; por tanto, lo mínimo que ha debido hacer es inhibirse o renunciar.
Además, se viola allí, la letra “f” del artículo 9 de la ley citada. En razón de que los resultados de la asamblea electiva de los consumidores donde se escogió la terna a ser enviada al Poder Ejecutivo fue secuestrada estando todavía (a la fecha) y desde el 27 de abril de 2019, en dicho estado. Lo cual permitió un hecho aún más grave: Que alguien falseara los resultados de dicha asamblea con el objeto de favorecer a la actual incumbente, pues supuestamente, la terna seleccionada libérrimamente por el movimiento consumerista, no era del agrado (ni lo es aún hoy en día) de la distinguida dama.
Es con base a la falsedad de, al menos esos dos representantes, que la dilecta se mantiene en el cargo, pues el personal que controló y secuestró la papelería de la asamblea, es de su particular confianza. Incluso, dispone de un adulón que primero fue parte del consejo anterior perimido y ahora funge como uno de sus más cercanos colaboradores y de una reconocida figura que tiene como oficio violar la ley.
Es con esta quijotesca armadura que se envía un oficio a Industria y Comercio, el cual, a su vez, lo remitió al Poder Ejecutivo, el que mediante el Decreto 263-19, escogió un consejo amañado, mismo que decidió mediante el Decreto 25-20, nombrar nueva vez por otros dos años a la incumbente de marras. Pero resulta que como el primer decreto es producto de un fraude todo cuanto deriva del mismo lo es también. Esto es, ese consejo resulta inexistente, por tanto, no tenía ni tiene facultad para promover a dicha titular, pues viola el contenido del art. 73 de la Constitución que reputa nulo todo acto contrario a la Constitución. ¿Cómo enfrentará la oficina de doña Milagros Ortiz estos entuertos donde la legalidad es arrasada por intereses facticos y la presión política de los parciales del PRM por llegar a puestos? La respuesta no es unitaria solo se sabe que la nación demanda un Estado institucionalizados, por tanto, muchas prácticas tradicionales convertidas en derechos del vencedor, deben ser erradicadas como vía para evitar cada cuatro años un nuevo sainete político. DLH-21-9-2020
