En carta dirigida en el día de hoy al Presidente de la República, Luis Abinader, organizaciones ambientales, climáticas y de la sociedad civil, piden al mandatario que intervenga para que el Acuerdo de Escazú sea ratificado por el país antes del próximo 27 de septiembre.
“Recurrimos en urgencia para que usted, con base en sus atribuciones constitucionales, intervenga para salvar el Acuerdo Escazú, disponiendo terminar el proceso para su inmediata ratificación, en coherencia con la firma ya realizada por el país”, afirmaron en la comunicación.
Indicaron que solo el Presidente de la República puede disponer que el proceso de ratificación se realice a la mayor brevedad, haciendo que el Tribunal Constitucional reciba de inmediato este convenio para que revise su constitucionalidad y a su vez lo remita al Congreso Nacional para que con carácter de urgencia lo ratifique.
“Pedimos, en nombre de todas y todos, vuestra urgente y precisa intervención para que nuestra nación gane como país y haga crecer su autoridad moral y humana, institucional y política, en la región y globalmente. Nos hicieron perder dos años, se había impuesto el autoritarismo y el desprecio por una región y un continente que apuesta, desde sus compromisos colectivos a salvar la naturaleza y la tierra, que es incuestionablemente, “la casa de todos y todas”, señalan en la misiva.
Observaron que este Acuerdo es “el más importante a nivel global en los últimos 20 años en materia de derechos humanos y medio ambiente, tal como lo ha establecido el relator especial de derechos humanos y medio ambiente de las Naciones Unidas. No es un buen propósito auto-negarnos la oportunidad de quedar en la historia como protagonista de esta epopeya”.
Este acuerdo garantiza el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y acceso a la Justicia en asuntos ambientales, así como la protección de los defensores de derechos humanos ambientales.
Explicaron que durante dos años el convenio ha estado en la Cancillería de la República sin que se iniciara el proceso de ratificación “a pesar de la insistencia de centenares de organizaciones ambientalistas, comunales, laborales y académicas, para que no se dilatara en el Congreso la ratificación del Acuerdo de Escazú”.
Informaron que el pasado miércoles 16, apelaron al canciller Roberto Álvarez para que no demorara más este convenio y lo despachara de urgencia a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para que ésta a su vez lo envíe al Tribunal Constitucional, y finalmente sea sancionado por el Congreso Nacional.
“Hemos recurrido y demandado el seguimiento correspondiente a este convenio ya firmado por el país, mediante cuatro comunicaciones a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, a los ministros de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, sin que ninguno de ellos respondiera a los reclamos de ratificación del Acuerdo de Escazú”, dicen en la comunicación.
La carta está suscrita por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), Fundación Ecológica Macorís Verde, Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Asamblea Nacional Ambiental (ANA), el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), y el Consorcio Ambiental Dominicano (CAD).
Además, firmaron la carta el Centro de la Cultura y el Progreso de Cotuí, Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), Asociación de Productores de Arroz de la Provincia Sánchez Ramírez, (ASOPROSAR), Bloque de la Unidad de Sánchez Ramírez, Cotuí Existe, Movimiento Verde Cotuí, FEDOCOPE, ANC, SODOGEO, ASOCIACION DE ECONOMISTAS.
También por la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), Grupo Jaragua, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD), Fundación La Negreta, Programa de Acción Comunitaria para el Medio Ambiente (PACMA), Asociación Dominicana de Especialidades Ambiental Públicos Autorizados (ADEAPA), el Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE), APROGLOBO, la Asociación de Productores Orgánicos Los Botados Yamasá, la Comisión Ambiental por la Esperanza del Río Ozama, entre otras.
