Por Fausto Araujo.- La apertura comercial experimentada por la República Dominicana y el resto del mundo ha impulsado a los sectores productivos nacionales a orientarse -indefectiblemente- y dirigir firmemente sus miradas hacia las exportaciones.
En ese tenor, el Estado y el sector privado están más que compelidos, obligados, a propiciar climas de confianza y modelos productivos que hagan cada vez más competitivas las empresas locales y garanticen el desarrollo.
Pero si queremos incrementar de manera notable nuestras exportaciones, estamos en el deber ineludible de garantizar el acceso de nuestros productos a los mercados.
Por ello, constituye un irrenunciable e inequívoco propósito de los sectores público y privado, hacer de la industria nacional una fuente firme de generación de empleo formal, de la estabilidad macroeconómica y del bienestar social, mediante la creación de riquezas y el fortalecimiento de nuestras exportaciones.
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se han convertido inocultablemente en el motor del crecimiento económico sostenido de la mayoría de las naciones y, en el caso particular del país, es preciso tener presente que, del universo empresarial existente, apenas el 1% son empresas grandes, el 3% son Pequeñas y Medianas y el 96% son microempresas, es decir, que de todos los negocios que existen en el territorio nacional el 99% son MiPymes y tan solo el 1% son grandes compañías.
Las MiPymes conforman un tejido empresarial altamente dinámico y proactivo, siendo el enlace sinérgico entre los diferentes sectores sociales y económicos de la República Dominicana, con la consiguiente creación de empleos y generación de riquezas, lo cual dinamiza la economía y contribuye a la paz social.
En efecto, en medio de la debacle económica, social y sanitaria provocada por la Pandemia del Coronavirus, será de mucho provecho para la sociedad dominicana en su conjunto que se concretice -como todos esperamos- el anhelo generalizado de que las MiPymes puedan acceder y suplir, con al menos un 20% como contempla la ley, las compras y contrataciones que demanden las instituciones del Estado.
En la actualidad, en la sociedad dominicana existen más de 1.4 millones de MiPymes, que aportan cerca de 2.2 millones de empleos y el 38% del Producto Interno Bruto, por lo que esa acción de compras preferenciales al sector, inequívocamente, producirá un alboroto inusitado en los diferentes pueblos del país y una dinámica empresarial y comercial sin precedentes, ya que generaría una extraordinaria cantidad de nuevos empleos y un aumento evidente del circulante.
Con la voluntad y decisión del presidente de la República y los mecanismos legales de que disponemos, estamos convencidos de que con la concretización de las Facilidades para la industria y las MiPymes en las Compras Gubernamentales, estaríamos contribuyendo grandemente a la felicidad de cientos de miles de familias y a la generación de millares de nuevos empleos.
En la Republica Dominicana hay una gama de instituciones oficiales que demandan constantemente una serie de productos y servicios que -en mucha cantidad y gran calidad- son manufacturados o servidos por MiPymes, a las cuales si se les asigna un porcentaje de compras de manera preferencial movilizarían de manera eficaz y contundente la economía y el comercio en todo el ámbito nacional.
Por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, se podría hacer grandes aportes a las unidades productivas de menor tamaño de las áreas del calzado, textil, confección, ebanistería, metalmecánica, marroquerias, cuero, pieles, impresión, papelerías productos de limpieza, alimentos y otras, mediante la entrega de partidas para la fabricación de zapatos, mochilas, uniformes, útiles escolares, papel, construcción y reparación de butacas, mesas y pizarras, así como alimentos para el desayuno, las meriendas y el almuerzo escolar.
Desde el Ministerio de Salud Pública se puede ayudar a las MiPymes del área de metalmecánica y metalurgia con la asignación de construcción y reparación de camas y bancos; las textiles, a través de la entrega de ordenes de confecciones de sabanas, almohadas, uniformes, calzados, mascarillas, gorros; las del sector del mueble con la construcción de ataúdes; los electrónicos con reparación y reconstrucción de equipos y los fabricantes de medicamentos con la compra de fármacos.
A través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se contribuye (en medio de la crisis del Covid-19 y para reactivar la economía) con la asignación a las empresas de menor tamaño de volúmenes de confecciones de uniformes, chamacos y calzados, productos de limpiezas, papeles y botellones de agua de tomar.
Desde el Ministerio de Deportes, mediante el otorgamiento de ordenes de confección de uniformes y zapatillas deportivas, y desde Sávica, con la manufactura de ataúdes, muebles, camas, juegos de comedor, inversores y otra gama de productos de los que esta entidad vende a los servidores públicos.
De igual manera, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Turismo, Cultura, el CeiRD, entre otras, se daría un respaldo sin precedentes a las MiPymes Artesanales a través de la adquisición de una partida de sus diversos productos, los cuales serían donados a misiones diplomáticas, inversionistas, Turistas y otros.
Facilitar y hacer una realidad, pues, las compras del Estado a las industrias locales constituyen -insistimos- toda una revolución económica en el país y una acción humana, social y económica de grandes dimensiones, habida cuenta de que impulsa a miles de empresarios del sector MiPymes a desempolvar sus maquinarias y equipos para ponerlos a producir, y a cientos de miles de cabezas de familia a ganarse el sustento de sus hijos y a reactivar el comercio y todo el movimiento económico.
