La democracia electoral que prevalece en la República Dominicana, se encuentra sometida a prueba ante la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) que tendrá a bien seleccionar el Congreso Nacional próximamente. Alrededor de cuatrocientos ciudadanos aspiran a cinco posiciones y cinco suplencias.
Todos aspiran, pero pocos reparan en el hecho de que el procedimiento que se determine no solo es que se debe publicar sino que dicho proceso ha de ser público porque de ello dependerá su suerte como la de la democracia misma. El Presidente Abinader viene abogando por la selección de candidatos independientes en el sentido de que ninguno tenga militancia política reconocida; otros entienden que ahí debe darse el tradicional reparto entre los partidos políticos una determinada sociedad civil y el sector empresarial. Los sectores feministas abogan por la cuota de la mujer y, particularmente, nuevos grupos abogan por la escogencia de profesionales que no provengan de la abogacía.
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En el coctel de opiniones, pocos reparan en el hecho de que los partidos políticos dominicanos son antidemocráticos, esto es: que la ausencia de democracia interna en ellos los inhabilita para realizar un proceso pulcro a menos que la opinión pública se mantenga vigilante. Este proceso, podría llegar como máximo a que algunos sectores de la sociedad civil sean tomados en cuenta, nada más.
En cambio, La Academia Dominicana de Ciencias Políticas ha hecho por estos días, un planteamiento inusual, se ha dado un reglamento con lo que a su juicio debe ser el perfil de los candidatos a esas posiciones. Reglamento con el que estamos de acuerdo porque esta democracia merece ser institucionalizada. Las reglas deben estar claras y la simulación de escogencia debe acabar. Se sabe, por ejemplo, que el empresariado participa en la escogencia de órganos sectoriales o colegiados y solos aboga por reglas democráticas cuando los escogidos no son genuflexos ante ellos. La posición de la ADCP busca exactamente lo contrario.
A manera de ejemplo, tenemos que se plantea, lo siguiente: Será responsabilidad del Consejo Directivo decidir si propone o avala a uno o más aspirantes a la misma función; decisión que debe ser tomada a unanimidad de los presentes; en caso contrario o cuando lo solicite no menos de dos asociados, será decidido por mayoría simple de los presentes y votantes de la Asamblea Extraordinaria, convocada al efecto. Cuando se pueda establecer que los posibles candidatos pertenecientes o no a esta Academia, hayan dado muestra en su vida académica, profesional y pública en general, de que defienden los valores del Estado Social y Democrático de Derecho, por lo menos en los siguientes ordenes: a) No pertenecer a partidos políticos donde se viole la democracia interna a los mismos, b) No pertenecer directa ni indirectamente a grupos económicos, c) Carecer de vínculos con Estados u organizaciones extranjeras, d) que posean una amplia trayectoria ligada a grupos de derechos humanos, a la defensa de derechos ciudadanos, a la defensa de la institucionalidad democrática desde la perspectiva de crear ciudadanía, desde su ejercicio profesional o desde su academia o instituto de investigación social, entre otros.
Como se puede observar, la ACDP que preside el politólogo Urías Espaillat junto a un conjunto de notables profesionales de la ciencia política, está abogando por la escogencia de candidatos con perfiles definidos en su hoja de vida, preferiblemente proveniente de las academias y de la lucha social por derechos. Sin que ello implique que se condene perce, a los que posean solo trayectoria político-partidista. La apuesta de la ADCP busca consolidar e institucionalizar la democracia nacional. No está señalando a nadie en particular, pero sugiere que los académicos de trayectoria probada sean escogidos juntos a los que puedan demostrar que en su vida pública defienden los valores de la democracia y del Estado de derechos.
Como podrá observarse, es casi imposible que el empresariado dominicano pueda participar en un ejercicio democrático de esta naturaleza, pues se ha acostumbrado a decisiones de aposentos junto a líderes políticos también antidemocráticos por lo que se les hace difícil participar con transparencia. Esta gente, a lo sumo, llega a participar del llamado “arte de gobernar sin votos”. Como oportunamente dijera un reputado intelectual nacional.
Ahora que se ha instalado un Congreso Nacional que se presume plural y apegado a las reglas de la democracia, el planteamiento que hace la ADCP, es más que oportuno. No se aspira a un reglamento que se auto proclame modélico sino que se busca que el mismo sea imitado por otros sectores e incluso, que el propio procedimiento del Congreso, sea publicado y explicado a la opinión pública. No como formalidad sino como compromiso verificable de aplicación y de transparencia. La legalidad de la escogencia es una atribución congresual pero la legitimidad del proceso nos concierne a todos.
Obvio, subliminalmente, el reglamento de la ADCP rechaza el que ciudadanos que se encuentran ejerciendo funciones públicas como jueces, fiscales o funcionarios públicos sean tomados en cuenta pues, dicha postura es una ventana al oportunismo y una evidencia de que más que servir se aspira a manejar ciertos presupuesto y esto en asimismo constituye un acto moralmente reprochable, pues estaríamos ante más de lo mismo. DLH-28-9-2020.
