A cientos de millas de distancia que separan República Dominicana de los Estados Unidos, levanto mi voz de preocupación por la disputa pública que se manifiesta sobre quién debe presidir la Junta Central Electoral (JCE), órgano fiscalizador de importantes decisiones políticas en el país caribeño.
Durante la gestión del doctor Julio César Castaños Guzmán, muchas fueron las acusaciones de parcialidad de ese organismo en favor del pasado gobierno del ex presidente Danilo Medina, decisiones que, hasta cierto punto, favorecieron al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
En la medida que las elecciones congresuales y municipales se desarrollaban en el país para la elección de los síndicos y regidores, sectores sociales y grupos políticos adversos a la administración peledeísta levantaron sus voces poniendo en dudas la honestidad e independencia partidista de los miembros de la JCE, de quienes se llegó a pedir sus renuncias o destituciones.
La presión política ejercida contra la honestidad de los miembros de la JCE fue tan agresiva que uno de sus miembros, el magistrado Roberto Saladín, anunció sorpresivamente su renuncia al cargo que ostentaba, aunque luego ratificó su posición para continuar ejerciendo las funciones que se le habían encomendado dentro del pleno directivo.
Fueron muchas las protestas callejeras que ejercieron los partidos políticos, la sociedad civil y otros sectores del poder económico adversos al gobierno de turno para que la JCE actuara con independencia en sus decisiones políticas administrativas.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM), en ese entonces el principal de la oposición, y llevando como candidato presidencial al hoy Presidente de la República, Luis Abinader, fue uno de los que más levantaron la sospecha de que los miembros de la JCE no eran confiables para organizar y llevar a cabo la organización de las elecciones.
La contienda electoral de febrero, para elegir alcaldes y regidores, tuvo algo que es bien conocido por todos: la suspensión que devino tras el fiasco que resultó el voto automatizado, al descubrirse un intento de fraude en perjuicio de los candidatos de la oposición.
Posteriormente, el proceso fue intervenido y fiscalizado por organismos internacionales, como garantía de la imparcialidad reclamada.
Los resultados de las elecciones de marzo favorecieron a la oposición, siendo el más ganancioso el PRM de Luis Abinader, que obtuvo la mayoría de los puestos electivos a nivel nacional, resultados que luego pronosticaron con precisión lo que sucedería en las elecciones presidenciales extraordinarias del pasado 5 de julio.
Al producirse una nueva administración presidencial, lógico es que, en todo el tren gubernamental -de la que no escapa el Pleno de la JCE-, se produzca una renovación y cambio de mando masivo con nuevos titulares en todos los departamentos del Estado, a nivel nacional e internacional.
Por los trastornos emocionales causados, las incertidumbres, preocupaciones y ansiedades a la que fue sometida la población dominicana durante todo el proceso electoral pasado, por la supuesta parcialidad de los miembros de la JCE, la nueva gestión de gobierno que encabeza el Presidente Abinader debe mantener una postura firme e imponente sobre quienes deben ser los nuevos jueces del tribunal de comicios.
La imparcialidad política, independencia y autonomía en las futuras ejecuciones de los nuevos miembros de la JCE, debe ser ya una de las selecciones a tomar por el Senado de la República como una política de avance en la consolidación de una nación con verdadera confiabilidad en sus instituciones, que eviten en lo futuro la presencia de organismos internacionales interviniendo en los asuntos internos del país para resolver disparidades de grupos políticos y económicos.
El doctor Eddy Olivares es un destacado jurista muy conocido en sus ejercicios profesionales, de sobrada honestidad en sus ejecutorias como funcionario público, incluso como juez de la JCE en años anteriores.
Pero, lamentablemente, sus vínculos políticos dentro de un sector del PRM vinculado al ex presidente Hipólito Mejía lo descalifican para ocupar la presidencia de la JCE, como ha sido propuesto.
Su demostración de imparcialidad política la quiso demostrar “renunciando” al PRM para lograr ese objetivo. Esa acción particular de Olivares no llama a generar confianza. Sin embargo, creo en su integridad como profesional y su honestidad personal.
El presidente Abinader está claro y ha fijado su posición al respecto. La cúpula del PRM ha ratificado su posición en el sentido de que la JCE debe estar integrada por profesionales sin militancia política.
De algo estamos seguros. Olivares quizás no sea el que tenga mejores posibilidades entre los 321 aspirantes a ser miembros de la JCE que se inscribieron ante la comisión especial del Senado que los evalúa.
En muy poco tiempo sabremos dónde está la verdadera fuerza de influencia dentro del PRM en el poder.
Si se establece la designación Eddy Olivares como nuevo presidente de la JCE, significa que la cúpula ejecutiva del PRM está por debajo de un sector minoritario, pero imponente que se mueve con precisión y sigiloso dentro de la organización que la llevaría a una pronta división interna, como sucedió recientemente con el Partido de la Liberación Dominicana.
