¿Cuáles son los activos propiedad del Fonper y de la CDEEE que el Gobierno se propone vender, según lo consigna en el Proyecto de Ley Presupuesto General del Estado para el año 2021?
¿Bajo qué metodología ha establecido el valor de la participaciones accionarias que se propone vender, para estimar que los ingresos esperados por ese concepto serán de RD$96,162.1 millones?
¿Por qué incluir en la propuesta presupuestaria una mini reforma fiscal que no ha sido socializada, y que incluye impuestos a salarios, las compras por internet y con tarjetas internacionales, e incrementa el pago sobre las ganancias?
Uno de estos días, el empresario Lisandro Macarrulla declaró que el Estado privatizará algunas empresas públicas y que venderá acciones de las termoeléctricas de Punta Catalina, y al siguiente anunció la creación de una comisión de liquidación entre cuyas instituciones mencionaba al Fonper, además de otras que desde hace tiempo vienen en proceso de liquidación como la Corporación de Empresas Estatales (CORDE) y la Comisión de la Reforma de la Empresa Pública (CREP).
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La entidad que tiene el mandato de la Ley 124-01 para “La conservación y custodia de las acciones del Estado en las empresas capitalizadas, aportadas a su patrimonio”, es el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), “una institución autónoma del Estado Dominicano, con personalidad jurídica, patrimonio propio, con capacidad para demandar y ser demandada en justicia en su propio nombre”.
Desde el principio del gobierno del presidente Luis Abinader, he considerado como un error haber dejado acéfala a una institución que tiene que velar por un patrimonio que excede a los veintidós mil millones de pesos, valor que puede ser incuantificable en una tasación de mercado porque entre ellas hay una empresa con un carácter monopólico.
¿Cuáles son las empresas en la que el manejo de las acciones del Estado ha quedado por la libre con el limbo en que se ha dejado al Fonper?
Las generadoras eléctricas Egehaina e Itabo, Molinos del Ozama y la Tabacalera. Se añaden las tres distribuidoras de electricidad, pero esas, al igual que las termoeléctricas de Punta Catalina, de las que el Fonper es socio, están manejadas por el Gobierno.
¿Es correcto asociar la palabra “liquidación” a ese patrimonio, que en el caso de cualquier bien transable sugiere venta a precio deprimido o de vaca muerta?
¿Con qué derecho la actual generación puede disponer de un patrimonio que no genera cargas, sino beneficios, para consumir el importe generado y luego no legar nada a las generaciones venideras? ¿Quién, sin quedar tachado para siempre, se atreverá a levantar su mano para apoyar que el Estado se desprende de un patrimonio que no le crea cargas y sólo de reditúa ganancias?
Sobre el caso de Punta Catalina, llama la atención que se pretenda venderla y que se colocara al frente de ella una persona con opiniones prejuicidas y que desde allí no pierde oportunidad para hablar mal del camello.
No obstante, a propósito de la designación de Celso Marranzini como coordinador del gabinete eléctrico, me he dado la tarea de recordar que este distinguido miembro de la comisión investigadora designada por el expresidente Danilo Medina, es firmante de un informe que en términos categóricos establece: “76. La Comisión considera que la CTPC debe inicialmente quedarse bajo control estatal. Y a la vez reservarse la administración del proyecto a personas y/o entidades que no tengan conflicto de interés en el negocio eléctrico dominicano”.
