Imborrables huellas del “ácido del diablo”

Yocairi Amarante Rodríguez, de 19 años de edad, no es la única mujer dominicana marcada por las grietas dejadas en el cuerpo tras ser agredida con plomerito o “ácido del diablo” por mandato de su despechado ex marido Willy Antonio Javier Montero, de 33.

Durante años, esos casos han sido recurrentes. Personas violentas, motivadas por asuntos pasionales o delictivos, lanzan esa destructora sustancia contra sus víctimas, desfigurándoles no solo la apariencia física, sino ocasionándoles daños psicológicos permanentes.

En la República Dominicana no hay cifras exactas del número de personas quemadas por ácido, pero los hospitales registran miles de hechos en los últimos años y por razones que ignoro no se reportan.

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Me contaron que el ácido del diablo es la mezcla de diferentes ácidos que se convierte en una materia corrosiva al combinar ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y removedor de pintura de vehículos, fusionado con miel o azúcar. Es decir, una bomba incendiaria peligrosa.

Es un producto que se obtiene para resolver problemas de drenaje en centros comerciales. Se trata de un arma letal utilizada libremente para cometer acciones criminales por pagas e incluso muchos delincuentes también lo emplean para asaltar.

En julio de 2018 un individuo de nombre Andrés Martínez González fue acusado por las autoridades de haber utilizado ese sistema para cometer atracos a motoristas en Santo Domingo Oeste. Se hacía pasar por pasajero,se montaba en un motoconcho y al llegar a su destino, los sorprendía lanzándole la sustancia en los ojos para robar las motocicletas y huir en ellas. En total, 12 motoristas resultaron con lesiones graves, algunos de ellos perdieron la vista.

Buscando en los registros periodísticos no hemos encontrado estadísticas oficiales de esos casos, como suele ocurrir con los homicidios, suicidios, feminicidios, violaciones y asesinatos. Apenas aparecen hechos sucedidos en años anteriores cuyas víctimas son personas nacidas en hogares de clase media y baja, que no tienen ninguna protección frente a sus agresores despechados. Entre los ricos no ocurren esos incidentes. Nunca lo he visto.

La misma suerte de Yocairi Amarante Rodríguez la tuvieron Esther Jiménez, Ruth Esther Encarnación y Sarah Esther Rodríguez, para citar algunas. En el 2018, Esther Jiménez quedó totalmente desfigurada luego que unos extraños le arrojaran ácido. Su madre murió al día siguiente del ataque por el impacto de ver a su hija en esas condiciones. !Qué horror!

Ese año, el Tribunal Colegiado de provincia La Altagracia repartió 30 años de prisión a dos mujeres halladas culpables de la agresión. Aparte de las fuertes quemaduras, estas damas fueron afectadas con lesiones permanentes irreparables. Las agresoras fueron Mary Carmen Toribio y Suleica Mercedes Peguero, ambas condenadas a cumplir una pena de 15 años de prisión cada una.

Muchas de las víctimas, en particular mujeres (también agreden hombres), no denuncian sus casos, especialmente por temor a ser atacadas nuevamente por sus verdugos.

Las normas que castigan estos hechos son los artículos 303 de la Ley 2497 sobre los actos de barbarie y el 309-1 del Código Penal sobre la violencia de género. En varios casos de este tipo, se han logrado condenas máximas de 30 años de cárcel.

Es muy elevado el costo de la salud para una persona quemada con esa sustancia para que el Estado lo pueda llevar con todo lo que ello implica. Son gastos que además causan traumas financieros a los familiares de las víctimas, que son pobres por naturaleza o por ADN.

Para muchos especialistas, el ataque con este tipo de sustancia se traduce en una muerte emocional que lleva a la persona afectada a una tortura permanente, a no salir a la calle o terminar con su vida de forma violenta. Eso es así.

¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué tanta indiferencia ante los males sociales que nos afectan? ¿Qué debemos hacer para convivir como seres civilizados, sin envidia, sin violencia, odio, celos y venganza?

Creo (lo he dicho en otras ocasiones) necesario incorporar la cadena perpetua en nuestra legislación jurídica, sin derecho a libertad condicional, para castigar ataques malvados como el que comentamos. Por igual, la penalidad deberá aplicarse a los asesinos, secuestradores, violadores sexuales narcotraficantes, ladrones de fondos estatales y otros.

Consciente estoy de que mi sugerencia no prosperará, al menos en estos momentos, en nuestra sociedad por motivos que usted, apreciado lector, y yo sabemos. Algún día prosperará.

Veinte o treinta años lo cumple cualquiera en la cárcel y luego vuelven al sociedad a cometer los mismos delitos. Lo ideal es encerrados de por vida para que mueran de vejez o enfermedad (y no me tilden de radical). Pienso que sería una excelente fórmula de sacar de las calles a los inadaptados sociales.