“Busquen el dinero; sean creativos”, pareció ser la instrucción a un equipo mixto que tropieza al intentar armonizar las visiones e intereses de sectores empresariales y la de políticos conminados por reclamos sociales, sorprendidos por el tamaño y complejidad del Estado y el desafío de una pandemia que fracturó el aparato productivo nacional.
La encomienda no era sencilla, sobre todo porque apenas días antes hubo de apurarse un presupuesto complementario colgado a préstamos, bonos soberanos por 3 mil 800 millones de dólares, para financiamiento de planes de salud y ayudas sociales.
Quisiera atribuir a la prisa, que el equipo económico oficial decidiera gravar productos y servicios que se cargarían a una clase media, cada día más reducida en cantidad y nivel, al recoger algunas hilachas olvidadas en reformas (parches) anteriores e intentar otros tan absurdos como el impuesto sobre la renta al salario 13, que figura exento en el código laboral.
La explosión de amplios sectores en las redes fue inmediata, convirtiéndose en tendencia el famoso “se van”, aplicado durante la campaña electoral al peledeismo gobernante. Hubo numerosas advertencias de volver a la Plaza de la Bandera, lugar que se ha tornado emblemático en los reclamos sociales.
Aquí, necesariamente, hay que volver con el profesor Moisés Naím para refrescar la memoria de empresarios_funcionarios y políticos_funcionarios:
“De pronto, a pesar de nuestra victoria y el claro mandato de cambio que los votantes parecían habernos otorgado, el programa de reformas económicas que habíamos defendido adquirió un significado muy diferente”. Refería su experiencia cuando joven asumió el ministerio de Fomento en Venezuela. Y agregaba que la lección fue comprender “la enorme brecha entre la percepción y la realidad de mi poder”.
“Una clase media impaciente y mejor informada, que desea ver avances antes de lo que el gobierno es capaz de conseguirlos, y cuya intolerancia respecto a la corrupción la ha convertido en una potente oposición, es el motor que está impulsando muchos de las transformaciones política de estos tiempos”, precisa en “El fin de el poder”, con 7 años de editado.
El dilema, evidentemente, es mantener una difícil sintonía con grupos que no aceptan “el respeto automático a la autoridad”, “nada por descontado”, más propensos “a cambiar de preferencias” y con “menos incentivos para aceptar el statu quo”.
Ante este primer choque con bases de apoyo fundamentales, el gobierno del PRM “patinó” durante horas, hasta que en la tarde del sábado salió el propio presidente Luis Abinader, el mejor comunicador oficial, a tratar de calmar las aguas con un lenguaje conciliador, asegurando que se trataba de un “anteproyecto que será discutido con toda la sociedad” y “si hay impuestos que no proceden no serán aplicados”.
Abinader dijo que es “un presupuesto de crisis” ante un “país totalmente quebrado” y precisó que son impuestos transitorios y que al final del 2021 “nos abocaremos a discutir una reforma tributaria”.
El problema, que generó la indignación nacional es precisamente que en “un país totalmente quebrado” es imposible que sectores productivos medianos y pequeños y de clase media dramáticamente vapuleados por el impacto económico de la pandemia carguen con nuevos impuestos. Un peso es demasiado.
Préstamos y eficientización del gasto para reactivar la economía y estabilizar el país. Luego, cuando haya qué gravar, se hablaría de reforma fiscal.
(El PLD que cuestionó al gobierno, rehusó la reforma fiscal contenida en la END, ley de 2012, y saboteó el pacto eléctrico al negarse a transparentar la situación financiera de las distribuidoras de electricidad, empresas en las que se acusa a familiares del expresidente Danilo Medina de cometer irregularidades).
