Pese a que el Ministerio Público ha denunciado que hubo irregularidades en el archivo definitivo de varios expedientes de funcionarios que fueron vinculados al caso Odebrecht, se aferra a darlo como válido y a restarle importancia a los que tales archivos podrían revelar.
Este lunes, en audiencia del Primer Tribunal Colegiado, que conoce el juicio de fondo del caso Odebrecht, el Ministerio Público planteó que este no puede examinar el contenido de los documentos que certifican los archivos definitivos a favor de ocho exfuncionarios encartados en la primera etapa del proceso de investigación.
El órgano acusador coincidió con lo expuesto por la presidencia de ese tribunal al establecer que no puede evaluar el contenido de los citados documentos.
En ese sentido, manifestó que el tribunal no puede tener conocimiento de los archivos en virtud de que no está apoderado de un proceso para conocer sobre algún tipo de objeción sobre ellos y, por tanto, tratar de deducir sus consecuencias sobre el proceso, como pretenden los abogados de la defensa.
En el juicio el Ministerio Público está representado por el titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y los procuradores fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López y José Miguel Marmolejos Vallejo, junto a los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
“Si este tribunal no está apoderado de esos procesos, pues jamás puede deducir ninguna consecuencia jurídica del contenido de dichos documentos, que no está en análisis en este momento”, indicó el Ministerio Público.
Agregó que “si el Ministerio Público lo considera bueno, si son irregulares, eso está en su ámbito de actuación, que se resolverá por las vías que correspondan y que considere pertinente la institución”.
Explicó que el tribunal no puede verificar si el Ministerio Público ha faltado al principio de objetividad e igualdad, porque entraría en temas de orden disciplinario y esta institución no está siendo juzgada en este proceso.
En horas de la mañana, el Ministerio Público evitó que la audiencia fuera aplazada a solicitud de la defensa de los encartados, quienes pidieron un período de unos diez días para tener conocimiento de los documentos.
Los representantes del Ministerio Público solicitaron a las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo que rechazaran la solicitud de la defensa técnica, tras indicar que esos archivos y documentos, que fueron entregados en los plazos establecidos, nada tienen que ver con el proceso que se está conociendo.
Tras la decisión que ordenó la continuación del juicio a solicitud del Ministerio Público, los abogados de la defensa de los imputados presentaron recursos de oposición que también fueron rechazados por el tribunal.
El juicio continuará el próximo jueves 8 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, por disposición del tribunal, que al final acogió una solicitud de aplazamiento hecha por Víctor Díaz Rúa, a través de su defensa, con el propósito de acudir a una cita médica para una revisión de salud.
