Santo Domingo.- La República Dominicana tiene que dedicarse a aplicar la Ley General de Migración con su Reglamento, no a modificarla, porque hasta el día de hoy no se está empleando con todas sus consecuencias, afirmó el abogado Juan Miguel Castillo Roldán.
“Tardamos siete años para dictar el reglamento, tardamos nueve años para tener un Plan Nacional de Regularización, tenemos todavía problemas de aplicación de la ley, problemas de aplicación de sanciones administrativas para empleadores que contratan ilegales para el trabajo, tenemos tantos problemas que pensar ahora en modificar la ley que ha dado tanto trabajo para que se aplique y todavía no se aplica bien, me parece un despropósito y también una ignorancia del derecho migratorio dominicano”, expresó el experto durante una entrevista en el programa televisivo “Propuesta de la noche”, por Digital 15.
Sostuvo que en sentido general “la ley es buena, es vigente. La ley ser redactó tomando en cuenta las disposiciones de la Constitución dominicana de 2002 y no tiene contradicciones con la Constitución actual”.
Agregó que cuando fue aprobada en el año 2004, la ley fue recurrida mediante un recurso de declaratoria de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia cuando ejercía la función de corte constitucional y el tribunal en ese entonces decidió como control concentrado que la ley de Migración se ajustaba plenamente a todos los mandatos constitucionales.
Castillo Roldán explicó que en lo relativo a la cuestión de tránsito que fue discutida a propósito de la sentencia 168-13, determinó que “no hay razón alguna, válida para modificarla, se ajusta a todos los mandatos de la Constitución, de los convenios internacionales en materia migratoria”.
“Pretender modificar la Ley de Migración por encima de esas cosas sin tomar en cuenta la cantidad de presiones de organismos internacionales y de ONG para poner otra vez en tela de juicio el contenido de una ley que es una manifestación de la soberanía del Estado dominicano para controlar la migración tanto, de entrada, permanencia y la salida, para otra vez someter a escrutinio la potestad del Estado dominicano en una materia tan sensible como es la materia migratoria, constituye un despropósito”, afirmo Castillo Roldán.
No obstante, el experto consideró que algunos aspectos puedan mejorarse, pero “no tienen que ser por vía de una reforma legal, puede ser perfectamente mediante resoluciones del Consejo Nacional de Migración que solamente se ha reunido para el Plan Nacional de Regularización y se reunió de nuevo en este año, pero no existe a mi conocimiento una resolución o un informe dirigido al Poder Ejecutivo o un informe dirigido a las entidades con competencias migratorias como la Dirección General de Migración o el Ministerio de Interior y Policía de cuáles fueron las decisiones adoptadas en lo que tiene que ver con administrar estratégicamente la política migratoria”.
Al referirse a las atribuciones legales del Instituto Nacional de Migración, Castillo Roldán dijo que son “fundamentalmente técnicas. Es la entidad que debe asesorar al Consejo Nacional de Migración, debe asesorar al Poder Ejecutivo y al ministerio de Interior y Policía que es el organismo responsable de aplicar la ley General de Migración”.
Agregó que el instituto tiene también la responsabilidad de “colaborar con la formación del personal de las entidades públicas que tienen un papel en la política migratoria, especialmente en lo que tiene que ver con la Escuela Nacional de Migración que es quien entrena y capacita a los oficiales de migración”.
Igualmente, es su atribución hacer investigaciones del mercado laboral para determinar cuáles son los segmentos del mercado laboral que requieren mano de obra extranjera, qué tipo de mano de obra y en qué volumen para así crear cuotas y cuáles son los requisitos en cuanto a solvencia, nivel educativo y formación laboral y cuáles son los puntos geográficos en que se podría aprovechar esa mano de obra y era eso hay que hacer estudios.
