SANTO DOMINGO.- La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Anina Del Castillo, participó en la 8va Asamblea de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), para tratar sobre la experiencia de América Latina, en la recolección de datos vinculados a la seguridad de productos y las lesiones que se puedan originar fruto de ello a la población consumidora.
Del Castillo, en su calidad de presidenta de la Red Consumo Seguridad y Salud de la Organización de Estados Americanos (RCSS) para el periodo 2019-2020, al dirigirse a los miembros de la UNCTAD y la Red, precisó que antes de hablar sobre la experiencia de América Latina sobre seguridad de productos, se hace necesario precisar sobre la economía, los habitantes y la educación de la región, factores que impactan directamente en el comportamiento del ciudadano común a la hora de comprar un producto.
Especificó qué, según datos de la Organización Mundial del Comercio en el 2019, el comercio mundial de mercancías alcanzó la suma de 19.05 Billones de dólares y de esa proporción, América Latina representa un 8.1 del total de dicho comercio, asimismo, la Unesco para ese mismo año, informó que la tasa de finalización de la educación secundaria se situó en 79.4 y el Caribe, un panorama diferente con relación a Europa y Asia Central, que se situó con un 94%.
“Estos factores tienen una repercusión directa en el consumidor de América Latina, debido a que se encuentra más expuesto a productos inseguros que por ejemplo, un consumidor de Europa, por lo que las autoridades de protección al consumidor de toda la región, tienen que prestar especial atención a la formulación de políticas públicas para proteger a los consumidores de los riesgos a su salud y seguridad que pudieran entrañar los productos peligrosos”, dijo la funcionaria.
Experiencia y avances
En cuanto a la experiencia actual sobre recolección de data acerca de productos inseguros, Del Castillo hizo un recuento sobre la situación de cada país de América Latina, indicando que de 27 países que pertenecen a la RCSS, dieciséis tienen en sus portales información sobre productos inseguros y alertas de productos y diez cuentan con marcos legales que contemplan la obligación de que el proveedor notifique sobre los productos inseguros una vez colocados en el mercado.
Contrastó la experiencia de Brasil con la de Venezuela y Haití, precisando que el primero es un referente en materia de disponibilidades de información relativa a los accidentes de consumo. “Brasil ha desarrollado un amplio sistema que permite monitorear casos de accidentes de consumo desde 2006, a través de la Base de Datos de Accidentes de Consumidores, al contrario de Venezuela y Haití que no cuentan con un sistema de información sobre productos inseguros y por tanto no hay una fuente directa para que los consumidores puedan buscar información”.
En cuanto a República Dominicana, expresó que en el país se realizan mesas de trabajo a fin de proyectar las iniciativas y avances en un marco de coordinación, sinergia y eficiencia sobre seguridad de productos y que hemos estado trabajando el tema con academias, asociaciones de consumidores y el sector público – privado.
Debilidades
Dijo que las agencias de protección al consumidor de la región presentan avances notables, aunque aún tenemos que buscar mecanismos para fortalecer la educación del consumidor y la información sobre los productos inseguros que circulan en nuestras fronteras entre nuestros países.
Además, se necesita transparencia de los proveedores para que nos suministren información cuando conozcan que algunos productos son inseguros, un requerimiento legal, pero también moral, que permitirá construir confianza a la población consumidora.
Retos
Dijo que queda como desafío regional explorar el valor de los datos como estructura para ofrecer productos y servicios seguros, de manera que se pueda garantizar a los consumidores el acceso a productos que no representen riesgo para su salud y seguridad, apelando a un levantamiento de información estadística.
“Hay dos grandes retos: Consolidar las informaciones existentes en nuestras agencias, que, si bien están disponibles, se encuentran en muchos casos muy desagregadas y por el otro, abocarnos a fortalecer los mecanismos que permitan a los consumidores identificar y registrar los accidentes de consumo”, agregó la incumbente.
Finalmente, apeló a la transparencia, la confidencialidad y la ética como pilares en cuanto al uso de data, un requerimiento legal, pero también moral, pues esta es la oportunidad de construir confianza con todos actores vinculados a la defensa de los consumidores.
