Recientemente fui invitado a observar una asamblea de rendición de cuentas de una de las sociedades de gestión colectiva con que cuenta el país. Ese sector, al que contribuí a nacer, me genera gran satisfacción, pues la meta era que los autores y compositores de música dejasen de ser vistos como bohemios soñadores con los bolsillos siempre vacíos para pasar a ser vistos como parte integrante de la denominada industria naranja o sector creativo que constituye uno de los grandes sectores económicos de los países con actividad cultural firme, lo que se ha logrado. Este sector maneja cuentas que superan ya los 300 millones de pesos al año. Aunque en el caso dominicano, todavía el Banco Central no se decide a abrir un renglón en las cuentas Nacionales donde se indique lo que produce este sector, la verdad es que la República Dominicana es muy competitiva en materia de derecho de autor y derechos conexos.
Ciertamente, 2020 no ha sido un buen año en ningún renglón económico, sin embargo, se debe indicar que la Ejecución Pública de música, es una de las actividades con mayor adaptabilidad al cambio tecnológico. De modo que si bien las actividades artísticas presenciales disminuyeron grandemente en el año que transcurre, las plataformas digitales se constituyeron en refugios seguros de los compositores, de los artistas. Así, por primera vez, los ingresos por este renglón sobrepasan el millón de dólares.
De otra parte, el dato histórico, precisa, que la radiodifusión fue el primer sector de usuarios que asumió la responsabilidad de pagar por ejecución pública de música, fue la llave maestra con lo que todo comenzó en materia de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos en el país. Como la radio también se adapta muy bien a los cambios operados y a la situación de virtualidad empujados por la pandemia, es lógico suponer que este sector habrá de pagar como siempre lo ha hecho , a la gestión colectiva por las ejecuciones realizadas. Sin embargo, se nota cierta postura de irresponsabilidad en parte de su liderazgo, pues parecen decantarse por hacer planteamientos irresponsables como lo sería el de tratar de buscar exoneraciones cuando forman parte de los sectores que la pandemia del coronavirus ha favorecido.
Otro tanto ocurre con algunos subsectores dentro del campo de los audiovisuales, nos referimos a las empresas de cables de todo el país. Este sector, por asuntos que no viene al caso tratar ahora, fue de los últimos en incorporarse al pago de derecho de autor y derechos conexos. Se aprovechó de errores estratégicos del sistema recaudador de la gestión colectiva y consiguió ventajas inauditas, pues estando listo para pagar desde el inicio del presente siglo XXI, ha comenzado a hacerlo, precisamente, en el cursante año de 2020. A pesar de haber conseguido un perdón exorbitante de deudas atrasadas debido a que se sentó temprano en una mesa redonda de negociaciones que evitó que los llevaran a los tribunales, ahora realiza maniobras para tratar de evadir sus responsabilidades de pago.
Lo cual podría resultar contraproducente porque luego de los nuevos tratados de Beijing y de Marrakech sus responsabilidades antes que disminuir han aumentado porque ahora se añaden bibliotecas, museos, centros de investigación, galerías, archivos, educación, etc. Por tanto, su carga sobre la ejecución pública va en aumento. Lo que implica que nuevas sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y de derechos conexos nacerán. Por tanto, nos encontramos ante un sector que no podrá evadir su responsabilidad de pago sin agravar su situación ante los tribunales de la república.
En pocas palabras, los cableros como los radiodifusores antes que realizar maniobras para evadir responsabilidades deben comprometerse en buenas prácticas comerciales, pues la música, las obras de arte, las obras audiovisuales, son obras ajenas que le sirven de insumo y cuyas regalías por ejecución pública no podrán evadir. Por cuanto la gestión colectiva no solo es que está aumentando en cuanto a número de sociedades sino que lo hace también en cuanto a conciencia sobre los derechos que defienden.
La resumiendo, la realidad es que hoy en día, la gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos no destaca más solo en autores y compositores sino que otros géneros literarios y artísticos, se están incorporando para reclamar lo que en derecho le pertenece. Son todos socios estratégicos de un mismo negocio. Por tanto, ninguna manipulación de ningún sesgo empresarial que opere desde la esfera pública o desde la privada podrá impedir que paguen por la propiedad ajena que usan como recurso tangible e intangible de sus operaciones comerciales. DLH-22-11-2020
