GINEBRA, 25 Nov 2020 (IPS) – La oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) criticó este miércoles 25 a Trinidad y Tobago por deportar a niños venezolanos que debieron cruzar la frontera marítima en frágiles botes y estuvieron desaparecidos más de 24 horas.
“Estamos profundamente preocupados por la decisión de Trinidad y Tobago de deportar a 16 niños venezolanos y nueve adultos al mismo tiempo que se presentaba una solicitud contra su expulsión”, indicó Liz Throssell, portavoz de la oficina.
Recordó que el 22 de noviembre, el grupo, que había llegado a Trinidad (la mayor de las “islas gemelas”) el día17, fue colocado en dos botes y escoltado por la guardia costera trinitobaguense fuera de sus aguas territoriales, hacia la costa venezolana.
El Tribunal Superior de Trinidad y Tobago desestimó la solicitud, impulsada por la abogada local Nafeesa Mohammed, considerándola fuera de la jurisdicción del país.
“El paradero del grupo, que incluía a niños de hasta cuatro meses, se desconoció durante 24 horas”, lamentó la portavoz de la oficina que dirige como alta comisionada la ex presidenta chilena (2006-2010 y 2014-2018) Michelle Bachelet.
Luego de la travesía en los botes, el grupo permaneció casi totalmente aislado en una isleta del delta del río Orinoco, en el noreste venezolano, hasta que se enteraron de que un tribunal del país insular dispuso su regreso mientras decide acerca de su situación legal.
El caso movilizó a la opinión pública venezolana, incluido el autodefinido como gobierno interino que preside el dirigente opositor Juan Guaidó, con fuertes acusaciones de xenofobia contra Puerto España, mientras que el gobierno del presidente Nicolás Maduro guardó silencio durante toda la crisis.
La Acnudh declaró que “todos los refugiados y migrantes, independientemente de su situación, tienen derecho al respeto y la protección de sus derechos humanos”.
“Con respecto a los niños refugiados y migrantes, los Estados tienen un deber especial de cuidado: el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que los afectan”, dijo Throssell.
Por ello, “los niños nunca deben ser deportados por la fuerza debido a su situación migratoria o la de sus padres”, añadió.
La posición de Acnudh es que “la condición previa para cualquier regreso que involucre a un niño es que se haya tomado una decisión independiente e imparcial, involucrando a los funcionarios de protección, y que el regreso sea una solución sostenible que garantice los derechos, el bienestar y el interés superior del niño”.
Puerto España mantuvo firme su postura de que ese país, de 5128 kilómetros cuadrados y 1,3 millones de habitantes “no puede ser un campo de refugiados” para el vecino de 916 445 kilómetros cuadrados y 28 millones de habitantes.
Más de cinco millones de venezolanos han emigrado en los últimos seis años, empujados por la crisis económica, social y política de su país, y al menos 24 000 han llegado a Trinidad y Tobago, su vecino en el Caribe sudoriental.
Trinidad y Tobago “se encuentra actualmente bajo el último asalto, utilizando personas anónimas y sin rostro armadas con niños inocentes, para intentar obligarnos a aceptar su comprensión del ‘estatuto de refugiado y tratado internacional’”, declaró este miércoles el primer ministro Keith Rowley.
Sostuvo que no se puede esperar que “una pequeña nación insular de 1,3 millones de personas deba mantener las fronteras abiertas a un vecino de al lado de 34 millones de personas incluso durante una pandemia”.
Rowley culpó a la Organización de Estados Americanos (OEA) por “desencadenar y alimentar la actual situación venezolana” y agregó que sus funcionarios “prácticamente han declarado la guerra a Trinidad y Tobago”.
Esa actitud de la secretaría general de la OEA sería una represalia porque Puerto España tuvo “la temeridad de no haberse unido a (el enviado estadounidense para el tema venezolano) Elliot Abrams y al presidente (Donald) Trump al forzar un cambio de régimen violento en Venezuela”.
Su ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young, dijo por su parte que “cualquier persona que ingrese a Trinidad y Tobago ilegalmente es indeseable”, y por ley puede ser devuelta a su país de origen.
“Cualquier ciudadano venezolano registrado para permanecer en Trinidad y Tobago que se dedique a ayudar a otros venezolanos a ingresar ilegalmente al país será deportado”, además de que “las fronteras del país han estado cerradas desde el 22 de marzo pasado en respuesta a la pandemia covid-19”, dijo Young.
La Acnudh, por contraste, recordó que “los Estados partes de la Convención sobre los Derechos del Niño deben salvaguardar los derechos de todos los niños en su territorio, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria”, e instó a que se suspendan “todos los retornos forzosos en medio de la pandemia”.
