Pulpos y democracia

Pese al ruidoso rechazo peledeísta y la silente molestia de la partidocracia tradicional, incluidos perremeístas, las iniciativas anticorrupción emprendida por un ministerio público independiente podrían contener la hemorragia moral partidaria e iniciar un proceso de sanación de la democracia dominicana.

Diversas afecciones, tratadas con placebos generaron una septicemia en el cuerpo social, que obligó al reclamo y búsqueda de un médico externo. La amputación de miembros putrefactos apenas comienza.

Los datos preliminares de los desafueros de un poder desbordado espantan, aunque las redes sociales y programas de investigación habían ofrecido “avances”, que fidelizaron votos anticorrupción.

Solo algunos tentáculos de uno de los más influyentes individuos en la administración de Danilo Medina, según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, y ya contamos miles de millones de pesos que habrían sido sustraídos al contribuyente.

Entre los primeros 10 apresados y bajo acusación de corrupción y lavado de activos están los hermanos del expresidente Medina, Alexis y Carmen Magalys, hecho solo posible en la debilucha institucionalidad dominicana, con una Procuraduría que no respondiera a un telefonazo presidencial.

En una circunstancia distinta se habría alegado, como en el pasado, que la familia presidencial se respeta, cuando en realidad los presidentes y sus parientes y allegados deben respetar la Constitución y las leyes para ganar la estima pública y evitar consecuencias penales.

La investigación y posible sometimiento a la justicia de familiares presidenciales no es atropello ni persecución cuando se fundamenta la imputación y se respeta el debido proceso.

El presidente Luis Abinader y su partido, el Revolucionario Moderno (PRM) asumieron un grito general ciudadano de fin de la corrupción y de la impunidad y , hasta ahora, el mandatario ha sido consecuente con el reclamo.

Abinader se desprendió del brazo persecutor del ministerio público, y ha evitado dirigentes de partidos en altas cortes, órganos constituciones y en la ahora temida dirección de Contrataciones públicas.

Todo esto desaconsejado por sectores y dirigentes de su partido, que entienden que después de 16 años de fiesta presupuestaria morada, tocaba el turno para una suerte de “acumulación originaria” a los nuevos funcionarios.

“Este gobierno ha renunciado al poder que tuvieron los anteriores sobre el control del ministerio público. A quien cometa un acto ilícito nadie le protegerá. Sea quien sea. Yo di mi palabra y así será”, advirtió Abinader en documento dirigido a sus funcionarios.

La acción de los fiscales, que provocó acusaciones de Medina y el PLD sobre alegado abuso de poder, es disuasiva (o debe serlo) y goza del apoyo ciudadano y garantía del distanciamiento presidencial.

Abre el camino al castigo del desenfreno del uso de fondos públicos, reduce la odiosa impunidad y contiene ambiciones de los nuevos inquilinos que no sintonizan con el compromiso y discurso del presidente Abinader. Quizás ahora no se aprecie, pero es el mejor servicio a la sobrevivencia del sistema de partidos y de la democracia.

No hay forma de validar supuesta persecución política, ni alegada venganza de un ministerio público que ha resistido presiones ciudadanas que apuraban la actuación investigadora y de persecución.

Y cayó en el ridículo al decir, citado por el abogado Carlos Salcedo, que desconocía que su hermano Alexis fuera suplidor del Estado. (Esto pese a la capacidad de los pulpos de camuflarse a la vista de un posible atacante y de escapar a las contingencias más difíciles).