La voluntad política delineada y orientada hacia el rescate de los bienes públicos robados en la República Dominicana, es un paso de avance significativo, que contribuirá en el corto plazo, a afianzar nuestras instituciones.
El paquete de medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader, en el orden institucional y de fortalecimiento de los dispositivos de lucha contra la corrupción, merece el respaldo de toda la sociedad.
Por primera vez en la historia democrática del país se aprecia una voluntad política, moral e institucional promovida y ejecutada desde las altas instancias del poder, con miras a adecentar la administración del Estado.
“El Plan Integral de Reformas Institucionales” es una novedosa iniciativa que, de ser respalda por los principales actores políticos, económicos, legislativos, congresuales, sociales y religiosos, hará un extraordinario aporte a la convivencia organizativa y adecentamiento nacional.
Con ello, el Poder Ejecutivo da señales claras de su compromiso e interés por devolverle a la población dominicana el patrimonio saqueado durante décadas, factor determinante en el aumento de la pobreza y marginalidad social.
La reorganización institucional teniendo como eje central el combate a la corrupción, va a permitir mayores controles, y un monitoreo permanente sobre el manejo de las instituciones públicas.
Abinader detalló que a través de propuestas, leyes, reglamentos y decretos creará las bases de un nuevo Estado, uno fuerte, plural y transparente, en el que el ciudadano constituya el centro de la atención pública.
La lucha contra la corrupción asumida por el actual gobierno, tendrá de soporte un paquete de reformas institucionales, cuyo objetivo primario es blindar desde un soporte legal, a las principales instituciones gubernamentales.
A partir de ahí, el esfuerzo de las autoridades estará orientado a revertir el proceso de deterioro institucional que gravita poderosamente contra la nación, lo que ha llevado a Transparencia Internacional, colocarnos entre los países más corruptos de América Latina.
Gabinete de Transparencia
“Asumo el compromiso de impulsar una reforma constitucional para convertir el apartidismo como criterio garante de la independencia del Ministerio Público y en un legado institucional duradero”, dijo Abinader en un encuentro efectuado en el Palacio Nacional, en ocasión del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción.
Anunció la creación del Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público, encabezado por la doctora Milagros Ortiz Bosch, actual directora de Ética e Integridad Gubernamental.
Entre otras disposiciones del gobierno para el rescate institucional del país, están:
-Modificación a la ley de Compras y Contrataciones Públicas para mitigar riesgos en las compras y contrataciones del Estado.
-La modificación de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República, para realizar auditorías internas por lo menos una vez al año a todas las instituciones públicas.
-Creación de una subdirección antifraude dependiente de la Contraloría General para la realización de inspección permanente en todas las áreas de gobierno.
-Modificación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, a fin de adecuarla al marco constitucional vigente y otorgarle mayor autonomía presupuestaria y de control.
-Apoyo a los legisladores en el proceso de reforma institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos, fortaleciendo, de este modo, las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución “de modo que los llamados ´barrilitos´ sean eliminados de manera definitiva”.
Ley General de Publicidad
-La aprobación de la Ley General de Publicidad Estatal para establecer los criterios en el uso de los recursos que el Gobierno destina a la publicidad y para fiscalizar la transparencia en la contratación de esos servicios.
-Creación de una comisión de revisión y reestructuración de programas destinados a la protección y asistencia social, que presentará en 90 días un anteproyecto de ley para crear un organismo que concentre, gestione y supervise todos los programas.
Otras iniciativas que impulsará el gobierno de Abinader, para ejecutarse mediante decretos son la creación de un portal único de transparencia que recogerá toda la información relativa a la actividad de las instituciones del Gobierno, la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, para que sus disposiciones se conformen al estándar interamericano para que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información.
“Estas iniciativas buscan blindar desde el punto de vista legal a las principales instituciones de la democracia dominicana, de manera que a partir de su aprobación podamos decir que el futuro de nuestra República jamás dependerá del capricho o de los intereses de un líder, o de un partido político concreto”, expuso el Jefe de Estado.
¿Hacia la decencia y combate anticorrupción?
La decisión del juez José Alejandro Vargas de dictaminar prisión preventiva contra un hermano del ex presidente Danilo Medina Sánchez, y de otros acusados de estafar al Estado, es un hecho histórico, que impactará en nuestras instituciones.
Alexis Medina Sánchez y su hermana Carmen Magalys, conjuntamente con otros nueve imputados están implicados en una red corruptiva, que drenó las arcas públicas por miles de millones de pesos, según la Operación Anti Pulpo encaminada por el Ministerio Público.
Siete de esos sindicalizados en la estructura mafiosa guardarán prisión preventiva por tres meses, tal como lo explicó el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien declaró el caso complejo.
Estarán en prisión preventiva por tres meses Alexis Medina, señalado como el líder del entramado; Francisco Pagán Rodríguez, ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); y Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez.
Por igual, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, también cumplirán tres meses en prisión.
Asimismo el juez Vargas dispuso que Carmen Magalys Medina Sánchez, el ex ministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo “Freddy” Hidalgo Núñez, tendrán un localizador electrónico y vigilancia. Además impedimento de salida.
Hidalgo Núñez, deberá pagar además 10 millones de pesos, de acuerdo al dispositivo de las autoridades judiciales.
Las bocinas jurídicas y comunicacionales, defensora de los imputados en la red mafiosa que estafó al Estado con miles de millones de pesos, serán pulverizadas y sepultadas por la historia.
Ellos, tendrán ahora que pensarlo bien antes de intentar seguir desdeñando el irrefutable expediente presentado por el Ministerio Público, que nos encausa por primera vez en la historia del país, en los rieles de una Justicia Independiente.
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Perversidad de un Entramado
La pieza jurídica no deja dudas sobre la culpabilidad y perversidad del entramado corruptivo, auspiciado, alentado y promovido por el gobierno del ex presidente Danilo Medina Sánchez.
Las 267 páginas del minucioso y detallado documento, ilustran fehacientemente, la magnitud del saqueo a que fue sometida la sociedad dominicana en los últimos ocho años.
El pueblo, expectante, siguió cada detalle del desmenuzamiento de ese fardo de pruebas, que inequívocamente ha presentado el Ministerio Público ante el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, quien conoció la medida de coerción de Operación Anti Pulpo.
La gente tiene grandes expectativas sobre la persecución de la justicia contra los depredadores de los bienes públicos, responsables de la miseria que azota a millares de hombres y mujeres en el país.
El festín corruptivo que predominó en las instituciones públicas en las últimas dos décadas desde las entrañas del poder político, se encamina a recibir una estocada mortal, para reivindicar orgullosamente el valor intrínseco de la honestidad.
A partir de ahora, ¿estaremos transitando la ruta del respeto a las leyes y a las instituciones dominicanas? Por lo menos, se espera que se haga justicia.
La credibilidad del país y del sistema democrático está en cuestionamiento ante tantos años de corrupción, sin que hasta el momento haya consecuencias.
La sociedad dominicana debe brindar su apoyo solidario hacia el Ministerio Público y sus principales representantes, que luchan por aplicar justicia ante una de las acciones de corrupción más escandalosa de nuestra historia reciente.
Durante décadas, la sociedad dominicana demandó una justicia independiente del Poder Ejecutivo, que garantice el estado de derecho y fortalecimiento institucional.
Abinader prometió durante la pasada campaña electoral un aparato judicial independiente, tal como lo demandaban diversos sectores.
Una de su primera designación al frente del Estado, fue la de Miriam Germán, como Procuradora General de la República, y a Yeni Berenice Reynoso, Procuradora Adjunta.
Artículo de Manuel Díaz Aponte
