El conflicto generado por el permiso otorgado por el pasado gobierno para la construcción de un aeropuerto en Bávaro sigue latente pese a que las nuevas autoridades han tomado medidas para impedirlo.
Para diversos sectores, el visto bueno dado por las anteriores autoridades del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) es ilegal, ilegítima y violatoria al derecho del imperio de la ley.
La más activa en el rechazo al intento de levantar un nuevo aeropuerto en la zona es la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE), propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Argumenta CAE, además que esa decisión “también afecta, de forma directa, los derechos de la recurrente, además de ser contraria a principios vitales en el Derecho Público, como el de seguridad jurídica y confianza legítima”.
Preocupada por la situación CAE solicitó este viernes al IDAC que revoque la autorización para el inicio de la construcción y fiscalización del proyecto Aeropuerto Internacional Bávaro (AIB), argumentando irregularidades e incumplimientos de requisitos legales.
En su recurso de reconsideración, la CAE señala que la aprobación dada por el IDAC al Grupo ABRISA quedó condicionada a cumplimientos establecidos en el Decreto 270-20 de fecha 21 de julio de 2020 sobre el AIB, los cuales continúan sin ser satisfechos.
El artículo del decreto a que se refiere la CAE señala:
“La empresa Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB, S.A.S. deberá cumplir con todas las disposiciones legales, reglamentarias y normas administrativas que le fueren aplicables, incluyendo las contenidas en la Ley núm. 8, que crea la Comisión Aeroportuaria, del 17 de noviembre de 1978, la Ley núm. 491-06, de Aviación Civil, del 28 de diciembre de 2006, la Ley núm. 188-11, se Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, del 16 de julio de 2011, y la Ley núm. 64-00, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del 18 de agosto de 2000; y obtenga las certificaciones, permisos y autorizaciones requeridas por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), las autoridades municipales competentes, y cualesquiera otras que sean necesarias”.
Asegura la CAE que hasta la fecha, el Grupo Abrisa “no ha cursado por la entidad Estatal competente (el IDAC) un solo documento válido, de carácter técnico, que justifique el cumplimiento de lo ordenado por el artículo 4 del referido Decreto”.
La CAE justifica la tardanza en recurrir la decisión del IDAC en que solo fue en octubre que se enteró oficialmente de la misma, cuando ese organismo suspendió la aprobación del AIB pendiente de una declaración de lesividad.
Al convertirse en parte interesada porque la decisión del IDAC le afecta, la CAE persigue que esa agencia pública suspenda de manera definitiva la construcción y supervisión del nuevo aeropuerto, lo que legalmente no puede hacer de oficio.
