NUEVA YORK.- Durante los últimos 57 años, partiendo del derrocamiento del gobierno constitucional del fenecido expresidente profesor Juan Bosch, el 25 de septiembre de 1963, siete de los últimos políticos que han gobernado la República Dominicana, han desconocido las promesas hechas a la sociedad de realizar una administración honesta, transparente y en contra de la corrupción administrativa.
Aunque el también fenecido expresidente Don Antonio Guzmán Fernández, dio los pasos necesarios para introducir los cambios en ese sentido, terminó su vida abruptamente suicidándose en su despacho, avergonzado de las acciones corruptas de una buena parte de los funcionarios más cercanos de su gobierno.
El también fallecido exmandatario Joaquín Balaguer, para no negarlo, dijo que esas malas acciones de los funcionarios de su gobierno solo se detenían en la puerta de su despacho.
Las nuevas iniciativas de cambio y persecución de los involucrados en actos de corrupción administrativas por parte de la presente administración que encabeza el presidente Luis Abinader, no deben ser bloqueadas o entorpecidas por ningún sector social, político o judicial.
Durante los procesos judiciales iniciados el 6 de diciembre contra varios exfuncionarios del pasado gobierno de Danilo Medina, acusados de cometer actos corrupción administrativa, me llamó mucho la atención algunas de las consideraciones formuladas por el Juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, antes de emitir las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Publico (MP), contra los implicados.
Previo a la promulgación de las órdenes de prisión preventiva y arresto domiciliario contra 10 de los 11 acusados, el Juez Alejandro Vargas, emitió varias consideraciones para justificar sus decisiones contra los imputados y a favor del Ministerio Público.
En su conversatorio, Vargas demostró ser un juez respetuoso, comprensivo, flexible y compasivo. Demostró que es un catedrático impartiendo clases de derecho procesal y penal, emitiendo elogios y críticas constructivas a los abogados litigantes de la defensa y del M.P.
Llegó a calificar como un mal pago familiar que nunca debió haber sido, la acción cometida por Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado de la “Operación Anti Pulpo”, que lleva a cabo la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Con sus interpretaciones, el magistrado Vargas exculpó indirectamente al expresidente Medina, considerando como “una traición familiar” los hechos bochornosos de Juan Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, quienes metieron en un atolladero la gestión gubernamental que encabezó su hermano.
Resulta extraño que el juez Vargas afirme, entre otras cosas, que el expresidente Medina fuera siempre cuidadoso con respecto a las millonarias actividades comerciales que realizaba su hermano con el Estado dominicano.
No era un secreto para nadie que Juan Alexis Medina se movía con libre albedrío y sin control palaciego por todos los estamentos del Estado, realizando voluminosas transacciones tipificadas por el Ministerio Público como ilegales y violadoras de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, afectando las arcas del Erario.
El magistrado Vargas afirmó además, que las actividades de los dos hermanos del expresidente fueron una traición a la confianza de éste.
A mi consideración, los hechos imputados no pueden calificarse como traición, como lo indicó el magistrado. Por los montos de las transacciones y la diversidad de personalidades del sector público y privado involucradas, Danilo Medina no podía estar ajeno a esas actividades comerciales de Juan Alexis, aunque estratégicamente lo niegue para evitar ser involucrado y procesado como cómplice.
Para traicionar la confianza de una persona, es necesario que el afectado sea inocente a lo sucedido, y que al descubrirse el hecho el traicionado haya sido sorprendido en su buena fe, y este no ha sido el caso.
Para el juez Vargas, Juan Alexis Medina era “la niña linda”, que “mandaba más que los funcionarios” que estaban bajo las órdenes directas del expresidente Medina.
Los negocios del poderoso suplidor del Estado eran tan notorios que lo sabían dirigentes de los partidos de oposición, medios de comunicación, directivos de grupos económicos, comerciales y empresariales, así como los organismos de seguridad del Estado, que informan al presidente de la República todo lo que se mueve en el ámbito gubernamental, político, económico y social.
Sin embargo, y a pesar de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, Medina niega tener conocimiento de que su hermano era el más influyente suplidor del Estado.
Con el dictamen final del juez Vargas, los imputados Juan Alexis Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Juliano Esteban Suriel Santos, José Dolores Santana, Huáscar Carmona Pineda y Fernando Rosa fueron enviados a prisión preventiva de tres meses en cárceles de San Pedro de Macorís y San Cristóbal, a la espera de un juicio definitivo.
Mientras que Carmen Magalys Medina Sánchez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Nuñez y al doctor Freddy Hidalgo se les impusieron arresto domiciliario e impedimento de salida del país. Rafael Antonio Germosén Andujar se le aplicó arresto domiciliario y para Domingo Antonio Santiago Núñez, la ordenanza de libertad condicional.
Para completar la jornada, el presidente Luis Abinader anunció al día siguiente, en el marco de las celebraciones del Día Internacional contra la Corrupción, que estaba contratando un equipo de abogados quienes trabajaran en materia civil junto al MP, para recuperar los patrimonios robados.
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