Santo Domingo.-El Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos (CONACOPE) favorece las iniciativas que está tomando el presidente Luis Abinader para combatir la corrupción, entre ellas la que crea el Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público.
Sin embargo, el reverendo Adolfo Mateo, presidente de CONACOPE, entiende que para hacer más eficiente esta la lucha se hace necesario integrar a la educación que se imparte en todas las escuelas y colegios del país un programa intencionalmente diseñado en el que se incluyan contenidos orientados a la formación de ciudadanos que valoren la honestidad y la honradez como parte consustancial de su estilo de vida.
Consideró que no es mucho lo que pueden hacer las leyes y los mecanismos de control oficial en medio de una sociedad que ha confundido el éxito personal con la habilidad para apropiarse de lo bienes públicos. Sostuvo que estas medidas solo tendrán un efecto duradero y sostenible sin son acompañadas de programas educativos que apunten a la formación de un nuevo modelo ciudadano.
“No basta con aplicar de manera apropiada los mecanismos de la justicia, ni solo señalar las normas consignadas en nuestras leyes, tenemos que trabajar la presente generación con valores que tienen que enfatizarse en el hogar y ser formalmente desarrollado en programas educativos desde nuestras escuelas y centros educativos”, destacó.
“Necesitamos emprender la formación de un nuevo ciudadano apoyado en valores éticos”, enfatizó el pastor Mateo, al tiempo que destacó el aporte de las iglesias cristianas en la formación de hombres honestos y probos.
Resaltó que en la lucha contra la corrupción la puesta en marcha de los mecanismos persecutores del orden público y de la justicia oficial, no son suficientes. “Tenemos que desarrollar una amplio y sostenido programa de valores, y en eso se hace necesario reconocer el trabajo que hacemos desde las iglesias”.
Dijo que será muy difícil que ganemos la batalla a la corrupción cuando estamos orientando la vocación profesional de nuestros hijos solo hacia las actividades económicamente más rentables. El presidente de CONACOPE lamentó que: “Hazte abogado, engánchate en la política o ponte a jugar pelota, porque ahí es que está el billete”, se han convertido en las expresiones más usuales para orientar a nuestros hijos, y subrayó que esto es toda una cultura que debemos cambiar desarrollando un nuevo modelo educativo que apunte de manera efectiva a la formación en valores.
Afirmó que desde las iglesias cristianas las vocaciones se orientan en función del servicio a los demás y no de la rentabilidad o las ventajas personales que puedan obtenerse desde las mismas.
“Es oportuno decir que desde las iglesias se trabaja de manera consistente en la formación y en la calidad de la persona humana para servir; por eso, la orientación que les damos a nuestros jóvenes apunta a que sean mejores ciudadanos y a que les sirvan a los demás de conformidad con el modelo de Cristo a través de las Escrituras”.
Apuntó que presidente Abinader está dando muestra de que desea atacar la corrupción de manera seria y que las iglesias evangélicas desde su ministerio educativo y de formación de ciudadanos honestos y responsables están en la mejor disposición de apoyar esas iniciativas.
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“Nos urge acompañar moral y pedagógicamente a los jóvenes de las nuevas generaciones para que puedan discernir y asimilar los daños que les hace la corrupción a sus vidas en particular y a toda la sociedad”, expresó el pastor Mateo.
“Consciente de nuestra misión como iglesia, les hemos propuesto a la Universidad Nacional Evangélica (UNEV) el establecimiento de escuela de formación política y ciudadana para trabajar desde la misma en la formación de personas aptas, no solo para ejercer funciones públicas y profesionales con integridad y transparencia sino también para influir en todo nuestro conglomerado social y en toda nuestra cultura”.
Consideró que el momento es apropiado para desarrollar personas que modelen valores cívicos y que garanticen no solo el manejo del dinero sino de implementación de las normas éticas que exige la administración y gestión de un Estado que garantice la justicia y el bienestar colectivo.