Cristhian Jiménez, periodista.
La noche que “ponen los reyes”, el Consejo Nacional de la Magistratura reinicia sus trabajos para ponderar comportamientos y formación de aspirantes a dioses togados y, entonces distribuir los “regalos”.
Los consejeros, convocados el sábado último para la noche del martes, deben escoger a cuatro miembros del Tribunal Constitucional, evaluar un juez de la Suprema Corte de Justicia y completar la membresía del Tribunal Superior Electoral.
Las sesiones han sufrido aplazamientos por recursos contenciosos elevados por el Partido de la Liberación Dominicana, que objeta a la Fuerza del Pueblo como segunda mayoría en el Senado, y por las festividades navideñas.
Los novicios consejeros aprobaron el cronograma de evaluación y selección el lunes 7 de diciembre, que estableció inscripciones hasta el 23 de diciembre y entrevistas públicas a partir del 13 de enero. Se verificará cumplimiento de requisitos antes de publicar la lista para objeciones ciudadanas ante el Consejo.
Contrario al pasado órgano con dominio pleno del oficialismo peledeísta, en la actualidad el presidente Luis Abinader y su partido, el Revolucionario Moderno, no tienen el control del CNM.
El mandatario cuenta con la lealtad partidaria de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, pero esta vez es un aliado que lidera el Senado, Eduardo Estrella, que pudiera tener posturas con matices diferentes. El otro representante senatorial es Bautista Rojas Gómez, quien representa a la FP. La Procurador General, Miriam Germán, es independiente y como exjueza tendrá su propia vara de medición.
El PLD tiene al diputado Víctor Fadul , mientras que la SCJ tiene a su presidente Luis Henry Molina y a Nancy Salcedo, escogidos como jueces en la administración Medina, por lo que estos votos son colocados distantes del influjo oficial.
A los presidentes no se les derrota, salvo la excepción del primer Consejo en 1997, de un PLD y Leonel Fernández que asumieron el gobierno con votos prestados, y la voluntad política de Abinader será determinante, aunque con negociaciones y daciones de pago de aliados, convergentes y amigos.
En el Constitucional donde existe un sentimiento perredeista, que paulatinamente fue distanciándose de Miguel Vargas, detentador de las gastadas siglas del PRD, podría reforzarse el alejamiento del PLD, que mantuvo un pie en el cuello al tribunal en los últimos años.
En el caso de la evaluación del juez supremo Francisco Ortega Polanco, se rumorea sería confirmado en la posición, pero de elegir un sustituto debería preservarse el respeto al escalafón que figura en la Ley de Carrera Judicial.
La Constitución en su artículo 180 protege a los jueces de carrera al obligar al Consejo de la Magistratura a escoger tres cuartas partes de los miembros de la SCJ de los que figuren bajo ese estatuto.
Esa ley condiciona, artículo 13, ser juez de primera instancia al desempeño anterior como juez de paz y mantiene la escalada, por lo que un juez distinto a uno de corte, no puede optar a ser miembro de la Suprema.
En el caso de los miembros del TSE o de la JCE es injusto que se escojan suplentes, exigiendo las mismas condiciones que a los titulares, pero que a falta definitiva de estos, aquellos no puedan quedarse para el tiempo restante del período.
El Consejo ha convocado para completar la membresía del TSE, figurando un suplente del presidente (Román Jáquez fue escogido presidente de la Junta Central Electoral), que actualmente desarrolla las funciones del saliente.
El colmo es que el período de todos loe miembros del tribunal vence en julio, y ahora hay que perder el tiempo escogiendo a un presidente que completará el período.
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