El juez dominicano sigue siendo el más conservador de todos los jueces del planeta. Parecería que una justicia que acaba de instalarse, lo hizo como ocurría con la nomenclatura soviética que llegaba al poder no solo vieja sino cansada y senil
Bajo la consigna de que nadie se encuentra problemas por no hacer nada, trabajó la Administración de justicia en 2020. No se encuentra, en todo este año de 2020, una sentencia sobresaliente en materia civil, penal, laboral, administrativa, tierras, etc., en la que se pueda decir que se creó una nueva jurisprudencia o que se actualizó un viejo anacronismo, por ejemplo, en materia de responsabilidad civil, derecho de seguro, daños, medio ambiente, urbanismo, derecho de consumo, etc. O, que se dio un fallo para concordar una ley o un criterio jurisprudencial a los dictados de la Constitución de la República.
Cerrado estuvieron los tribunales la mayor parte del año y cualquiera pudo entender que los jueces tuvieron más tiempo que nunca para más y mejores fallos, para hacer jurisprudencia, o bien, para poner a corde a la Constitución vigente, viejos anacronismos judiciales en materia de responsabilidad civil, etc., o bien, para poner en servicios los tan necesarios tribunales de lo contencioso administrativo de primera instancia, nada de eso, la realidad desmiente cualquier argumento a contrario.
El juez dominicano sigue siendo el más conservador de todos los jueces del planeta. Parecería que una justicia que acaba de instalarse, lo hizo como ocurría con la nomenclatura soviética que llegaba al poder no solo vieja sino cansada y senil. De nuevo se prueba aquello de que la edad es mental y no biológica. Los ancianos de ideas que pueblan hoy la Suprema Corte de Justicia solo han tenido tiempo de medir oportunismo con los concejales del Consejo del Poder Judicial, nada más.
La pretensión de hacer una justicia digitalizada y cada vez más distante de la población no es realista ni se aplica con un criterio claro de lo que requiere el país y del rol que compete al Poder Judicial en la consolidación de la democracia criolla. Pensadores como Jürge Habermas plantean la necesidad de que la democracia sea deliberativa y uno de los mejores escenarios para lograrlo son los tribunales; Ronald Dworkin al hablar de los derechos en serio y de los casos difíciles plantea la necesidad de que los jueces se aboquen a razonar con base al sentido común y para lograrlo deben decidir lo más cercanamente a lo que la gente de a pie piensa sobre como dirimir un conflicto. La SCJ, por el contrario, entiende que alejándose del pueblo, por medio de la telemática, construirá democracia. Es decir, no entienden qué es lo que tienen entre manos y cual es rol o responsabilidad social que asumen al detentar esas posiciones.
En palabra de Luigi Ferrajoli es una justicia que, de más en más, nos entrega a los poderes salvajes. Si los jueces son los guardianes de la Constitución, los nacionales entienden que son sus verdugos, que su rol es resultarle graciosos al poder político y al poder factico. Estos jueces, indudablemente, no entienden las transformaciones que se están operando desde el Poder Ejecutivo cuya cabeza está renunciando, por anticipado a narigonear jueces, estaban tan a gusto que ahora entienden el proceso iniciado desde el ejecutivo, como un viento pasajero que amainará en breve. No están solo en ello, una parte importante del espectro político con serios problemas judiciales, piensa lo mismo y muchos seudo intelectuales cuya existencia es medrar en el poder, piensa lo mismo.
Esto sin hablar del empresariado y de la sociedad civil politizada y al servicio de los peores intereses. Estos depredadores piensan que pueden torcer el brazo del Presidente junto a unas bocinas que no se cansan de hablar sobre la supuesta inviabilidad de la justicia y de la propuesta democrática del Presidente en materia judicial. Es lamentable que en 2020, todos estos sujetos hayan contado con una Administración de justicia que, de entrada, parece darle la razón. Cuán lejos están nuestros jueces del movimiento del Judicial Revue, o cambio producido desde la justicia; es decir, el cambio operado de manera institucional desde el Poder Judicial que caracteriza el sistema judicial de Estados Unidos; o de la justicia constitucional italiana que, desde siempre, ha procurado que sea el Poder Judicial quien se encargue de realizar lo que Habermas llama el cambio fragmentado de paradigmas.
Si se produje un retroceso político producto de conducir la propuesta de un Presidente hasta ahora decente, como por mucho tiempo se ha buscado uno, la justicia tendrá mucha, por no decir toda, la responsabilidad en ello, pues el tapón que se está produciendo en el Ministerio Público como consecuencia de la deliberada conducta de preferir tener los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia cerrados, es la mayor muestra de ello, puesto que el Estado social, tiene a dichos tribunales como garantes prácticos judiciales de la constitucionalidad y del control de la rendición de cuentas junto a canales de la expresión ciudadana sobre los gestores públicos que no trabajan por el bien común. No solo es que los tribunales administrativos son los tribunales del derecho común del Estado social sino que la Constitución está siendo violada cotidianamente por el Poder Judicial cuando se resiste a aperturar dichos tribunales solo con el objeto de resultar graciosos frente al hampa política.
Se debe tener la esperanza de que 2021 sea el año de la apertura de los tribunales de lo contencioso administrativos y el año en que las decisiones judiciales reflejen las transformaciones legislativas que ha producido el Congreso Nacional con miras a poner en consonancia con la Constitución el marco legal nacional, pero está visto, que si la justicia no asume el cambio, si se mantiene petrificada en formalismos decimonónicos, seguirá perdida. DLH-3-01-2021.
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