Sebastián Del Pilar Sánchez
El jefe de la Policía Nacional que ha cosechado la mayor reprobación social por su errática conducción de ese cuerpo del orden público, ha sido el general Enrique Pérez y Pérez, quien ocupó ese puesto por primera vez desde el jueves 31 de diciembre de 1970 hasta el 15 de octubre de 1971.
La causa principal de la censura a sus ejecutorias en la institución creada el 2 de marzo de 1936, hay que atribuirla a su obsesión en combatir a los grupos de izquierda mediante el uso excesivo de los métodos represivos que vulneran la integridad física y derechos de sus miembros como integrantes de una sociedad civilizada.
La organización izquierdista objeto del más encendido ensañamiento de este jefe de la Policía fue el Movimiento Popular Dominicano (MPD), conducido por su secretario general Maximiliano Gómez (El Moreno), hasta el 23 de mayo de 1971 (día se su trágica muerte en Bruselas), aunque desde la época de la tiranía ninguna entidad política fue tan maltratada como la de la bandera roja y negra, cuyos dirigentes fueron perseguidos, torturados y acribillados por su lucha antitrujillista.
El partido fundado en el exilio por Máximo Antonio López Molina continuó soportando esa situación al inicio de la etapa democrática y durante los gobiernos del Triunvirato y Joaquín Balaguer, haciéndose más que evidente dicho golpeo durante la jefatura policial del general Pérez y Pérez, sin omitir que sus antecesores en los primeros cuatro años de la gestión reformista, también incurrieron en violaciones a los derechos humanos y en la comisión de diversos hechos de sangre.
En ese sentido basta citar los nombres de Otto Morales y Amín Abel Hasbún, dos altos dirigentes del MPD asesinados el 16 de julio y el 24 de septiembre de 1970, seis meses antes de que se iniciara el mandato policial del recio general.
Sin embargo, es innegable que el encauzamiento de la Policía hacia el conflicto creció en los diez meses en que fue dirigida por éste, puesto que en ese período se materializó una serie de actos violentos contra la izquierda no enmascarados como los impopulares y desacreditados “intercambios de disparos” que han caracterizado la actuación policíaca de los últimos tiempos.
Gestión policial
El general Pérez y Pérez se juramentó en la jefatura de la Policía el 1ro. de enero de 1971, en una ceremonia en la que aseguró que “sería enérgico para someter a la obediencia a aquellos policías y civiles que violaran las leyes de la República”. En su discurso también advirtió que: “Vengo con un sable en una mano para aplicárselo a quien no cumpla con la ley…en la otra, llevo la balanza de la justicia, para que ella perdure; sea eterna”. Añadiendo que: “Evaluaré todas las informaciones que me sean traídas a mi despacho, a mi casa, en la calle, en cualquier parte que deseen dármelas, de cualquier ciudadano”.
Su designación en la Policía sorprendió a la opinión pública, pues era el deseo generalizado que el nuevo jefe de la institución del orden fuese un genuino agente del orden con un pensamiento en armonía con las ideas democráticas que se abrían paso en América impulsadas por estadistas, líderes políticos y religiosos conservadores y liberales.
Sin embargo, cuatro días después de su nombramiento, se comenzó a sentir su dura advertencia cuando reveló el 5 de enero -en la víspera de la fiesta de los reyes magos- que ampliaría y depuraría los servicios de inteligencia policiales para integrar a las labores de espionaje a los miembros más preparados y calificados de la Policía, con el objetivo de “rescatar el prestigio de esa institución ante la ciudadanía”.
Asimismo anunció que la Policía realizaría allanamientos masivos en los barrios de la capital, comenzando por San Miguel y Ciudad Nueva, los cuales justificó diciendo que eran el producto de la poca cooperación de la gente para localizar el tráfico de armas y a los delincuentes.
La primera víctima de la gestión de Pérez y Pérez fue Lorenzo Cruz, dirigente medio del partido blanco en la sección de Jacayo de Bonao, apresado el jueves 7 de enero al finalizar las festividades de los reyes, luego de ser allanada su vivienda en busca de documentos políticos supuestamente comprometedores, y paseado -como escarmiento- por las calles de su pueblo, para más tarde conducirlo a la fortaleza militar de La Vega.
Ese día también fueron detenidos Carlos García (mejor conocido por el sobrenombre de Bemberria), dirigente obrero de FOUSA-CESITRADO, golpeado en el barrio de Los Mina de la capital por supuestamente portar un arma de fuego que habría lanzado hacia un retrete, y los jóvenes Carlos Marte y José Antonio Guridi, seguidores en el barrio de San Carlos del Movimiento Nueva República (MORENURE), que lideraba dentro del perredeísmo su secretario nacional de Organización, Rafael Gamundi Cordero (Rafa).
Para no dejar duda sobre el carácter represivo de su gestión, el jefe de la Policía ofreció unas declaraciones a la prensa, donde amenazó con encarcelar a todos los militantes del Movimiento Popular Dominicano (MPD) y sus rivales de izquierda, debido a que mantenían una confrontación ideológica que había pasado al terreno de las agresiones físicas y “llevaba intranquilidad a los hogares de la familia dominicana”.
El 14 de enero de 1971, el general Pérez dispuso la detención de seis altos dirigentes del MPD que estaban reunidos en la casa número 7 de la calle Proyecto del ensanche Luperón y que según su versión, planificaban el secuestro del rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, monseñor Agripino Núñez Collado. Los apresados eran Julio Augusto de Peña Valdez, secretario general de la entidad; Agustín Moisés Blanco Genao, Edgar Erickson Pichardo, David Onelio Espaillat, Rafael Báez Pérez, (Cocuyo) y Luis Elpidio Sosa Rodríguez, a quienes se les habría incautado literatura comunista y armamentos de guerra.
Esa misma noche se produjo la detención en el Aeropuerto Internacional Las Américas de la periodista Margarita Cordero, quien regresaba al país junto a su pequeña hija Laura, de dos años de edad, procedente de Canadá. Fue conducida al Palacio de la Policía para fines de investigación porque había viajado sin permiso a Cuba en el año 1967 para participar en un seminario de periodistas.
Las arbitrariedades seguirían el viernes 15 de enero con la detención de los dirigentes del Partido Comunista Dominicano (PCD), hermanos Asdrúbal y Osvaldo Domínguez Guerrero; Alfredo Pierré González, Alfredo Emilio Conde Sturla, José Israel Cuello Hernández, Mario Sánchez y Julián Peña, acusados de constituirse en asociación de malhechores y de alterar la paz y la tranquilidad públicas.
Esos apresamientos provocaron un enérgico pronunciamiento del presidente y líder del partido blanco, profesor Juan Bosch, quien pidió al presidente Balaguer disponer la libertad inmediata de los líderes comunistas, tanto los del PCD como del MPD, ya que su prisión era calificada de política, al no existir una acusación en regla, formal y basada en hechos demostrables.
Bosch agregaba que el pueblo no creía en la acusación de las autoridades policiales en ninguno de los casos y que esos dirigentes de izquierda habían sido detenidos sin ninguna clase de garantía de respeto a sus derechos civiles. Incluso, la acusación de planificación de secuestro hecha por la Policía a los dirigentes del MPD, fue puesta en tela de juicio por la supuesta víctima, monseñor Núñez Collado, al decir durante una entrevista en Santiago que no se sentía perseguido “ahora ni en ocasión alguna de mi vida” y que no creía que hubiese razones para perseguirlo o vigilarlo.
El académico y prelado católico señaló que “he laborado tranquilamente como sacerdote y educador y continuaré laborando con la firme esperanza de que todos los nacionales podamos vivir y trabajar con la seguridad, el sosiego y la paz con los que he vivido y trabajado, con la única preocupación de que alguna vez imperen en el país, de forma radical, la justicia y la solidaridad entre todos los dominicanos”.
Los primeros crímenes con evidente matiz político en la gestión de Pérez y Pérez fueron de los dirigentes del MPD Roberto Figueroa Taylor (Chapó) y Luis Manuel Naut, asesinados los días 7 y 25 de julio de 1971, aunque se debe recordar que el 17 de julio ocurrió la desaparición de uno de los líderes y fundadores de esa misma organización, el señor Andrés Marcelino Ramos Peguero, mientras se encontraba prisionero en una celda de la Policía Nacional. Su esposa, la ciudadana española Raquel Salvande Rey, que hacía seis días que había salido del país, regresó enseguida y culpó de su desaparición al doctor Balaguer.
La señora de Ramos Peguero aseguró en una carta enviada a la embajada de España y a la cancillería de su país, que su marido había sido apresado usando el nombre clandestino de Julio Jiménez Carbuccia, en la calle Paraguay No. 51 de la capital (lugar de residencia) y conducido al Palacio de Policía donde fue interrogado por agentes de esa institución y de los servicios secretos de los Estados Unidos.
Ramos Peguero fue un gran luchador antitrujillista que figura -junto a Máximo López Molina- en la lista de los fundadores del MPD y se destacó en el ámbito revolucionario por su papel como capitán del ejército rebelde de Fidel Castro en la Sierra Maestra y luego del triunfo de la Revolución cubana, formó parte de la caravana de la libertad que acompañó al líder socialista en su entrada triunfante en La Habana, tras la huida de Fulgencio Batista el día 1ro. de enero de 1959.
Luego de la desaparición de Ramos Peguero y el asesinato de Luis Manuel Naut, el 1ro. de septiembre de 1971 fue ultimado Jesús María Álvarez, conocido cariñosamente por el sobrenombre de “Boyoyo”, una persona bien valorada por su trayectoria democrática y por ser un distinguido munícipe santiagués.
A juicio del periodista Gregorio García Castro, el asesinato de Boyoyo colocó al gobierno del presidente Balaguer “en uno de los más incómodos aprietos de opinión pública” y al general Pérez “en una de sus más críticas posiciones ante el mandatario que lo colocó como Jefe de la Policía empezando el año”.
Apuntó el asesinado columnista de Ultima Hora que “La gravedad del caso es que todas las acusaciones sobre el asesinato apuntan hacia la esfera oficial y, más concretamente, contra la Policía”. Agregando que “Lo que muchos prevén es que Balaguer aplicará con Pérez y Pérez el mismo metro que ha usado en casos similares. Destituirlo”.
El periodista recordó que Balaguer destituyó al coronel Ramón A. Soto Echavarría, como jefe policial, cuando fue identificado como negligente en la muerte a tiros del doctor Frank Peynado, hijo del prominente jurista Julio Peynado y que también quitó al brigadier Braulio Álvarez Sánchez, luego de que le cayera a trompadas a monseñor Agripino Núñez Collado, entonces vicerrector de la UCAMAIMA, confundiéndolo con el vicerrector de la UASD, doctor Hugo Tolentino Dipp.
El autor de la columna "En un tris" escribió que procedía quitar al general Pérez de la jefatura de la Policía por la carga especifica de opinión que generaba la muerte de Boyoyo, un hombre muy querido en la clase alta de Santiago, cuyo asesinato había “erizado de indignación a esa ciudad y a todo el país”, y por el manantial de contradicciones en que incurrió la Policía al pretender asociar de modo apresurado a ese crimen a los legendarios dirigentes revolucionarios Lorenzo Vargas (El Sombrerero) y Jorge Puello Soriano (El Men).
Sin embargo, pese al criterio del jefe de redacción de Última Hora de que con el asesinato de Boyoyo las cosas habían tomado otro camino y Pérez y Pérez sería destituido, no hubo ningún cambio en la Policía y el 22 de septiembre de 1971 ocurría otra muerte similar de terrible, la del joven Héctor Homero Hernández Vargas, líder de la agrupación política “Acción de Lucha por una Nueva Quisqueya”, acribillado a balazos en el momento en que andaba junto a su esposa embarazada, Elsa Peña, por una calle próxima a la avenida San Cristóbal, en el ensanche La Fe, de la capital.
En ese crimen se mencionó la participación del sargento Juan María Arias Sánchez, quien tiempo después sería acusado de asesinar -el 28 de marzo de 1973- al propio periodista Gregorio García Castro.
El crimen que puso fin a la gestión de Pérez y Pérez ocurrió durante la madrugada del 9 de octubre de 1971 y fue el de cinco jóvenes deportistas que residían en el barrio 27 de Febrero y pertenecían al club Héctor J. Díaz.
Datos de la vida militar del general Pérez y Pérez
No se debe perder de vista que este alto oficial procedía de las filas castrenses y que antes de su traslado transitorio a la Policía era ministro de las Fuerzas Armadas desde el final de la guerra civil de 1965.
Ostentó ese alto cargo militar, con el rango de mayor general, durante el gobierno provisional del doctor Héctor García-Godoy Cáceres, en sustitución del contraalmirante Francisco Javier Rivera Caminero, relevado como ministro a raíz de la crisis social y económica generada por la masacre estudiantil del 9 de febrero de 1966, en la que militares apostados en un área del Palacio Nacional dispararon sus armas contra decenas de muchachos indefensos que reclamaban al gobierno desocupar las escuelas y los liceos en manos de los soldados invasores de 1965, siendo asesinados la joven de catorce años Amelia Altagracia Ricart Calventi y otros cuatro estudiantes.
Al general Pérez y Pérez le correspondió la difícil tarea de restablecer la armonía dentro de las Fuerzas Armadas, agrietada por la contienda abrileña y por el ataque de unidades aéreas y tanques de guerra contra el coronel Francisco Caamaño y la plana mayor del Ejército constitucionalista, el 19 de diciembre de 1965 en el hotel Matum de Santiago.
Es decir que este jefe militar llegó al puesto de ministro de las Fuerzas Armadas no por ser menos rudo que Rivera Caminero, sino porque el antiguo jefe de la Marina le estaba ocasionando problemas al jefe del Estado con acciones facinerosas como el desafortunado y sorpresivo ataque contra Caamaño y sus compañeros de armas en Santiago y el develado complot contra el profesor Bosch a su llegada al país el 25 de septiembre de ese año.
Se debe agregar que el general Pérez y Pérez no era un militar improvisado, ya que tenía como credencial su destacada participación en la sangrienta “operación limpieza” ejecutada por el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas (CEFA) en la zona norte de la capital, durante la guerra de abril de 1965.
Igualmente hay que anotar que aun cuando por su rudeza en la acción bélica y en el manejo de la Policía, el alto oficial diera la apariencia de ser un individuo de mente cavernaria y poca ilustración, en realidad poseía una sólida formación cultural y docente adquirida en la academia de cadetes y en la escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, donde se hizo licenciado en Derecho, aunque su práctica -en el rol policial- se encaminara después a conculcar los derechos civiles y políticos de los adversarios del régimen reformista.
