De modo que los órganos colegiados debieran empezar a salir de su letargo ancestral para encontrarse con la realidad de que son cómplices por acción o por omisión.
En la democracia representativa dominicana, es tradición, afirmar que, cuando un funcionario autoritario desea que no se haga nada, pero que a la vez, se simule que se hace algo, encarga a una comisión del asunto a tratar. Esta apreciación viene rodando desde la época de la colonia y en lugar de que los cuerpos colegiados u órganos colegiados sean instrumentos de contrapesos al presidencialismo individualista y ejecutivo, la realidad es que estos mecanismos de hacer consenso, previo a la toma de una decisión, no funcionan en la República Dominicana. Su fin es legitimar las conductas e inconductas de los individuos autoritarios.
El tema es tan sintomático que va desde la Suprema Corte de Justicia (SCJ), pasa por el Consejo del Poder Judicial y se enquista en la Administración pública, cual espada de Damocles. Así soto voces, se acusa públicamente, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de practicar el autoritarismo individualista y de hacer inoperantes al pleno de la SCJ y al Consejo del Poder Judicial. Es decir, se dice que la SCJ, ni el Consejo del Poder Judicial, deliberan sino que son simples sellos gomígrafos del presidente.
El mal en el republicanismo, nos viene de la Constitución de 1844, la que, fue profanada por Pedro Santana con el cerco militar que le impuso hasta hacerse aprobar el famoso artículo 210 de aquella primera constitución. Por eso hemos dicho -y ahora repetimos-, que esa constitución no puede ser modélica para nosotros porque es nula en su origen.
Siempre se ha dicho, que el problema es que la democracia de consenso, no funciona entre nosotros que, en cambio, si funciona de manera eficiente el autoritarismo. Así, la era republicana está llena de regímenes autoritarios y de escasos ejemplos democráticos. El tema viene hasta nuestros día, pues recientemente, vimos a un destacado intelectual del PRM, advertirle al Presidente de la República, que debe resignarse a escudarse en los miembros de su partido so pena de correr la suerte del Gobierno de Juan Bosch. Solapadamente, hay ahí una invitación a que el presidente que, hasta ahora se ha manejado democráticamente, se aboque a hacer uso de ideas autoritarias y olvide su discurso democrático.
Siempre ha sido así, nuestra clase intelectual instiga y presiona hacia el autoritarismo y luego culpan al pueblo de ello, en el pasado y en el presente. Sin embargo, esta vez, parece que no será tan fácil, pues existe una variante que puede hacer la diferencia puesto que en el pasado, los propios intelectuales, tildaban al pueblo de ser un pueblo sin memoria porque repetía constantemente los mismos errores. La diferencia es que ahora, partiendo de que dicho supuesto sea verdadero e independientemente de analizar si lo es o no, la realidad es que la sociedad de la información que se vive hoy en día donde cualquiera puede almacenar información, hace imposible el que se carezca de memoria.
Otro prurito que va a favor del autoritarismo individualista, es el de que, siempre se ha sostenido, que quien carga con la responsabilidad exclusiva por los errores como por el éxito de las políticas públicas, es el incumbente principal, es el presidente. De modo que los demás integrantes de los órganos colegiados pueden estar tranquilos. Nada le pasará porque son una especie de zánganos en una colmena que constantemente son devorados por el Rey, sí no obedecen.
En su apoyo van los razonamientos liberales de que cada quien es individualmente responsable de sus errores y, siempre, se atribuye estos como el éxito, a la cabeza. Sin embargo, la realidad es que no nos encontramos bajos los dictados del Estado liberal, si bien nuestra cultura no muestra cambios significativos, la realidad es que nos encontramos bajo otros paradigmas que impiden tales justificaciones.
De modo que los órganos colegiados debieran empezar a salir de su letargo ancestral para encontrarse con la realidad de que son cómplices por acción o por omisión, prácticamente todas las leyes que nos rigen contemplan este tipo de responsabilidades. Obvio, si en el Poder Judicial la comprensión de esta apreciación se hace de difícil comprensión es natural que la sociedad debe reaccionar ante ello.
Desde un banco comercial hasta una cooperativa, pasando por los partidos políticos, las iglesias, la administración de un condominio, un club cultural, una academia, etc., por doquier encontramos que la democracia es de difícil práctica. Es una utopía insalvable.
Sin embargo, repetimos, la clave está en el cambio cultural que representa la sociedad de la información, de más en más, esta impondrá su modelo de consenso horizontal como viene ocurriendo en las redes sociales, las cuales no es solo que están en crecimiento sino que apelan, casi por su propia naturaleza, como rompe barreras contra el autoritarismo. La pandemia del coronavirus y cualquiera otra que viniere, tendrá que hacer frente a esta realidad. El político que no es condenado en la justicia lo es ante el poder de las redes.
Incluso, el pasado proceso electoral, demostró que todo el poder estatal es insuficiente para borrar la percepción que sobre un gobierno se hagan las redes. Esto es ya tendencia y los órganos colegiados deberían empezar a tomar notas, pues serán los próximos en reprobar porque nadie podrá creer que quince jueces son menor que uno, que el gabinete completo del gobierno es menor que el primer mandatario o, que un consejo en un ministerio o en una dirección nacional, es inferior a su directivo principal visto de manera individual. Este razonamiento ya no resiste a la ratio de la sociedad actual ni a la futura.
Los días en que José Fouché hacía cálculos matemáticos en tiempo récor para determinar quién se alzaría con el poder y ponerse inmediatamente a su servicio, han pasado. De más en más, se impone una visión horizontal del poder que apunta no hacia la responsabilidad individual sino hacia la responsabilidad corporativa. DLH-13-01-2021
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